Rosario: la lucha del único querellante por la explosión que dejó 22 muertos

ROSARIO.- Adrián Gianángelo se lastimó las manos cuando revolvía los escombros mientras buscaba a su hermana Débora, que había quedado sepultada luego del derrumbe que produjo el 6 de agosto de 2013 una explosión por una pérdida de gas en pleno centro de esta ciudad. Allí murieron 22 personas, entre ellas, Débora, de 20 años, que vivía con su hermano y al igual que él estudiaba Derecho.

Adrián y su familia son los únicos querellantes que quedaron en pie en el extenso proceso judicial que duró más de cinco años y medio hasta llegar a juicio. Fue un camino cargado de presiones y dolor. Hace poco más de un mes los Gianángelo se quedaron sin abogado y les costó mucho esfuerzo conseguir un reemplazante porque nadie quería enfrentar este juicio.

El resto de las familias acordaron una indemnización a cambio de levantar sus reclamos penales, pero los Gianángelo prefirieron seguir hasta el final y llevar al banquillo a 11 imputados, entre los que se encuentran los gasistas, inspectores, administradores y gerentes técnicos de Litoral Gas.

Hoy comienza el juicio, cuya acusación es por estrago culposo agravado. "Nadie me va a devolver a mi hermana, pero voy a seguir hasta el fondo para que se haga justicia. Ella y yo estudiamos abogacía porque creíamos en la Justicia", afirma Adrián Gianángelo, en diálogo con LA NACION.

El joven de 36 años, a quien le faltan tres materias para recibirse de abogado, no para de emocionarse cuando recuerda aquel día en el que volvió a su departamento y vio que todo se había transformado en una enorme montaña de escombros. Y que, debajo de ellos, estaba su hermana, que se había quedado en su casa porque debía esperar al gasista y al inspector para que observaran que su departamento estaba en condiciones.

"Ella se quedó aquella mañana y yo me fui a Tribunales a presentar unos trámites de jubilaciones del estudio en el que ambos trabajábamos. Mi hermana había quedado con dos amigas para estudiar. A las 9, media hora antes de la explosión, ella llamó a Cecilia, su compañera, y le dijo que no viniera porque debía esperar al gasista. Le salvó la vida, como a mí", recuerda Gianángelo.

Esa mañana, después de la explosión, a causa de una pérdida de gas por el cambio del regulador, junto con su familia, Adrián empezó a recorrer las morgues en busca de Débora. Como no aparecía, él se puso a escarbar en los escombros de esa montaña enorme que se formó tras el colapso de los edificios.

No durmió hasta encontrarla. Al tercer día de la búsqueda con los bomberos y gendarmes, el cuerpo de su hermana apareció. Débora había muerto por asfixia. Estaba debajo de la cama del departamento, cuyo edificio había colapsado por completo. "Nunca me voy a poder olvidar esa imagen. Cuando les avisamos a mis padres que mi hermana había aparecido muerta, ellos se arrancaron los rosarios", rememora.

"Un poco de paz"

La familia, oriunda de Arteaga, una localidad ubicada a 130 kilómetros de Rosario, no tenía dinero para trasladar el cuerpo al pueblo donde se sepultaría. Una mujer que estaba en el bar Rock and Feller, a una cuadra de la explosión, donde le habían dado cobijo a la familia, le dio el dinero para el traslado. "Enterramos a mi hermana y volví a seguir buscando a los otros vecinos. Era gente que quería mucho", señala el joven.

"Luego de la tragedia estuve dos años sin ver televisión, porque no podía mirar nada de lo que había pasado. Lo único que me tranquiliza es que no sueño con los muertos", sostiene. Y agrega: "Estoy seguro de que mucha gente no puede dormir".

"A mi hermana no me le va a devolver nadie. Pero con el juicio quiero un poco de paz que aplaque el dolor. Sé que esto no termina acá, sino que la búsqueda de justicia recién comienza", plantea Gianángelo.

La tragedia lo llevó a una cruzada por la causa de su hermana y del resto de las víctimas. Su familia es la única que quedó como querellante en el juicio que estará presidido por los magistrados Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Carlos Leiva.

Durante dos meses 130 testigos desfilarán por un proceso que carga con una fuerte presión social, a pesar de que a excepción de los Gianángelo el resto de los familiares desistió de continuar con la querella.

"El acuerdo económico representaba que la aseguradora absuelva de culpa a los que mataron a mi hermana y desistir de la acción penal. La verdad es que pensamos que esto no puede quedar en el olvido, no puede quedar como un caso más de impunidad", explica.

En marzo de 2018 había otra familia junto a los Gianángelo que permanecía como querellante, pero desistió de seguir con el caso. Marcela Nissoria explicó en ese momento al diario La Capital la razón: "La causa fundamental por la cual tuvimos que bajarnos de la querella es porque el sistema judicial no garantiza que no vayamos a perder lo que tenemos. Encima de que perdimos lo irrecuperable, que son nuestros seres queridos, nos enfrentamos a la posibilidad de que nos hagan una acción civil y respondamos con nuestro patrimonio".

Los familiares de las 22 víctimas, que integran la Asociación Salta 2141 pidieron estar presentes en la sala de audiencias durante todas las jornadas del juicio oral, aunque no son querellantes.

"Cada uno de los imputados y la empresa colaboraron por negligencia e impericia a que se produzca esta tragedia, un estrago culposo que les provocó la muerte a 22 personas. Cada uno aportó algo para que esto suceda, desde los gasistas y los inspectores hasta la gerencia técnica de la empresa. Y esto se podría haber evitado", considera el querellante. Este delito implica una pena de un mes a cinco años de prisión.

"No solo pasamos por el dolor de la pérdida del ser querido, sino de ver durante estos años a los 11 imputados en libertad. Lo que pretendemos en este juicio es la aplicación de una pena máxima de prisión efectiva", agregó.

La teoría de la fiscalía, a cargo de Graciela Argüelles, es que la explosión fue la consecuencia de una serie de negligencias en la que participaron los gasistas que trabajaban en el edificio durante la mañana del siniestro, los administradores del consorcio y personal de la empresa Litoral Gas.