“Todos dejan su huella digital”: la Justicia analiza cobrarle a los padres los gastos de los operativos por amenazas escolares

MAR DEL PLATA.- Apenas varía la fecha. Algún caso sobre papel pegado en una pared, en otros con escrituras a fibrón sobre una puerta o algún azulejo. Casi todas en sector de sanitarios y el lugar común de todos los mensajes es una misma palabra: “Tiroteo”.

La preocupación que llegó con estas amenazas de violencia escolar en establecimientos educativo de esta ciudad comenzó a mitad de semana, con la primera advertencia que llegó desde un instituto privado de la zona norte. Pronto aparecieron más. Hasta la noche del jueves eran siete los notificados a la justicia. Después de mediodía de este viernes, según fuentes de la investigación, los avisos sumaban 30 escuelas de gestión pública o privada.

No todos estos casos fueron formalizados en sede judicial. Algunos solo llegaron a las autoridades en modo de mensajes, a veces por directivos de escuelas y en otros por padres de alumnos, preocupados e incluso alarmado por la situación.

Lo que sí quedó claro en estas últimas horas, en particular con el accionar de la Justicia, es que se darán los pasos necesarios para que los padres de los alumnos responsables deban hacerse cargo de los costos adicionales que demanden los operativos que se están poniendo en práctica a partir de estas amenazas.

Esta ola creciente sobre el cierre de la semana llegó cuando ya se conocía el supuesto autor de aquel primer caso detectado. Desde la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en turno se lo identificó y notificó del delito de intimidación pública. El apuntado tiene 17 años y es inimputable.

El fiscal Walter Martínez Soto, a cargo de la causa en este tramo inicial, confirmó a LA NACION que hubo colaboración de las autoridades del establecimiento donde se detectó aquel primer hecho y compromiso de avanzar con acciones de concientización en su comunidad educativa, previstas a partir de este mismo viernes.

A la par, con el listado de los establecimientos afectados, se implementaba un esquema de presencias policiales próximas a las sedes de esas instituciones.

Las denuncias por este tipo de hechos se triplicaron en menos de 24 horas. Fuentes judiciales aseguraron a LA NACION que lo que se había percibido con foco en instituciones privadas tuvo una pausa y la continuidad se dio en escuelas del sistema público.

Las imágenes que circularon en redes sociales y que corresponderían a algunos de los mensajes que aparecieron en escuelas de esta ciudad, todas de nivel secundario, referían a supuestas convocatorias a “tiroteo” el jueves 16, en otros el viernes 17 y algunos fijan la fecha en el próximo 22.

Este panorama vuelve el escenario mucho más sensible a partir de lo ocurrido semanas atrás en Santa Fe, donde un alumno ingresó en una escuela en la ciudad de San Cristóbal con un fusil y disparó contra sus compañeros. Mató a uno e hirió de bala a otros dos.

Este viernes también se sumaron, como novedad en la metodología, amenazas de bomba. Ocurrió, por ejemplo, en la Escuela de Educación Técnica N°2, que funciona a 300 metros del palacio comunal, en pleno centro de la ciudad. Derivó en el desalojo de las instalaciones hasta que personal del Departamento de Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires completó el relevamiento del edificio y constató que no había elementos sospechosos.

“Estamos analizando dar curso a la Fiscalía de Estado provincial con relación a esta gestión extra de gastos que tiene que hacer la policía, con miras a que sean pagados por los padres de los alumnos responsables de estos hechos”, confirmó Martínez Soto a LA NACION. La normativa vigente (el artículo 1.754 del Código Civil) habilita a reclamar a los padres para que respondan patrimonialmente por los daños o costos que deriven del mal accionar de sus hijos.

Desde la Justicia confirmaron que los casos detectados se encuadran dentro del delito de intimidación pública, con penas previstas de hasta seis años de prisión. En este caso los sospechosos son menores de edad y aun no rige la baja de edad de imputabilidad aprobada meses atrás.

Protocolos propios

“Se activarán los protocolos internos correspondientes, priorizando el cuidado de los estudiantes, la intervención oportuna de los equipos institucionales y un abordaje educativo centrado en la reflexión, la construcción de la paz y el uso responsable de las redes sociales”, expresaron desde la Junta Regional de Educación Católica (Jurec), que reúne a las escuelas de gestión privada y con formación religiosa.

En un documento que hicieron circular tras estos primeros casos de amenazas reclamaron también “supervisión adulta de las redes sociales que utilizan sus hijos, así como de los contenidos que consumen y producen, prestar atención a posibles señales de alerta”.

Desde la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil también se confirmó una adecuación de medidas para facilitar la recepción de denuncias y atención especial de estos casos. También se acordó allí el refuerzo policial cerca de los establecimientos. “Es cuestión de tiempo dar con los autores, todos dejan su huella digital”, advirtió Martínez Soto para advertir que no se trata de una travesura de adolescentes sino de un delito que puede tener costos importantes en lo personal para quienes lo comente, aun siendo menores de edad.

Por Darío Palavecino

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