“Trabajo 17 horas y vivo con migraña”. Historias de los trabajadores de la salud que pararán el viernes
En medio del reclamo salarial, los testimonios se repiten entre alrededor de 270.000 empleados (no médicos) de prepagas y obras sociales; según los registros oficiales, los sueldos se incrementaron en $11.000 desde que comenzó la pandemia
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“Nunca hemos trabajado tanto y cobrado tan poco”. Así sintetizan los trabajadores de la salud el impacto que dejó en sus vidas un año de pandemia. Lo sabe bien Roxana Alegre, de 31 años, enfermera que trabajan en el Sanatorio Güemes y hace hisopados en La Rural. “Este año fue demoledor. Vivo con migraña permanente. Trabajo el turno de la noche, me quedo a cubrir el de la mañana y después me voy a hisopar. Hago 70 hisopados diarios. En esta pandemia de coronavirus dejamos el cuerpo y el alma. Hay días en que me duele tanto el cuerpo que solo pienso en dormir. Y lo hacemos por vocación. Pero es muy angustiante, cuando llegan las cuentas tengo que elegir qué pagar. Porque nos pagan en partes y nunca sabemos cuándo”, dice con angustia. No es la única. La historia se repite en muchos otros relatos.
Este viernes, los trabajadores de la salud del sector privado, liderados por el gremio de la Sanidad, que dirige Héctor Daer, realizarán un paro de actividades. Por tres horas, no atenderán pacientes, ni turnos programados ni cirugías. No harán hisopados ni estudios de laboratorio. Si no obtienen respuestas, una mejora salarial promedio del 15% desde abril y una nueva paritaria en dos meses, harán el martes próximo un paro total de actividades por 24 horas.
Son 270.000 empleados (no médicos) que trabajan en centros privados, clínicas, laboratorios, hospitales de las colectividades, entre otros y que, al igual que los profesionales, el funcionamiento del sistema de salud. Abarca, por ejemplo, a enfermeros, bioquímicos, nutricionistas, farmacéuticos, kinesiólogos, obstétricas, personal técnico de hemoterapia, fisioterapia, anatomía Patológica y laboratorio, asistentes geriátricos, personal de lavadero, mucamas, personal de mantenimiento y de cocina, entre otros. Reclaman una mejora salarial promedio del 15% desde abril, pero las prepagas dicen que no pueden aumentarles si el Gobierno no autoriza el aumento de las cuotas. Tampoco avanzan las negociaciones con el PAMI y las obras sociales sindicales y provinciales, que representan el 80% de las prestaciones.
“El paro será total. Sólo se atenderán urgencias. El personal está cansado y no reconocido. Llegar a esto es inaudito. Nadie puede mensurar el dolor que nos genera a todos los trabajadores de la salud esta situación”, dice Héctor Daer a LA NACION, el hombre detrás de la convocatoria. “Al principio de la pandemia, fueron aplausos, pero después siguió una enorme pedida de nuestra calidad de vida y eso es invisible. Ponemos la vida, la vocación la profesión, todo. Pero, en el momento que tenemos que recibir, es nada”, asegura Daer.
El lunes último, la negociación llegó al Ministerio de Trabajo. En la mesa se sentaron las partes: por un lado, la a Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina y por el otro los representantes de las empresas que manejan los centros de salud y de las obras sociales que contratan sus prestaciones. “Nosotros pedimos un aumento desde abril, según la categoría, de entre el 14% y el 16%. Lo que nos ofrecieron fue cero. Es una vergüenza. Por eso, decidimos parar. Primero el viernes, por tres horas y después, el martes todo el día. Vamos a seguir en plan de lucha. Esto no es un aumento de sueldo. En un pedido de recomposición salarial por la inflación. Y en breve tenemos que empezar a discutir la paritaria de 2021. La situación es insostenible”, dice Daer.
“El reclamo es completamente auténtico. Lo reconocemos. Pero, para nosotros es imposible aumentar o recomponer sueldos sin el Gobierno no son autoriza a subir las cuotas a los afiliados. Nosotros proponemos un sistema automático: les subiremos a los empleados el mismo porcentaje del aumento de la cuota. Pero nos dicen que no. En un contexto de inflación, congelar las cuotas en igual a reducir el presupuesto. Hoy el sistema está estresado y no hay salidas fáciles. Porque sabemos que si subimos las cuotas, hay gente que se cae del sistema”, dice Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina (Cempra).
“Las prepagas son un segmento mínimo de este conflicto. El PAMI tuvo aumento presupuestario y a las prestadoras no lo decantó. No pagan prestaciones con aumento, entonces todas las clínicas independientes, al no actualizar sus aranceles, califican para cobrar el ATP. El conflicto lo termina pagando en Estado”, dice Daer. LA NACION consultó a las autoridades de PAMI pero no se pronunciaron sobre el conflicto ni sobre la medida de fuerza.
“El sistema de salud no colapsó por obra exclusiva de los trabajadores del sector. No somos responsables en nada de esta situación. Desde el comienzo de la pandemia, los planteles de trabajo disminuyeron el 20%, por los dispensados. Los trabajadores de sanidad, sobrevivieron este año con una enorme recarga de trabajo. Muchos permanecieron aislados de sus familias, otros, tuvieron que adoptar dobles turnos para cubrir la falta de personal Y eso, sumado a que todos los días llegaban al trabajo y se enteraban de que alguien había fallecido. La carga fue terrible”, dice Daer.
“Es la primera línea de lucha contra en COVID la que entra en huelga. El servicio de salud privado representa el 70% de las camas de atención para esta enfermedad. Significa que el sector privado atajó el 70% de la pandemia. Y hay mucho malestar. Mucho cansancio y poca valoración. Al no haber podido vacunar a todo el personal, hay mucho enojo. Pensamos que uno de cada cuatro enfermos de COVID es personal de salud”, apunta Lilloy.
El rostro del conflicto
“La verdad es que este que fue un año muy duro. Nuestra vida cambió totalmente. Ya no tengo vida social ni amigos. Hago guardias dobles y tuve que tomar otro trabajo. Amo lo que hago. Si alguien está enfermo, yo quiero ayudar. Pero no podemos más. Y vemos que la gente no se cuida y eso significa que nuestro trabajo no afloja”, cuenta Roxana Alegre, la enfermera del Güemes. Ella trabaja en neonatología y creyó que allí no iban a llegar los casos, pero se equivocó. “Tener que decirle a los padres que no pueden ver a su hijo recién nacido hasta pasar por el hisopados o prestarle mi celular a una madre para que pudiera hacer una videollamada con su bebé que estaba aislado es muy fuerte. Y es todos los días. Siento tanto estrés, que el dolor de cabeza ya es permanente. No pienso en salir a comer, ni en ver a amigos. Lo único que quiero es volver a mi casa y dormir hasta mi próximo turno”, cuenta.
Nunca se le cruzó por la cabeza abandonar la enfermería. “Es mi vocación. Pero tal vez si estoy pensando en irme del país. Buscar otro lugar donde mi tarea, que es fundamental, esencial, clave, como nos dicen, esté reconocida. Hoy, nuestros sueldos son como los de los empleados administrativos y yo estudie siete años, la carrera más la especialización. Pero no nos valoran”, dice Roxana, con tristeza.
Los salarios de los trabajadores de la sanidad tuvieron un aumento de $4000 a mitad de año y de $7000 a fin de 2020, según lo que se publica en la página de FATSA, a cuenta de la paritaria. Hoy, un enfermero de piso cobra unos $49.000, un camillero, una mucama de piso, o un cocinero, $42.000, y un kinesiólogo o un nutricionista, $59.000.
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