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Tras el paro y en medio del conflicto salarial, los gremios universitarios definen nuevas medidas
Pese a que cada gremio avanza por su cuenta en el diseño de las próximas medidas de fuerza, la mayoría planea volver a parar el próximo martes 31 de marzo
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LA NACIONLucila Marin
Después de la semana de paro que marcó el inicio del cuatrimestre, los gremios universitarios comenzaron a delinear nuevas medidas de fuerza. Aunque cada organización avanza con estrategias propias, la mayoría adelanta que planea volver a parar el próximo martes 31 de marzo.
Mañana, de todos modos, se realizará el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en La Pampa, donde además de elegir las nuevas autoridades, se buscará coordinar una estrategia común frente al conflicto y definir cómo avanzar en las próximas semanas. Tras el encuentro, los rectores prevén emitir un mensaje conjunto.
Participarán también representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) —aunque no integra formalmente el organismo—, la organización estudiantil Federación Universitaria Argentina (FUA) y los distintos gremios docentes.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) fue la primera en definir un plan de lucha más amplio: convocó a una semana completa de paro entre el 30 de marzo y el 3 de abril y otra desde el 27 de abril hasta el 1 de mayo. Además, evalúa la posibilidad de realizar una marcha el 23 de abril, aunque consideran que antes de esa fecha podría haber novedades en torno al debate legislativo por el financiamiento universitario.
En paralelo, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) decidió adherir al paro del 31 y sumar una jornada de protesta el día siguiente, el 1 de abril.
Otros gremios aún no definieron una hoja de ruta definitiva. La Unión de Docentes Argentinos (UDA) analiza distintas alternativas, entre estas, la posibilidad de convocar a una movilización. Mientras, desde la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba) plantean la necesidad de explorar nuevas formas de visibilización del conflicto. “Es tiempo de mostrar el conflicto desde otro lado”, señalan. Evalúan realizar concentraciones o movilizaciones en lugar de nuevas medidas de paro.
Por su parte, el sector no docente nucleado en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió un esquema escalonado de protestas con un día de paro por semana en las siguientes fechas: 31 de marzo y los días 8, 17 y 23 de abril.
Salarios y financiamiento
El principal reclamo de los gremios es la situación salarial. Los docentes universitarios acumularon en los últimos dos años una pérdida cercana al 40%.
Los gremios suelen ejemplificar con los cargos medios que representan el promedio del sistema. En marzo, según la grilla publicada por Aduba, un jefe de trabajos prácticos percibió un salario básico de $260.580 con dedicación simple, $521.166 con semiexclusiva y $1.042.333 con dedicación exclusiva. En tanto, un profesor adjunto cobró $303.420 brutos con dedicación simple, $606.847 con semiexclusiva y $1.213.705 con dedicación plena.
En este contexto, reclaman la reapertura de paritarias y cuestionan la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue insistida tras el veto presidencial y que se encuentra judicializada.
Tras fracasar en su intento por derogar la ley aprobada por el Congreso el año pasado —fue ratificada por ambas cámaras parlamentarias tras el veto presidencial—, el Gobierno optó por presentar un nuevo proyecto que modifica el esquema vigente.
La legislación actual obliga al Poder Ejecutivo a recomponer la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 como consecuencia de la inflación. En cambio, la iniciativa oficial ahora presentada solo contempla una actualización correspondiente a 2025 y no incluye lo perdido durante 2024.
Propone una recomposición en tres tramos del 4,1% a pagarse en marzo, julio y septiembre sobre los salarios vigentes a fines de 2025. Establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses, aunque, a diferencia de lo que marca la ley vigente, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.
También introduce cambios respecto a la normativa actual en los gastos de funcionamiento de las universidades. Mientras que la ley vigente contempla la recomposición de distintos programas presupuestarios, entre ellos el de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica, el nuevo proyecto no incluye actualizaciones para 2024 ni 2025 y condiciona los ajustes de este año a que la inflación supere el 14,5%, que es la reconocida en el presupuesto oficial. Solo en ese caso el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.
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