Un abogado penalista explicó en detalle la situación legal de la argentina acusada de racismo: “No está absuelta”
Gastón Francone analizó en LN+ el giro en el proceso judicial y dio detalles del acuerdo entre las partes; advirtió que la acusación sigue vigente, aunque con una pena más ajustada
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El avance del juicio contra Agostina Páez, la argentina acusada de racismo en Brasil, generó interpretaciones cruzadas sobre su situación legal. En ese contexto, el abogado penalista Gastón Francone aclaró que el cambio en la calificación del delito no implica una absolución, sino una reconfiguración del caso.
Según explicó en LN+, la modificación responde a una estrategia acordada entre la defensa y la fiscalía, con la validación del juez, que apunta a ajustar la pena a la conducta investigada.
Un acuerdo técnico clave en el proceso
Francone señaló que lo ocurrido responde a “una calificación de pena”, es decir, un mecanismo técnico dentro del proceso penal.
“Se pacta entre la defensa y la fiscalía con anuencia del juez un cambio de calificación”, detalló, al explicar que este tipo de acuerdos permiten redefinir el encuadre legal del hecho sin anular la acusación.
En ese sentido, subrayó que el cambio de estrategia fue “medular para la resolución del tema”, ya que permitió encaminar el expediente hacia una salida menos gravosa.
“No está absuelta”
Uno de los puntos centrales que remarcó el especialista fue que la imputada no fue exonerada de responsabilidad. “No está absuelta, es un acuerdo con bajar la calificación legal, acomodar el hecho y tener una pena proporcional a la acción cometida”, afirmó.
De esta manera, aclaró que el proceso continúa vigente, aunque bajo una figura legal distinta y con una expectativa de sanción más baja.
Una pena ahora considerada proporcional
El abogado también cuestionó la pena inicial que se contemplaba en el caso, que podía alcanzar hasta 15 años de prisión. “La expectativa de 15 era una locura, insostenible”, sostuvo, y consideró que la nueva configuración del caso permite una respuesta judicial más equilibrada.
En esa línea, concluyó que “hoy no está desproporcionada”, en referencia a la posible sanción que podría derivarse tras el acuerdo entre las partes. Durante la audiencia, la fiscalía solicitó que Páez indemnice con US$50.000 a cada una de las tres personas afectadas por los hechos. Es decir, la cifra total asciende a US$150.000.
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