Un rincón de Arkansas se convierte en foco de redadas migratorias en EE. UU., según revisión de la AP
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LA NACION
ROGERS, Arkansas, EE.UU. (AP) — Ya estaba separada de su esposo, el sostén de la familia y padre de sus dos hijos menores, y había perdido la casa que compartían en Arkansas.
Luego, Cristina Osornio se vio atrapada en la rápida expansión de la campaña de enérgicas medidas migratorias del país, apenas unos meses después de que su marido fuera deportado a México.
Tras una parada de tráfico en el condado Benton, en el extremo noroeste del estado, fue encarcelada durante varios días bajo una retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), según muestran los registros, a pesar de que es residente legal permanente en Estados Unidos y madre de seis hijos.
Conocido principalmente por ser el hogar de la sede de Walmart, el condado y la región más amplia han surgido como un punto crítico poco conocido en la represión del gobierno del presidente Donald Trump, según una revisión de LA NACION de los datos de arrestos del ICE, registros de la cárcel, reportes policiales y entrevistas con residentes, abogados de inmigración y activistas.
El condado ofrece una ventana a lo que podría deparar el futuro en lugares donde las autoridades policiales municipales y estatales cooperan ampliamente con el ICE, ya que el Departamento de Seguridad Nacional brinda incentivos financieros a cambio de ayuda para realizar arrestos.
La asociación en Arkansas ha llevado a la detención y deportación de algunos criminales violentos, pero también ha convertido repetidamente arrestos por delitos menores en los primeros pasos hacia deportaciones, según muestran los registros. Los arrestos han separado familias, provocado protestas y sembrado el miedo en la comunidad inmigrante, incluyendo personas nacidas en México, El Salvador, Guatemala, Honduras y las Islas Marshall.
“Nadie está a salvo en este momento porque te están abordando por el color de tu piel”, dijo Osornio, de 35 años, quien nació en México pero ha vivido en Estados Unidos desde que tenía tres meses de edad.
Su odisea comenzó en septiembre, cuando un agente en la ciudad de Rogers la citó por conducir un vehículo sin seguro automotriz y con una licencia suspendida, según muestra un video de la cámara corporal policial. Fue detenida por una orden de arresto emitida en su contra por no presentarse a una audiencia en un caso de delito menor y fue llevada a la cárcel del condado Benton, donde se le impuso una retención del ICE.
Después de cuatro días tras las rejas, dijo que fue liberada sin explicación. Lo llamó una experiencia “muy aterradora” que exacerbó sus problemas de salud.
Más de 450 personas fueron arrestadas por el ICE en la cárcel del condado Benton desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre, según datos de arrestos de ICE del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley analizados por LA NACION. Eso es más de 1,5 arrestos por día en el condado de aproximadamente 300.000 habitantes.
La mayoría de los arrestos se realizó a través del llamado acuerdo 287(g) del condado, pacto que adopta el nombre de una sección de la ley de inmigración, que permite a los agentes interrogar sobre su estatus migratorio a personas que se encuentren en la cárcel. De hecho, el programa del condado representó más del 4% de los aproximadamente 7.000 arrestos a nivel nacional que se atribuyeron a programas similares durante los primeros nueve meses y medio de este año, de acuerdo con los datos.
Bajo el programa, los agentes alertan al ICE sobre los reclusos sospechosos de estar en el país sin autorización legal, quienes por lo general son retenidos sin fianza y finalmente entregados a los agentes del ICE. Después de un par de días, los arrestados a menudo son trasladados al Centro de Detención del Condado Washington, en el vecino Fayetteville, que ha albergado durante mucho tiempo a detenidos para el ICE, antes de ser llevados a centros de detención en Luisiana y potencialmente deportados.
El ICE tiene ahora más de 1.180 acuerdos de cooperación con agencias policiales estatales y municipales, frente a 135 al inicio del nuevo gobierno federal, y ha ofrecido pagos federales para cubrir los costos de capacitación, equipo y salarios en algunas circunstancias. Los arrestos bajo los programas han aumentado en los últimos meses a medida que más agencias comienzan, según muestran los datos de ICE.
El incremento ha sido particularmente evidente en estados gobernados por republicanos como Florida, donde nuevas leyes fomentan o requieren tal cooperación. A principios de este año, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, firmó una ley que exige que todos los jefes policiales de condado cooperen con el ICE a través de un programa 287(g) en la cárcel o un programa en el que cumplan órdenes del ICE para agilizar las detenciones y deportaciones.
La asociación del condado Benton con el ICE ha sido intermitente desde su inicio hace casi 20 años.
Los datos del ICE muestran que los arrestos se han incrementado este año en el condado, un bastión de Trump en un estado fuertemente republicano que tiene una gran población nacida en el extranjero en comparación con otras partes de Arkansas.
Aproximadamente la mitad de los arrestados por agentes del ICE a través del programa han sido condenados por delitos, y la otra mitad tiene cargos pendientes, según los datos. Pero la gravedad de los cargos varía ampliamente.
Los registros de la cárcel muestran que entre quienes han enfrentado retenciones recientes del ICE hay personas acusadas de falsificación, agresión sexual, narcotráfico, robo e intoxicación pública. Los delitos relacionados con violencia doméstica y conducción vehicular insegura se encuentran entre los más comunes.
Los observadores locales señalan que han detectado un alza del número de personas que enfrentan la detención del ICE después de paradas de tráfico que involucran violaciones como conducir sin licencia.
“Simplemente se siente más agresivo. Estamos viendo a personas detenidas con más frecuencia por cargos extremadamente menores”, dijo Nathan Bogart, un abogado de inmigración. “Ahora los han dejado sueltos”.
Los funcionarios del condado no estaban dispuestos a hablar sobre su asociación con el ICE. El juez del condado, Barry Moehring, el presidente de la junta del condado que supervisa la seguridad pública, remitió las preguntas a la policía del condado.
El jefe policial Shawn Holloway, quien ha defendido el programa desde su elección en 2015, no respondió a varias solicitudes de entrevista. El portavoz de la oficina del jefe policial remitió las preguntas al ICE.
El video de la cámara corporal muestra que el policía Myles Tucker detuvo a Osornio el 15 de septiembre en un tranquilo vecindario de Rogers cuando ella conducía a un banco para obtener cambio para su trabajo en la cadena minorista Five Below.
Tucker dijo que detuvo a Osornio porque una verificación del número de su matrícula indicó que su seguro de auto no estaba confirmado, y pensó que hizo un giro sospechoso luego de ver a la policía.
Tras emitirle multas por falta de seguro vehicular y conducir con una licencia suspendida, el agente se enteró de que la mujer tenía una orden de arresto por no presentarse a un caso de violencia doméstica menor. Ese caso se originó en un incidente de 2023 en que discutió y peleó con su esposo.
Osornio negó que hubiera perdido una audiencia judicial. Le dijo al agente que su esposo había sido deportado y por ello necesitó ajustar el plan de cuidado de sus hijos.
Durante el trayecto a la cárcel, Tucker puso música cristiana animada en su vehículo patrulla.
Bajó la música para preguntarle a Osornio dónde había nacido, diciendo que la información sería requerida en la cárcel.
“Hago la pregunta porque tengo que ponerla en el formulario, no porque esté tratando de meterla en problemas”, aseveró.
Osornio se dijo desconcertada de que se le haya aplicado una retención del ICE. Ofreció mostrar sus documentos de residencia y Seguro Social, pero el personal de la cárcel le indicó que se reuniría con un agente de inmigración en unos días. Dijo que eso nunca sucedió y que en su lugar le dijeron que la retención fue “levantada”.
Ni un portavoz de la cárcel ni el ICE respondieron a las preguntas que se les plantearon sobre el asunto.
El cabo Don Lisi, portavoz del Departamento de Policía de Rogers, dijo que su agencia “no tiene nada que ver con” la asociación del condado con el ICE.
Pero los registros de la cárcel muestran que docenas de los arrestos recientes del Departamento se han convertido en detenciones del ICE una vez que los sospechosos son ingresados. Los defensores de los inmigrantes alegan que este Departamento de Policía y otros cercanos de basan en perfiles raciales en las paradas de tráfico.
En entrevistas, los residentes no blancos dijeron que tenían miedo de conducir en el noroeste de Arkansas, sin importar su estatus migratorio. Algunos señalaron que sólo salen de casa para ir al trabajo, piden que les entreguen víveres y comida a domicilio en lugar de salir a comer, y evitan otras actividades.
“Esto es una especie de cárcel, se podría decir”, dijo Ernesto, de 73 años, un conserje escolar nacido en Venezuela, desde su apartamento lleno de decoraciones navideñas. Habló con la condición de que sólo se usara su primer nombre para evitar represalias.
A una de las hijas adultas de Ernesto le quitaron recientemente su estatus de asilo, y su estatus legal temporal también expiró recientemente. Recientemente fue testigo de cómo las autoridades “se llevaban a personas” de una parada de tráfico.
“No deberían detener a nadie sólo por ser latino o extranjero”, declaró. “Espero que todo esto termine pronto, que el estado de Arkansas vea quiénes son los inmigrantes que están haciendo el bien aquí”.
Lilia Pacheco, una abogada que radica en Rogers, dijo que comenzó a ejercer la abogacía en el área durante el primer gobierno de Trump, y “es de día y de noche en comparación con su primera administración en cuanto a la aplicación”.
Resaltó que las autoridades del condado Benton han llevado su cooperación con el ICE a nuevos niveles, intensificando las paradas de tráfico, ayudando con los arrestos y dando la bienvenida a agentes encubiertos.
“Estamos viendo ese cambio aquí, y creo que eso ha dado lugar a los arrestos y operaciones en el área”, dijo. “Parece que su relación es mucho más cercana de lo que anticipamos que sería”.
Pacheco añadió que su esposo fue detenido recientemente en Rogers cuando llevaba a su hija a la escuela, conduciendo dentro del límite de velocidad y no podía entender por qué. El agente le pidió su licencia de conducir y lo dejó ir sin una multa, sostuvo.
La familia ha instalado desde entonces una videocámara de tablero en su automóvil para poder grabar cualquier interacción futura con la policía luego de la decisión de la Corte Suprema que permitió al ICE a apoyarse en perfiles raciales, dijo.
Pacheco detalló que muchas personas que viven en el área son del estado de Guanajuato en México, y temen la deportación debido al aumento de la violencia vinculada a los cárteles de drogas. Aquellos de El Salvador temen la detención prolongada en su país, que ha retenido a personas inocentes en una campaña de represión contra las pandillas, dijo.
Osornio dijo que ha estado con su esposo, Edwin Sánchez Mendoza, durante ocho años. Se juntaron un par de años después que él cruzara la frontera sin autorización legal desde México cuando era adolescente.
Tienen dos hijos juntos, un niño de cinco años y una niña de tres. Explicó que su esposo trabajaba en la construcción, y su salario pagaba el alquiler y las facturas en la casa que compartían en Bentonville.
Los registros judiciales muestran que Sánchez Mendoza fue arrestado por cargos menores en septiembre de 2024 tras ser acusado de golpear a uno de sus hijastros adolescentes.
Sánchez Mendoza le dijo a la policía que estaba sujetando al hijastro en defensa propia y creía que el adolescente llamó a la policía para asustarlo, ya que no estaba en el país de manera legal. Un agente de Bentonville escribió en un reporte que la oficina del jefe policial debería verificar “la legalidad del estatus de nacionalidad de Edwin”.
Sánchez Mendoza fue puesto bajo retención del ICE en la cárcel del condado Benton. Los cargos fueron retirados una vez que el ICE lo transfirió a otro lugar en enero de 2025.
De acuerdo con Osornio, su esposo fue a dar a un centro de detención del ICE en Luisiana, donde lidió con condiciones insoportables. Aceptó ser deportado y fue trasladado en avión la primavera pasada a México, donde desde entonces se ha mudado de regreso a su ciudad natal rural y ayuda en la granja familiar.
Su ausencia ha sido devastadora financiera y emocionalmente, dijo Osornio. Cuando pasan por sitios de construcción, su hija pequeña dice: “Mira, mamá, papá está trabajando allí”, comentó.
La familia ya no podía pagar el alquiler de la casa. Osornio consiguió el trabajo en la tienda minorista, pero ha batallado para pagar el apartamento a donde se mudaron y sus facturas. Está recibiendo ayuda de una organización de defensa local y pidiendo asistencia en GoFundMe.
Sufre de presión arterial alta y reveló que sufrió un derrame cerebral días después de su liberación de la cárcel.
Osornio dijo que Sánchez Mendoza quiere que se mude a México, y ella y los niños lo visitaron en mayo. Pero está sufriendo por la decisión, ya que teme poner a sus hijos en peligro ante la violencia de los cárteles y que para ella Estados Unidos es su hogar.
Está esperando ansiosamente que llegue su nueva tarjeta de residencia permanente después de recibir una extensión temporal a principios de este año.
“Obviamente, allá están los cárteles. Pero aquí ahora el miedo es con inmigración. Ahora ni siquiera sabemos si estamos seguros aquí”, lamentó. “Desde que me pasó eso, no voy a ningún lado. No salgo de mi casa”.
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Foley reportó desde Iowa City, Iowa. El periodista de LA NACION Aaron Kessler en Washington y Andrew DeMillo en Little Rock, Arkansas, contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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