Venezuela. PEN Internacional denuncia persecución a escritores e intelectuales opositores a Maduro
Luego del procesamiento de críticos del gobierno, la institución advierte que la libertad de expresión está amenazada por instrumentos legales como la “ley del odio”
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LA NACIONDaniel Gigena
Tras la detención del escritor y poeta venezolano Rafael Rattia, PEN Internacional lanzó un llamado de alerta sobre la situación de escritores, periodistas e intelectuales en el país gobernado por Nicolás Maduro. Rattia, de 60 años, había publicado un artículo de opinión en el diario El Nacional, titulado “El maestro millonario”, referido al ministro de Educación Aristóbulo Istúriz, que falleció el 27 de abril a los 74 años. “Siendo ministro y gobernador sus propios allegados, molestos con su conducta non sanctas en materia de peculado doloso en provecho propio y concusión en materia de manejo irregular del patrimonio público, publicaron fotos en redes sociales de un lujoso yate anclado en costas caribeñas de Pequeña Venezia”, escribió Rattia en un obituario poco elogioso del exministro.
Horas después, funcionarios de seguridad del Estado venezolano allanaron la vivienda de Rattia y decomisaron una computadora, los celulares de él y de su esposa y cajas de libros, entre otros artículos. Posteriormente, fue detenido por la policía e imputado del delito de “instigación al odio”. La semana pasada un tribunal del estado de Monagas dictó la libertad condicional para el escritor.
La primera denuncia sobre la detención del poeta de 60 años fue hecha por la diputada María Hernández del Castillo. También la ONG Provea había exigido la liberación del intelectual, que se concedió ayer en carácter de condicional, con la prohibición de salir del país. Rattia es un historiador egresado de la Universidad de Los Andes, fue director y fundador del Archivo Histórico del Delta, director de la Biblioteca Pública Central Andrés Eloy Blanco y coordinador de Actividades Literarias del Ateneo Internacional de Fronteras Casa de las Aguas.
Su caso se asemeja al de la escritora Milagros Mata Gil, que fue detenida junto con su esposo, el poeta Juan Manuel Muñoz, en el estado de Anzoátegui, el 1° de abril. Ella, de 70 años, había publicado un texto irónico en Facebook sobre una fiesta clandestina realizada el 22 de marzo, a la que había asistido Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela. Aunque la pareja de escritores fue liberada bajo medidas cautelares de presentación cada treinta días ante tribunales, su abogado señaló que les habían confiscado “temporalmente” los celulares. Muñoz y Mata -que integra la Academia Venezolana de la Lengua- fueron procesados por “instigación al odio”.
Tanto Rattia, que estuvo detenido dos días, como Mata Gil y Muñoz fueron acusados por la llamada “ley del odio”, sancionada en Venezuela en 2017 y que promueve el castigo para quien “fomente, promueva o incite el odio”. Los críticos del gobierno de Maduro son víctimas recurrentes de esa legislación.
Hemos notado un patrón para intimidar a escritores y reporteros, pero no son los únicos; recibimos reportes de profesores universitarios e historiadores que también tienen miedo de alzar la voz.”
— Jennifer Clement, presidenta de PEN Internacional
En comunicación con LA NACION, la escritora estadounidense-mexicana Jennifer Clement, presidenta de PEN Internacional -que trabaja con otras organizaciones latinoamericanas e internacionales para mostrar los atropellos en contra de escritores y periodistas- indicó que desde 2013 se ha producido un “serio deterioro” de la libertad de expresión en Venezuela, que acompaña el del ejercicio de los derechos humanos. “La crisis social, política y económica y las legislaciones creadas para acallar a la disidencia están siendo aplicadas como un método para silenciar a todos aquellos que no estén de acuerdo con el gobierno o que lancen una crítica -adviritó Clement-. En un país democrático ningún escritor o periodista sería encarcelado por estos motivos. En PEN Internacional hemos notado un patrón para intimidar a escritores y reporteros: los ubican, allanan sus casas, roban sus pertenencias y, sobre todo, incautan sus herramientas de trabajo como computadoras y teléfonos; luego, los encarcelan unos días y los liberan, pero con medidas cautelares, es decir, muchos de ellos deben presentarse cada determinado tiempo ante las autoridades, o no tienen permitido hablar de su caso públicamente. Acaban con su libertad”.
Esta persecución está sustentada en leyes destinadas a censurar varios tipos de discurso. “En PEN hemos recibido reportes y casos de escritores y periodistas que son amenazados y tienen miedo de ser encarcelados por disentir -agregó la presidenta de PEN Internacional-. Recientemente hemos tomado los casos de Mata Gil y Rattia, pero no son los únicos; hemos recibido reportes de profesores universitarios, historiadores, entre otros, que tienen miedo de alzar la voz. Milagros y Rafael fueron liberados de su detención, pero no son libres, deben obtener su libertad total y sus equipos de trabajo deben ser devueltos”.
El escritor indio Salil Tripathi, que preside el Comité de Escritores en Prisión de PEN Internacional, exigió que las autoridades de Venezuela pongan fin a las detenciones arbitrarias, el allanamiento de casas y la confiscación de equipos a escritores y periodistas independientes como medio para silenciar a las voces críticas; agregó que estos actos eran inaceptables. “Se convierten en la evidencia de cómo el gobierno ha expandido sus métodos de intimidación en contra de periodistas independientes y autores para silenciar la crítica -dijo-. Parecería que pensar diferente es un crimen en Venezuela”.
“La detención de escritores por el régimen de Nicolás Maduro es nueva -dice a este diario la periodista venezolana Milagros Socorro, que reside en Aarhus, Dinamarca-. Nueva, desde luego, tras haber acabado con la prensa en Venezuela: en la provincia no queda un solo periódico en papel y, en Caracas, los únicos diarios que aún circulan en papel son del régimen o de aliados suyos. Lo mismo se aplica los medios audiovisuales: no hay semana en que no cierren uno. Muchos periodistas hemos tenido que marchar al exilio porque la persecución es muy ruda. Han comenzado con una novelista y un historiador y columnista, ambos residenciados en la provincia, muy empobrecidos y, encima, les robaron los equipos. Esto forma parte de una estrategia de intimidación para endurecer cada vez más el control de la población; para que pienses muy bien antes de hacer una denuncia o escribir cualquier cosa”.
En 2018, PEN Internacional había publicado el informe Venezuela: Literatura y periodismo, un acto de resistencia, en el que documentó el deterioro de la libertad de expresión y las amenazas físicas, policiales, institucionales y legales que padecen escritores, periodistas e intelectuales. Días atrás, solicitó que el gobierno venezolano pusiera fin a las detenciones de periodistas y escritores críticos; devolviera las pertenencias a Rattia y lo liberara de los cargos por los que fue imputado; respetara las obligaciones internacionales de defender los derechos humanos fundamentales como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; garantizara los derechos humanos en el país, incluidos los que protegen la libre expresión, la protesta, la reunión y el acceso a la información e internet; revocara cualquier ley que obstruya la libertad de expresión y el derecho de todo ciudadano venezolano a la libertad de pensamiento, y se abstuviera de emplear mecanismos de presión directa e indirecta diseñados para silenciar el trabajo de escritores y periodistas.
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