El intento de Marcelo Moretti para privatizar San Lorenzo: un contrato de más de US$ 600 millones y una apuesta faraónica
El ex presidente del club de Boedo, cuando aún estaba en plenas funciones, firmó un preacuerdo con emisarios del empresario Foster Gillett
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Desde inicios de 2024 que San Lorenzo está más acostumbrado a vivir en un clima tormentoso, en el que le cuesta encontrar tranquilidad no sólo en lo deportivo, sino también en el orden institucional. Ahora, se filtró un documento, firmado el 7 de noviembre de 2024, que detalla la propuesta integral de inversión del empresario Foster Gillett (quien previamente se había relacionado con Estudiantes de La Plata), con Guillermo Tofoni como brazo ejecutor y firmante, para administrar los activos vinculados al fútbol profesional. En otras palabras: el informe da cuenta del intento de privatizar el club por parte de la gestión de Marcelo Moretti junto a alguno de sus más cercanas personas de aquella Comisión Directiva. La inversión contemplaba dos etapas por un monto total de 612 millones de dólares. Un contrato, al que tuvo acceso LA NACION, demuestra que el ex presidente acordó una inversión de capitales privados a San Lorenzo.
No se trata de algo aislado, por lo que esta situación genera un impacto mayor. Hace tiempo que existe una disputa entre la Asociación del Fútbol Argentino comandada por Claudio Tapia y el Gobierno de Javier Milei sobre las Sociedades Anónimas Deportivas. Pero además es otro sacudón que le cae a la figura de Moretti, quen debió dejar la presidencia del club con anticipación por diferentes irregularidades.
La última noticia oficial sobre Moretti databa del 23 de diciembre de 2025, cuando la Justicia -con un dictamen- le terminó de cerrar los caminos para que pudiera mantener el poder. Fue cuando el Juzgado Civil número 51 rechazó la medida cautelar que había presentado Moretti con el objetivo de dejar sin efecto la acefalía en San Lorenzo y todo lo que se decidió luego de ese dictamen con la Asamblea.
En el mientras tanto, los problemas continuaron porque el Ciclón -desde lo deportivo- le tuvo que hacer frente a inhibiciones para luego poder habilitar las incorporaciones y acaba de reemplazar a un entrenador por malos resultados: Gustavo Alvarez asumió tras el despido de Damián Ayude -a quien le habían renovado el contrato hace un par de meses.
El intento de privatización
El documento tiene 20 páginas y fue firmado ante un escribano por Nazareno Navone, entonces director de Desarrollo del club, y Guillermo Tofoni -enemigo declarado de Claudio Tapia-, en representación del empresario estadounidense Foster Gillett, que intentaba hacer pie en el fútbol argentino alentado por el Gobierno nacional, en su cruzada por instalar la figura legal de las Sociedades Anónimas Deportivas. Gillett, luego, entablaría una relación con Estudiantes de La Plata, aunque con el tiempo se evaporaría, sin lograr su propósito original.
El monto total de la inversión proyectada ascendía a 612.000.000 de dólares. Dentro del documento se contemplan varias acciones inmediatas: saneamiento de pasivos de por aproximadamente US$ 40.000.000, la construcción de una nueva Ciudad Deportiva por un valor de US$ 20.000.000, la compra de tierras linderas al futuro estadio en Boedo (contemplado en 12.000.000 de dólares) y la construcción de un nuevo estadio techado en Avenida La Plata con capacidad para 55.000 personas, con un presupuesto estimado de US$ 220.000.000.
Se menciona que el inicio de obras estaba previsto para julio o agosto de 2025. En ese 2024, el club atravesaba una crisis importante, con el plantel profesional (que contaba con un Iker Muniain recién llegado del Athletic Club de España, por ejemplo) que realizaba paros por falta de pagos y que tenía a Miguel Ángel Russo recién llegado a la dirección técnica del equipo. La crisis no es nueva.
Las internas en la Comisión Directiva del Ciclón estaban a la orden del día, y el primer secretario de la gestión Moretti, Pablo García Lago, ya se había ido por diferencias con el presidente de entonces. En su lugar, asumió Uriel Barros, muy cercano al máximo directivo y que lo acompañó durante la etapa previa a su llegada a la presidencia del club. Respecto a este nuevo documento, le dijo a LA NACION: “Conocí a Navone en la campaña y yo era amigo de Moretti. Digo era porque esto me hizo pelear con él. Me dijeron que iba a firmar un préstamo en una escribanía y, cuando llegué, me encontré con esto... Me negué y eso generó que diez días después terminara renunciando a la secretaría”.
Otra persona influyente dentro del club evalúa ahora: “Siempre se dijo que Moretti venía a privatizar el club. Más allá que esta medida no hubiese prosperado en la Asamblea de Representantes ni en el resto de los estamentos que precisan la aprobación para que se lleve a cabo, hacerse el desentendido ahora no exceptúa a nadie de lo que la Comisión Directiva quería hacer”. Ese contrato, en otro punto, habla que “la propuesta tiene una duración de 45 días corridos desde su firma para que el club acepte o rechace iniciar las negociaciones”.
Otro ítem del acuerdo refiere al destino del actual Nuevo Gasómetro, que sería cedido a la nueva figura legal para albergar el fútbol femenino, el masculino de la reserva y otro tipo de espectáculos. Además, existía confidencialidad absoluta: obliga a ambas partes a guardar reserva sobre todo lo actuado, bajo pena de constituir incumplimiento contractual.
Por otra parte, iba a existir una fuerte inversión para el plantel de Primera División: US$ 100.000.000 entre sueldos y gastos. Mantenimiento de actividades sociales: se garantiza una suma anual de US$ 9.600.000 mediante un fideicomiso de US$ 200.000.000 para financiar las actividades del club que no sean el fútbol. Vale recordar que todo esto se negociaba en medio de una crisis en la que los jugadores y el cuerpo técnico se sentían a la deriva porque les atrasaban sueldos y premios y las voces dirigenciales quedaban cada vez más debilitadas en cuanto a la confianza de sus mensajes.
El documento es claro en un punto que resulta central para entender el alcance de lo que hubiera sido esta “operación”: no se trataba de una compra del club, sino de la creación de una nueva figura jurídica de carácter asociativo, conforme a la legislación argentina, integrada por el inversor y la Asociación Civil San Lorenzo de Almagro. Según supo LA NACION, el propio Marcelo Moretti se juntó con Mariano Cúneo Libarona, entonces ministro de Justicia, para conocer los alcances jurídicos de la medida y la figura SAD que quería implementar el Gobierno. En ese esquema, el inversor aportaba el capital, con esos 612 millones de dólares, y el club cedía a la nueva sociedad sus activos más importantes: las tierras para el nuevo estadio, la totalidad de los ingresos por transferencias de jugadores, los derechos de televisión, los derechos de imagen, el uso del estadio y más. Es decir, todo el activo vinculado al fútbol del club quedaría bajo la órbita de la nueva figura societaria.
San Lorenzo no tiene paz. Mientras intenta ponerse de pie y ser competitivo desde lo deportivo tanto en el torneo Apertura como en la Copa Sudamericana que está por comenzar, las aguas políticas no parecen aquitarse nunca. Con las elecciones cada vez más próximas, el clima interno del club sufrió una nueva inestabilidad. La Asamblea de socios siempre tuvo en claro su deseo de seguir siendo una asociación civil sin fines de lucro, pero este documento confirma que no todos tenían las mismas intenciones.
Más detalles del acuerdo
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