Por decreto, el Gobierno ratificó la prohibición a Rafael Di Zeo para ir a la cancha
Con la firma del presidente Javier Milei, rechazó el último recurso del jefe de la barra de Boca y dejó firme la restricción de ingreso a estadios, tras las amenazas contra Patricia Bullrich y funcionarios
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LA NACION
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 180/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, mediante el cual rechazó el último recurso presentado por Rafael Di Zeo y dejó firme la prohibición que le impide asistir a cualquier evento deportivo en la Argentina. La decisión consolida una medida que había sido dictada en 2024 por el entonces Ministerio de Seguridad, tras las amenazas del jefe de la barra de Boca contra Patricia Bullrich.
La norma dispone de manera explícita: “Recházase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración por el señor Rafael DI ZEO”. Con esa resolución, el Gobierno cerró la vía administrativa y dejó a Di Zeo solo con la posibilidad de acudir a la Justicia para intentar revertir la sanción.
El eje del decreto no introduce una nueva sanción, sino que confirma la vigencia de la “restricción de concurrencia administrativa” que ya pesaba sobre el líder de La 12. Esa medida le prohíbe ingresar a cualquier estadio del país por tiempo indeterminado, en el marco de las políticas de prevención de la violencia en el fútbol.
Según los considerandos, la sanción original se basó en declaraciones públicas en las que Di Zeo “formuló amenazas” contra la entonces ministra de Seguridad, Pato Bullrich, y contra el director de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlín. El texto también menciona cuestionamientos al programa Tribunas Seguras, eje del control estatal en los accesos a los estadios.
El decreto sostiene que la medida es de carácter preventivo y responde a un interés público concreto: “Resguardar la integridad de las personas y preservar los bienes”. En esa línea, remarca que fue dictada “dentro de un marco de razonabilidad y sin incurrir en arbitrariedad”.
El trasfondo del caso remite a noviembre de 2024, cuando se difundió un audio atribuido al jefe de la barra en el que cuestionaba sanciones contra integrantes de su grupo y lanzaba amenazas directas. En ese registro, Di Zeo afirmaba: “¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra” y advertía que “cuando vayan a la cancha les vamos a pegar a los del Ministerio”.
Esas expresiones motivaron la reacción del Ministerio de Seguridad, que avanzó con la restricción de concurrencia. La decisión se apoyó también en antecedentes previos del dirigente de la hinchada, que ya había sido alcanzado por medidas similares en años anteriores.
Di Zeo había intentado revertir la sanción con distintos argumentos. Entre ellos, negó la autenticidad del audio en el que se le atribuyen amenazas, al señalar que “no existió y que fue elaborado con inteligencia artificial”. También planteó que se violaron su derecho de defensa y su libertad de circulación.
Sin embargo, el Gobierno consideró que no aportó elementos nuevos que justificaran modificar la decisión previa. “No se han aportado, en esta instancia, nuevos elementos de juicio que ameriten la modificación del criterio”, señala el texto oficial.
El conflicto tuvo otros episodios posteriores. En julio de 2025, la presencia de Di Zeo en la Bombonera durante la presentación de Leandro Paredes generó tensión entre la Nación y la Ciudad. Bullrich cuestionó internamente que se le permitiera el ingreso pese a la prohibición vigente y reforzó la postura oficial contra las barras.
El decreto también deja en claro que no es necesaria una intervención judicial previa para aplicar este tipo de restricciones, ya que se encuadran dentro del poder de policía del Estado en materia de seguridad. En ese sentido, afirma que la medida “no requiere una intervención judicial ni del sujeto de la restricción”.
La resolución firmada por Milei y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cierra la vía administrativa. El artículo 2° establece que “queda agotada la instancia administrativa”, aunque habilita a Di Zeo a recurrir a la Justicia dentro de un plazo de 180 días hábiles.
La decisión presidencial no solo ratifica la sanción, sino que refuerza el criterio de que este tipo de medidas forman parte de la política de seguridad en el fútbol. En términos prácticos, Di Zeo continúa sin poder ingresar a los estadios en la Argentina, salvo que logre una resolución judicial favorable.
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