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La UE intensifica sus regulaciones para los sistemas de IA avanzados
Una guía no vinculante desde lo legal busca complementar la Ley de Inteligencia Artificial; las empresas que se adhieran tendrán ciertos beneficios
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La Comisión Europea presentó el pasado jueves “El Código de Buenas Prácticas para la Inteligencia Artificial de Propósito General” (GPAI, por sus siglas en inglés), una guía que establece principios para regular los modelos más avanzados de inteligencia artificial. Aunque entrará en vigor el próximo 2 de agosto, las sanciones previstas por su incumplimiento no comenzarán a aplicarse hasta 2026. El objetivo principal del código es aumentar la transparencia, reducir las infracciones de derechos de autor y mitigar los riesgos que estas tecnologías puedan representar para la seguridad pública.
La publicación del Código se da en un contexto de fuerte debate dentro del bloque sobre cómo equilibrar la innovación tecnológica con la necesidad de regulación. Mientras algunos funcionarios consideran que se trata de una oportunidad para posicionar a Europa como líder ético en el desarrollo de inteligencia artificial, otros critican que el texto final fue diluido para evitar enfrentamientos con las grandes tecnológicas y atraer su colaboración voluntaria.
El reglamento se centra exclusivamente en los llamados modelos de propósito general, desarrollados por empresas como OpenAI, Microsoft o Google. Estos sistemas son la base de aplicaciones como ChatGPT y se caracterizan por analizar grandes volúmenes de datos, aprender por su cuenta y realizar tareas humanas complejas. La regulación busca establecer mecanismos para que estos sistemas sean auditables, responsables y más seguros para el público.
La guía, que fue elaborada por expertos de la industria, no es vinculante legalmente pero sirve como antesala de la implementación completa de la Ley Europea de Inteligencia Artificial (o mejor conocido como el European AI Act) aprobada en 2023. Las empresas que adhieran al código podrán acceder a ciertos beneficios, como una menor carga administrativa y mayor previsibilidad legal. Aquellas que opten por no sumarse deberán demostrar su cumplimiento a través de otras vías, lo que podría resultar más costoso.
Según reporta The New York Times, hasta el momento, no se ha confirmado qué compañías firmarán el código de manera voluntaria. Voceros de Google y OpenAI señalaron que aún están evaluando el texto final, mientras que Microsoft evitó hacer comentarios. Meta había anticipado su intención de no adherir y Amazon, al igual que la francesa Mistral, no respondió a las consultas. La asociación CCIA Europe, que agrupa a empresas como Meta, Google y Amazon, calificó al código como una carga desproporcionada para los proveedores de inteligencia artificial.
Las nuevas reglas incluyen exigencias largamente reclamadas por los medios de comunicación, como la obligación de detallar con precisión los datos utilizados para entrenar los modelos. También se incorporan evaluaciones de riesgo para detectar posibles usos peligrosos, como la generación de armas biológicas. Aunque el texto avanza en la protección del interés público, aún quedan puntos críticos sin resolver, como el abordaje de la desinformación y los discursos de odio.
En paralelo, crecen las preocupaciones sobre el impacto que esta regulación pueda tener en la competitividad europea. La región lleva años sin lograr el desarrollo de grandes empresas tecnológicas propias y depende en gran medida de servicios creados fuera del continente. Algunos líderes advierten que un enfoque demasiado restrictivo podría desalentar la innovación y aumentar esa brecha, sobre todo frente a potencias como China o Estados Unidos.
La discusión sobre el alcance de la Ley de Inteligencia Artificial continúa dividiendo aguas entre sectores políticos y económicos. Mientras organizaciones civiles celebran el avance como una herramienta para hacer más responsables a las grandes plataformas, representantes del sector privado reclaman una mayor flexibilidad. La pregunta que se impone en Bruselas es cómo lograr una regulación efectiva que no frene el desarrollo de una tecnología clave para el futuro económico de la región.
LA NACION
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