Advierten sobre el alto costo social de eliminar los subsidios

"Me matan", sentencia Clara, una joven de 33 años y madre soltera de Emma, de 8. Su exabrupto no es inusual en esta Argentina. Es la respuesta de muchos a la misma pregunta que, de a poco, los acerca a 2016. ¿Cómo impactaría una quita masiva de subsidios a la energía y el transporte en su billetera? La mujer de Colegiales, con ingresos de unos $ 16.000 netos de bolsillo por sus trabajos en una universidad y sus changas free lance, no dudó. Hoy su factura de Metrogas es de $ 46 y la de Edenor apenas llega a los $ 100, ambas en el bimestre. Para moverse sólo usa el 152.

Shock o gradualismo es la cuestión en debate entre los economistas de los candidatos presidenciales. Pero la disyuntiva esconde, en realidad, una pregunta más profunda: ¿quién pagará la fiesta de los últimos años? Según un ejercicio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una medida de shock para eliminar los subsidios provocaría en el corto plazo un aumento de 1,8% de la pobreza

Una política de shock también reduciría en un 3% el ingreso de los sectores medios, duplicaría el peso del costo del gas, la electricidad y el transporte público en el gasto de los hogares con menores ingresos, y sumaría un 4% a la inflación.

Una política de ajuste gradual de los subsidios resultaría en ahorros fiscales más modestos, pero mitigaría las potenciales repercusiones sociales de la suba de tarifas, una decisión indispensable para mejorar la calidad de los servicios públicos y la inversión en infraestructura. Los especialistas de Cippec recomiendan la implementación de una tarifa social sobre la base de los programas de transferencias de la Anses, lo que ofrecería cobertura al 80% de los hogares de menores recursos.

"Es preciso encontrar una alternativa de política orientada a proteger a los sectores más vulnerables, mejorar la eficiencia y equidad de los subsidios, y generar incentivos para la inversión en energía y transporte", afirmó Lucio Castro, director de Desarrollo Económico de Cippec y autor del informe con la colaboración de la economista -también de ese think tank- Magdalena Barafini. "Una reducción drástica de los subsidios podrían tener consecuencias inflacionarias y sociales. Proteger a los sectores vulnerables a través de un esquema de tarifa social adecuado debería ser una prioridad", indicó Castro, y agregó: "Un eje prioritario de política debería ser un programa comprensivo de mejora de la oferta y la calidad de la energía y el transporte".

El peso de los subsidios en la economía es abismal. Creció sobre todo durante el kirchnerismo. Aumentaron cinco veces como porcentaje del PBI entre 2006 y 2015. Mientras equivalían a 1,4% del producto en 2006, este año terminarían en casi 5%. La energía explica el 70% de los subsidios. El área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibe alrededor de la mitad de los subsidios totales, y de ese monto los usuarios residenciales reciben más del 60%, según el informe. "A nivel nacional, los subsidios benefician más a los hogares con ingresos medios y altos que a los sectores de menores ingresos", estima el documento. Los hogares de los dos deciles de mayores ingresos reciben más del 30% de los subsidios, los de los dos últimos deciles, apenas 10%.

Las tarifas de energía y transporte, factores clave a la hora de impulsar la inversión privada en infraestructura y mejora de la calidad en los servicios públicos, están por el piso. Las residenciales de energía cayeron alrededor de 70% entre 2003 y 2014, y se ubican en los niveles más bajos desde la década del 70, a pesar de los recientes aumentos de gas. En el AMBA, el costo del boleto de transporte cayó casi 30% promedio desde 2003. Las consecuencias: cortes de luz y gas, y colectivos y trenes en un estado peligroso para los pasajeros.

A pesar de la fiesta de subsidios oficiales, los servicios públicos aún pesan mucho en el gasto de los hogares. Representan, según Cippec, más del 10% del consumo de los sectores de menores ingresos del AMBA. No obstante, ese porcentaje cayó a la mitad desde 2005.

Los economistas de Cippec crearon tres escenarios a través de microsimulaciones, de cara a la discusión sobre los subsidios en 2016: 1) una política de shock, con un incremento de 300% del componente variable de la tarifa residencial de electricidad y gas, y del boleto de colectivo y ferrocarriles; 2) una política de shock, con los mismos incrementos, pero combinada con una tarifa social, y 3) una política gradualista de un aumento del 80% en las tarifas de gas y electricidad, pero de 35% en los boletos de los colectivos, combinada con una tarifa social. En tanto, una devaluación hipotética del 40% implicaría una suba de los subsidios de 0,10% del PBI.

"Según el tipo de política que se elija, de shock o gradual, el aumento de las tarifas permitiría reducir los subsidios entre 0,6 y 1% del PBI", estimó el documento. A pesar de los beneficios fiscales del shock, una política de ese estilo duplicaría el peso del gasto en electricidad, gas y transporte público en los hogares con menores recursos (pasaría del 11% a alrededor del 23%). En tanto, con una política gradual el paso sería más sereno: de 9 a 9,4 por ciento.

Las medidas de shock provocarían una reducción de los ingresos de 5% en los hogares más pobres (el ingreso promedio retrocedería un 4%). Con el gradualismo, la baja sería de 0,7%. En los sectores medios, la primera opción redundaría en un retroceso de 6% de los ingresos y la segunda, de 0,7%. En tanto, la pobreza crecería en el AMBA casi un 2% (sería morigerada con la aplicación de una tarifa social). Además se expandiría la intensidad de la pobreza, una medida de la caída del ingreso en los hogares que ya están bajo esa línea. La estrategia con una mirada más pausada o gradualista también implicaría más pobreza (0,3 por ciento).

La salida promete ser un laberinto político y social. Por caso, un estudio de 2013 del FMI ya lo predecía: de 28 intentos de ajuste de subsidios en el mundo, sólo 40% logró un éxito.

Por Francisco Jueguen

• Inflación y precios

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