“Asambleas ciudadanas”: la propuesta de Oliver Hart, ganador del Nobel de Economía en 2016, para intervenir en las decisiones de las empresas

LINDAU, Alemania.- Muchas empresas privadas cotizan en la bolsa y pueden tener como accionistas a diversos individuos, que podrían acceder, con esa condición, a intervenir en cómo esas firmas toman sus decisiones o priorizan su actividad. En ese escenario, la propuesta de un economista inglés busca profundizar la participación de más personas, con un modelo de “asambleas ciudadanas” que agrupen accionistas para que tengan voz y voto en la gestión de compañías.

La iniciativa es impulsada por el inglés Oliver Hart, matemático y economista nacido en Londres, quien en 2016 fue galardonado con el Premio Nobel de Economía por sus estudios sobre las teorías de contratos. Concretamente, sus investigaciones se dedicaron analizar la gobernanza en las empresas y los alcances de diferentes estructuras de propiedad, y fue a partir de esos desarrollos que elaboró una propuesta que busca ampliar la participación de más individuos en las decisiones corporativas.

“Las empresas deberían maximizar no solo el beneficio comercial, sino también el bienestar general de sus accionistas”, afirmó, al explicar los fundamentos de su iniciativa, que busca una mayor “democracia para los accionistas”.

La propuesta, que tiene su disparador a la economía estadounidense, involucra centralmente a los grandes fondos de pensiones y de inversión (BlackRock, Vanguard o State Street), a través de los cuales ciudadanos particulares invierten en las firmas cuyas acciones cotizan en la bolsa. BlackRock, por caso, tiene en su cartera el 6,8% de Nvidia, el 5,7% de Microsoft o el 4,9% de Apple.

“Y mucha gente invierte a través de estos fondos intermediarios, pero nunca les preguntan por sus propuestas o los trade-offs sobre los que deben decidir las empresas”, dijo Hart, en referencia a dilemas como el impacto de la actividad de las empresas sobre el clima o las regiones donde operan, o cuán saludables son los productos que venden.

Su propuesta consiste en diseñar ‘asambleas ciudadanas’, con participantes de entre 100 y 150 personas seleccionadas al azar entre los inversores particulares de las empresas, que puedan opinar y analizar sobre la gestión de esas firmas y luego ejercer su derecho a voto en las reuniones de directorio de cada una. Esas personas, a su vez, recibirán un pago por su participación.

“Se tienen que reunir, discutir y luego votar sobre esas estrategias, que hoy se hacen sin consultar ni saber qué opinan los inversores”, dice Hart, graduado en Cambridge (Reino Unido) y doctorado en Economía en Yale (Estados Unidos), quien apunta a un rediseño “altruista” en la gestión corporativa.

“Ya sabemos que los dueños van a querer maximizar sus ganancias. Pero hay otras cuestiones. Estamos hablando de decisiones morales. Tenemos el poder de hacerlo porque tenemos votos, y nuestra voz tiene que ser escuchada”, agregó Hart.

Su propuesta incluye que esa asamblea de inversores convoque y consulte a “expertos” en diferentes temas vinculados con el negocio o la actividad de la compañía en cuestión, para completar con esos aportes el foco de maximizar la rentabilidad.

En ese sentido, ilustró con una empresa que se dedica a la venta de carne aviar, y el dilema de maximizar los beneficios o aceptar más costos vinculados con acciones que busquen mayor bienestar de los animales.

“Hoy las decisiones las hacen los dueños de las empresas y los expertos en inversiones. El asunto no es ser más experto en un negocio, sino aceptar menos ingresos para priorizar otras cuestiones. Ese dilema es una decisión moral”, completó Hart, quien sumó otros casos ilustrativos, como las decisiones de empresas petroleras de cesar el lobby contra regulaciones climáticas o la “desinformación” sobre el impacto en la salud del azúcar que sostendrían las empresas fabricantes de gaseosas.

Por último, Hart se refirió al rol del Estado y los organismos del sector público: “Muchos economistas pueden decir que esta cuestión es rol del Gobierno, pero, en general, el Gobierno no lo hace, o las empresas logran subvertir esas capacidades”.

Por Esteban Lafuente

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