Buscan poner un límite al número de juicios por mala praxis médica
En diez años, entre 2000 y 2010, se gastarían 4300 millones de pesos por las demandas
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LA NACIONSilvia Stang
En la Cámara de Diputados avanza un proyecto -la semana próxima tendría dictamen para pasar al recinto-, que busca limitar el plazo de prescripción para entablar demandas civiles. La norma interesa al sector de la salud, donde las causas por mala praxis médica pueden iniciarse en un plazo de hasta 10 años, contados desde que se realizó la práctica o desde el momento en que el problema sea descubierto por el paciente. El incremento de los juicios hace temer a los operadores por un desembolso que, según se estima, entre 2000 y 2010, podría superar los $ 4300 millones.
Según el proyecto, el plazo reducido sería de entre dos y cuatro años. Varios los legisladores presentaron propuestas en tal sentido, entre ellos Eduardo Di Cola, titular de la comisión, Domingo Vitale y María del Carmen Falbo. Entidades representativas de clínicas, médicos y empresas de salud reclaman desde hace años la aprobación de normas para limitar los juicios escudados en que, según dicen, el tema genera grandes erogaciones que quitan recursos para tareas del sector, además de promover el uso de prácticas de diagnóstico no necesarias, por la llamada "medicina defensiva". Aun en las causas en que no haya condenas, existen gastos para el demandado. En el sector afirman que no apuntan a quitar el derecho al reclamo, sino a evitar causas sin sustento.
Según un informe elaborado por la Fundación Isalud para la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba), entre 1970 y 2001, el sector dedicó, entre condenas, honorarios, conciliaciones y gastos de justicia, US$ 1088 millones, de los cuales US$ 890 se concentraron entre 1991 a 2000.
El estudio señala que, de no mediar cambios normativos, entre 2000 y 2010 podría generarse una erogación de hasta $ 4381 millones, dado que los montos de las sentencias y la cantidad de demandas aumenta geométricamente, y no sólo en la Argentina.
Según el informe de Isalud -la institución que presidía el actual ministro de Salud, Ginés González García- "en materia penal, solamente el 20% de los médicos que incurre en supuestos hechos de negligencia e impericia es condenado". Y agrega que, en el plano civil, una cuarta parte de los profesionales demandados pierde los juicios. Otra conclusión del estudio es que en el 20% de las causas "ni siquiera se logra probar el daño".
Basados en la sospecha de una "industria del juicio", instituciones como Fecliba plantean no sólo la reducción del plazo de prescripción, sino también la imposición de un tope de $ 300.000 para las demandas, y la obligación para el demandante, si pierde el juicio, de pagar a los letrados y peritos particulares que designe, para evitar los abusos.
Según datos aportados a LA NACION por Fernando Mariona, de la consultora Saint Pacific, sobre la base de las demandas entradas en las aseguradoras, el 49% de las mediaciones, el 42% de las demandas y el 9 por ciento de los reclamos extrajudiciales, se inicia dentro de los 18 meses de ocurrido el hecho presuntamente generador del daño. Esas cifras podrían llevar a pensar en un efecto relativamente significativo del recorte al período de prescripción. Pero debe tenerse en cuenta que el plazo de los dos años será desde que se descubra el daño. "Lo olvidado por el cirujano puede ser descubierto 10 años después", ejemplificó Mariona.
Plazos en la práctica
El analista comentó que, de un estudio basado en 1888 casos ingresados en las aseguradoras entre enero de 1996 y mayo pasado, la demanda promedio fue de $ 327.938 y lo efectivamente pagado, de $ 14.427. El monto promedio no excede mucho de los límites que las propias clínicas propician. En 107 casos, en tanto, el pedido de indemnización supera el millón de pesos.
Según el titular de Fecliba, Héctor Vazzano, "en los últimos años, uno de cada cinco establecimientos de atención de la salud debió cerrar sus puertas, por la caída de varias aseguradoras". El informe de Isalud dice que el aumento de los juicios en la última década (de más de un 1000%) se debió en parte al dictado de nuevas leyes en el ámbito laboral, como la reforma al sistema de accidentes de trabajo, que evitaron juicios en ese ámbito.
"El juicio por mala praxis es una manera de generar recursos en un momento de crisis", señaló Hugo Magonza, vicepresidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada y director del Cemic. Consideró que bajar el plazo de prescripción, si bien bajará la incertidumbre, no solucionará el problema. También dijo que, en lugar de proponerse un monto general como tope para demandar, debería establecerse un baremo en función de los daños.
Sólo la mitad del sector tiene seguro
Una decena de compañías de seguros vende actualmente cobertura por mala praxis médica. Se trata de The Professional´s Company (TPC), Swiss Medical Group (SMG), La Holando, Prudencia, Bernardino Rivadavia, Sancor, FATA, Federación Patronal, Argentina Salud y Vida, Noble y Argentina Responsabilidad Profesional.
Según Fernando Mariona, de la consultora Saint Pacific, el 50% de las instituciones de salud estaría sin seguro. Entre los médicos, ese índice sería del 40 por ciento. En el caso de los profesionales existen sistemas de fondos que manejan diferentes instituciones médicas, que retienen en algunos casos entre $ 60 y $ 90 de las planillas salariales, para dar protección acotada.
Son sistemas que, según destaca el informe de Isalud, están autorizados por leyes locales, como ocurre en la provincia de Buenos Aires. Pero no tienen un sistema de pólizas que, en base actuarial, fijen precios lógicos respecto del riesgo que se asume.
Más allá de que en 2002 se sumaron nuevos operadores en el mercado asegurador (tal es el caso de TPC, SMG, Noble y Argentina Responsabilidad Profesional), lo cierto es que en los últimos años hubo una retirada de las compañías del rubro. O lo que es peor, muchas cayeron entidades en las que estaban contratadas buena parte de las pólizas, como Omega y Visión.
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