Baja de retenciones: en los últimos dos años el Gobierno le devolvió al campo US$1950 millones
Según el Ieral, desde la asunción de Milei las alícuotas se redujeron entre un 27% y un 37%; para la nueva campaña el impacto en la rentabilidad es de entre US$38 y US$76 por hectárea
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Desde la asunción del presidente Javier Milei hasta la última baja de retenciones, conocida este martes, un productor de soja en campo propio en la zona núcleo registrará una mejora de US$76 en su margen neto por hectárea y un arrendatario de esa misma región, US$38. En cambio, en la zona extrapampeana, un dueño tendrá una suba de US$58 y quien alquila la tierra, de US$52. El impacto en la rentabilidad agrícola para la campaña 2025/26 es el estimado por Franco Artusso, economista del Ieral, de la Fundación Mediterránea, quien tomó en cuenta el nuevo esquema fiscal. Las alícuotas están entre 27% y 37% por debajo de las del 2023. En tanto, en los últimos dos años el Gobierno le devolvió al campo por este concepto US$1950 millones.
El economista aclara que no es homogéneo el impacto, sino que depende de las características del productor. Sobre esa base diferencia por zona y por si es campo propio o alquilado. En todos los casos se asume una escala de 500 hectáreas, una rotación de cultivos 50% soja-50% maíz y rendimientos medios de los cultivos según la región.
De la comparación entre los dos escenarios surge que, según la zona y el régimen de tenencia de la tierra, el esquema tributario vigente implica una mejora de entre US$38 y US$76 por hectárea en la rentabilidad neta del productor respecto de la que se habría registrado en 2025/26 si las alícuotas de las retenciones no bajaban.
Esto se explica por una reducción de la carga tributaria total -entendida como el porcentaje de la renta generada (ingresos menos costos) que el productor no puede apropiarse por efecto de los impuestos- de entre ocho y 20 puntos porcentuales según el caso.
Artusso, quien reconoce la importancia de la medida tomada por el gobierno nacional, advierte que aún así la carga tributaria “continuará siendo muy elevada” en 2025/26: entre 53% y 73% para propietarios y arrendatarios de zona núcleo y entre 67% y 123% para los de la región extrapampeana. Plantea que con el peso de los impuestos superando el 50% “significa que, en dólares por hectárea, el productor seguirá pagando más por tributos que lo que logre conservar como margen neto” el próximo año.
Y añade que el hecho de que la carga tributaria resulte superior al 100% para arrendatarios de la zona extrapampeana implica que los impuestos “siguen haciendo inviable a la actividad”, ya que los márgenes son negativos tanto para propietarios como para arrendatarios.
Para el economista, estos datos muestran “la importancia de continuar con el proceso de reducción” de las retenciones, ya que muchas de esas tierras que hoy no son rentables a causa de los impuestos -zonas marginales, de menor productividad y mayor distancia a los puertos, especialmente si pagan alquiler- podrían volverse rentables y reactivar la expansión de la frontera agrícola.
“Si bien la reducción de alícuotas fue pequeña y queda mucho camino por recorrer (sobre todo en el caso de la soja), lo importante es que se anuncien reglas claras y permanentes y se eviten medidas transitorias, como algunas de las que se observaron este año”, detalla.
En su informe Artusso también estima cuál sería la recaudación por derechos de exportación (DEX) sobre granos y sus derivados en 2026 con alícuotas que están entre un 27% y un 37% por debajo de las del 2023. Los ingresos por esta vía rondarán los US$5030 millones, tomando únicamente productos agropecuarios y sus derivados. Si se hubieran conservado las tasas de fines de 2023, la recaudación ascendería a casi US$7000 millones, manteniendo constantes los volúmenes de producción y exportación.
Es decir, las modificaciones aplicadas en los últimos dos años implicaron una devolución cercana a US$1950 millones al complejo productivo. La reducción más reciente tendría un impacto fiscal anual de aproximadamente US$520 millones, equivalente a una cuarta parte del monto ya devuelto.
La baja de las retenciones, reseña, es “un esfuerzo fiscal significativo a nivel nacional, pero su impacto sobre la producción puede verse limitado si no existe una coordinación efectiva con provincias y municipios”.
En esa línea, Artusso sostiene que muchas veces a nivel subnacional hay incrementos en alícuotas y tasas que “terminan neutralizando parte de la ganancia de competitividad buscada. Sin un esquema articulado de políticas tributarias entre niveles de gobierno, la capacidad de la medida para inducir mayor inversión y producción queda sustancialmente acotada”.
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