Después de un año, citaron a declarar a un sindicalista por el bloqueo a una pyme láctea

En las últimas horas, se conoció que la Justicia llamó a indagatoria a uno de los supuestos responsables del bloqueo de Lácteos Vidal, hace un año, por “el delito de compulsión a la huelga”. Se trata de Diego Armando Alarcón, sindicalista de la seccional Trenque Lauquen de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la Argentina (Atilra), quien fue citado a declarar el próximo 20 de septiembre ante el fiscal Martín Butti en esa ciudad bonaerense. Esta persona estaría imputada en la causa penal por los bloqueos de 2022 en la planta de la firma en Moctezuma, Buenos Aires, cuando se originó el conflicto por el que fueron despedidos 26 trabajadores.

“Es un paso enorme como antecedente para las empresas de nuestro país”, dijo Juan Beluardo, abogado de la pyme láctea, quien explicó que esta persona fue encontrada en principio penalmente responsable del delito de compulsión a la huelga, ya que habría participado activamente de la toma. “Eso significa que como integrante del gremio, porque es uno de los vocales [en la seccional], no veló por los derechos de los trabajadores, sino que los obligaba a participar del bloqueo no permitiéndoles ingresar a trabajar con amenazas, coacción agravada, y es un antecedente”, explicó.

Alarcón pertenece a Atilra en Trenque Lauquen, no era empleado de la firma. Según mencionaron desde la firma, esta persona ya fue notificada de que se le formó una causa penal por compulsión a la huelga. Según sostuvo, ahora lo que “van a hacer” es “imputarlo por ese delito”, dentro del artículo N°158 del código penal, tal y como se desprende del documento al que tuvo acceso LA NACION. “Este es un antecedente muy favorable. Ni bien lo imputen nosotros vamos a pedir la imputación del secretario general, Gastón Moreno, pero también del secretario Gremial del Consejo Directivo Nacional, Heber Ríos, y a los demás que estuvieron haciendo el bloqueo. Nosotros insistimos en que no fue una huelga, sino un bloqueo”, apuntó.

El pasado martes se realizó otra audiencia entre los dueños de la pyme y extrabajadores por el despido de más de una veintena de operarios tras el bloqueo el año pasado, pero las partes no llegaron a un acuerdo. En el sindicato insisten con la reincorporación, mientras que Alejandra Bada Vázquez, la dueña de la empresa, contó a este medio que apeló a una estrategia para ver si era posible llegar a buen puerto, pero no funcionó. Según dijo, el juez José Ignacio Ramonet, a cargo de la causa, propuso en el acta que se “reincorpore formalmente” a los trabajadores y que posteriormente se los exima de prestar servicios en una suerte de “suspensión concertada”.

“Él sabe que no pueden volver a ingresar a trabajar porque él es el responsable si me aparece una rata en la planta, porque yo no les tengo más confianza”, advirtió. Mientras Atilra insiste con la reincorporación de 26 trabajadores que fueron despedidos el año pasado tras el bloqueo en la planta de Moctezuma, provincia de Buenos Aires, la empresaria asegura que durante las audiencias a las que asistieron ofrecieron pagar toda la indemnización a los trabajadores, pero tampoco accedieron.

En la audiencia anterior, un abogado de Atilra le habría solicitado al juez Ramonet que no estuviera en la sala Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la Argentina, quien había propuesto en la sala darles una capacitación a los empleados para que se conviertan en emprendedores. Sin embargo, esta vez, Bada Vázquez le otorgó un poder para ocupar su lugar dentro de la sala en representación de Lácteos Vidal, para intentar una negociación con el gremio. “Como sé que el sindicalismo es de hombre, pensé que podían negociar entre ellos porque yo como mujer no estaba, pero no, porque ellos no buscan negociar”, relató. En la audiencia estuvo un integrante de la familia Bada Vázquez; Arturo Díaz, el director técnico de la firma en Moctezuma; Rodolfo Llanos y Eduardo D’Arriba, el abogado laboral de la pyme.

Ante una consulta de LA NACION, desde el gremio Atilra indicaron: “Se sigue negociando. Es bueno y sano aclarar que el sindicato no concurre a las audiencias, sino que son los trabajadores con el patrocinio letrado y el asesoramiento de los abogados del sindicato, que no es lo mismo. No es el sindicato el que fija posición en las audiencias sino que son los trabajadores”.

“Nosotros no podemos reincorporar a nadie, porque los muchachos que siguieron trabajando no quieren; ellos necesitan tener la estabilidad laboral. Le presentaron un escrito al juez exigiéndole que tome alguna medida en contra de pedir la reincorporación, porque ellos, por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo [OIT], tienen derecho a no seguir siendo acosados por esta gente que los amenazaba para que no fueran a trabajar, por todo lo que pasaba, pero también por el hostigamiento que recibían. Es injusto que los despida para reincorporar a gente que la empresa despidió por falta de confianza, porque son los que bloquearon”, dijo, por su parte, Bada Vázquez.

Por otra parte, afirmó que el juez Ramonet insiste con una reincorporación “que sabe que es totalmente abstracta y nula”. Agregó: “Acá ya no tiene objeto una medida cautelar que me diga que no los puedo despedir o que los tengo que recontratar un año después de que los despedí, porque ya hay otra gente en esos lugares de trabajo. Esa medida cautelar es absurda, vieja y desubicada en el tiempo. Por más presiones que tenga del sindicato, me está lastimando, como empresaria, aunque no parezca. Tengo derecho a la propiedad privada de la cuenta de Lácteos Vidal para usarla como necesito para no fundirme. Tengo derecho a administrar la empresa con todo el capital que tiene de ella, porque puedo tomar malas decisiones y si yo me fundo y cierro, lamentablemente va a ser consecuencia de que no puedo usar el dinero de Lácteos Vidal”.

La empresaria aseguró que el gremio “usa el tema políticamente” y no tiene ningún interés de terminar con este conflicto. “Con esto pone en riesgo la fuente laboral de la gente que está trabajando. Ya que la empresa tiene la buena voluntad del pago de las indemnizaciones aunque no les corresponda con el solo hecho de terminar con este tema y puedan seguir con su vida. Es lamentable que una vez más el gremio no ejerza la personería gremial. En los hechos la perdieron, porque no los defiende”, aseveró.

Hasta ahora no está prevista ninguna otra audiencia, por lo que la empresaria agregó que lo importante ahora es que la Sala 9 de la Cámara de Apelaciones resuelva el pedido de la sustitución de embargo de la cuenta bancaria por más de $5 millones, por un seguro de caución. Meses atrás había solicitado que este fuera reemplazado por un camión y dos acoplados, para contar con el dinero. De esta forma, dijo que podía seguir administrando la empresa: “Es uno de mis derechos. Además del pedido de la queja porque está mal la cautelar [que la impide despedir al personal] después de más de 10 meses sin resolver”. Indicó que la Cámara tiene todas las herramientas para resolverlo, pero no lo hace.

“El gremio hace amenazas y extorsiones para hacer la cooperativa. Ellos buscan quedarse con las empresas usando a los trabajadores. No quieren llegar a ningún arreglo, me quieren fundir a través de los astreintes (sanciones por la no reincorporación de los empleados) o meter gente adentro para que me vuelvan a hacer sabotaje, fundirme y quedarse con la empresa”, apuntó la empresaria.

Y siguió: “Siento que la Justicia está apretada por la mafia sindical, que es lo que está poniendo el palo en la rueda a la producción en la Argentina. Me genera dudas lo que puedan llegar a decir. Me enfrento a la corte de Faraón, hoy en día la justicia laboral para los empresarios es la corte de Faraón. Es muy grave, porque los empresarios no vamos a poder manejar nuestra empresa. Para qué vamos a querer tener una empresa si no hay empleo, sin eso no hay trabajo ni producción ni futuro. Necesitamos una Justicia laboral independiente que respete los derechos de los empresarios, y respetando las leyes laborales, porque la reincorporación para los empleados comunes sin fueros gremiales es un invento de la mafia sindical para extorsionar a los empresarios”.

Por Belkis Martínez

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