Poderosos subsidios vs. retenciones: dos modelos opuestos entre Estados Unidos y la Argentina en política agrícola
Los productores norteamericanos cuentan con una red de asistencia que sus pares argentinos no tienen
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LA NACION Belkis Martínez
Mientras Estados Unidos consolidó un sistema de subsidios agrícolas, que buscan compensar a los “farmers” por caídas abruptas en los precios de los granos, basado en leyes plurianuales, seguros federales y asistencia, en la Argentina los productores transitan un camino mucho más incierto con retenciones, falta de previsibilidad y escasa articulación institucional, según los expertos. En ese sentido, el país norteamericano aprobó a mediados de este año una nueva ley para dar respuesta a la demanda de una nueva ley vinculada al agro, cuyo fondo asciende US$59.000 millones. En los Estados Unidos no hay derechos de exportación (DEX). En la Argentina, en tanto, con la medida del Gobierno de suspensión temporal de las retenciones se exportó sin DEX por primera vez desde 2002, cuando se reimplantó ese tributo. Se estima que por retenciones el campo ya transfirió unos US$200.000 millones desde esa fecha.
La comparación entre un país y otro volvió a escena hoy luego de que Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, dijera que el gobierno de Donald Trump estaba trabajando, entre otras medidas, con la Argentina para “poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”. Esa frase tuvo diversas lecturas en el mercado de granos: algunos interpretaron que se podrían quitar las retenciones de manera definitiva y otros que era una ratificación de que no seguirá la medida del Gobierno. Fuentes oficiales insistieron que la suspensión de los DEX concluirá el 31 del mes próximo o si se logra antes la meta de los US$7000 millones de ingresos. Hoy se alcanzó el 60% de ese monto.
Estados Unidos tiene un sistema complejo y estructurado de apoyo a sus productores agropecuarios, que se canaliza principalmente a través de leyes agrícolas conocidas como Farm Bill [Ley Agrícola], que se aprueban cada cinco años en el Congreso. Entre las protecciones que tienen los agricultores está el Price Loss Coverage [PLC], que consiste en el pago cuando el precio de un cultivo cubierto cae por debajo de un precio de referencia efectivo. Este mecanismo se aplica para proteger a los productores ante las bajas de precio en la Bolsa de Chicago.
De acuerdo con informes privados, la Farm Bill es una ley ómnibus que no solo abarca al sector agrícola, sino que destina la mayor parte de sus fondos a programas de nutrición, como el Supplemental Nutrition Assistance Program [SNAP-cupones de alimentos]. Constituye el principal instrumento de política agrícola y alimentaria en EE.UU. y fue creada con el objetivo de dar respuesta a la Gran Depresión (New Deal y el Acta Agrícola de 1933).
Para acceder a los subsidios agrícolas los productores deben cumplir con ciertos requisitos de forma, establecidos por el Departamento de Agricultura (USDA), especialmente a través de la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA). A comienzos de cada año, la cartera agrícola de ese país publica los períodos de inscripción y los márgenes económicos por quintales que se van a cubrir.
“Uno de los principales factores que hay que diferenciar con la Argentina es la existencia de una política agrícola. Estados Unidos tiene una política agrícola que data de la década del 30, que surge post-crisis del 1929, para equiparar los ingresos de los productores rurales con lo que eran los sueldos en las ciudades. Esa ley agrícola es la que sustenta todo el esquema de subsidios y ayudas. Con el correr del tiempo los precios operativos fueron mejorando hasta que en la década del 70 se hacía muy difícil sostener legislativamente una ley de ese estilo. Se tiene que volver a negociar y a votar cada cinco años", analizó Nelson Illescas, director de Contenidos y Comunicación en GPS.
Recordó que, dependiendo de los momentos del país, van surgiendo otro tipo de ayudas. Por ejemplo, en la primera presidencia de Donald Trump han variado con respecto del conflicto comercial con China, donde hubo mucha ayuda para las asociaciones de productores en cuestiones relativas a marketing. Estas se duplicaron de las que estaban en la Farm Bill.
“El productor [de Estados Unidos] es competitivo, pero está muy fuertemente subsidiado y ayudado, contra una producción en la Argentina que tiene otro tipo de medidas que son al contrario. [Acá] tiene un fuerte desincentivo en la producción, si no es en la producción, en la incorporación de tecnología. En la Argentina la adopción de tecnología siempre ha sido muy importante, pero lo ha sido más que nada con fines defensivos. Es para tratar de reducir costos frente a márgenes que son cada vez más chicos. La Argentina, con un potencial muy alto de crecimiento en exportaciones, ve frenado su desarrollo y sobre todo su incorporación de tecnología, por todos los vaivenes macroeconómicos que vienen afectando al país", afirmó.
En EE.UU. el último proyecto -Ley de Mejora de la Agricultura de 2018- expiró en 2023 y se ha extendido dos veces a través de la Ley de Asignaciones Continuas y Otras Extensiones de 2024 y la Ley de Alivio Estadounidense de 2023, en 2024 y 2025, respectivamente. A esto se le sumó que el 4 de julio últmo se aprobó para los próximos diez años la Ley One Big Beautiful Bill [OBBB], un paquete legislativo que combina financiación de programas agrícolas, reformas fiscales e inversiones en seguridad fronteriza, con la idea de dar respuesta a la demanda de una nueva ley vinculada al agro, y que se complementa con la Farm Bill.
“Si la Argentina pudiera acercarse a una ley que surja en el Congreso de acuerdo con distintos bloques partidarios consolidaría una legislación como la que se necesita para avanzar. El sector no está pidiendo subsidios o ese tipo de programas de ayuda, sino seguridad, reglas claras y estabilidad. Si al sector le pudieran ofrecer un norte, tendría mucho potencial para desarrollar", subrayó.
La OBBB proyecta US$65.600 millones en nuevos gastos para programas agrícolas y extiende disposiciones fiscales clave como la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017. De ese total, US$59.000 millones se dirigen a mejoras básicas de la red de seguridad agrícola. Entre ellas está el seguro de cosecha por US$5988 millones. Otros US$7000 millones restantes respaldan una variedad de otras prioridades, incluyendo US$2800 millones para programas de asistencia por desastre, US$2200 millones para promoción comercial, US$1600 millones para investigación agrícola y programas varios e inversiones específicas en horticultura, energía e infraestructura rural.
De acuerdo con los expertos, la ley incrementa los precios de referencia legales (garantías de precios) para los principales productos básicos cubiertos entre un 10 y un 21%. A partir de la campaña agrícola 2031 los precios de referencia establecidos aumentarán cada año un 0,5%. En ningún momento podrán superar el 113% del precio de referencia legal propuesto, establecido anteriormente.
En tanto, Gustavo Oliverio, asesor y coordinador de la Fundación Producir Conservando, recordó que este año el presupuesto del USDA incluye una solicitud total de US$213.300 millones para programas obligatorios [US$181.700 millones] y discrecionales [US$31.600 millones].
“Los fondos discrecionales se usaron durante la tensión de mercados con China, donde cayeron los precios de Chicago para darle un subsidio a los agricultores en función del área sembrada”, recordó Oliverio.
El presupuesto contempla que se triplicarían los pagos directos del gobierno de EE.UU. a más de US$40.000 millones, principalmente a través de ayudas por desastres y asistencia económica. En desarrollo rural y conservación también hay fondos destinados a programas para fortalecer el desarrollo rural y expandir la asistencia para la conservación a los agricultores marginados.
“Los programas de subsidios de precio te cubren un mínimo; no es igual para todos los estados”, resaltó.
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