Proyecto de ley: Marcela Pagano propone modificar el fondo que financia el Ipcva y que el pago sea voluntario
La diputada nacional presentó una iniciativa en el Congreso que reforma la normativa actual en cuanto al aporte de productores y frigoríficos
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LA NACIONMariana Reinke
La diputada nacional Marcela Pagano [LLA-CREO] presentó un proyecto de ley que propone modificar el Fondo de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, actualmente obligatorio, para que pase a ser de carácter voluntario. Este fondo es el que financia al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), creado por la Ley 25.507, en 2001.
La iniciativa plantea una reforma al artículo 14 de dicha ley, estableciendo que la contribución para el fondo será “voluntaria”, tanto para los establecimientos frigoríficos como para los propietarios de animales destinados a faena. Según el texto, “la Asamblea de Representantes fijará el valor de las alícuotas que serán aplicables” y se definirá un nuevo régimen de liquidación a cargo del Senasa.
“Es momento de revisar y reducir cargas que encarecen innecesariamente productos básicos como la carne”, fundamentó Pagano. Y agregó: “El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer el carácter voluntario del aporte al Fondo de Promoción de la Carne Vacuna Argentina”.
El proyecto propone que los propietarios de animales abonen la contribución en el momento en que se emita el documento sanitario para el traslado a faena, mientras que los frigoríficos deberán presentar una declaración jurada mensual conforme lo determine la autoridad de aplicación.
Además, la iniciativa solicita la derogación de los artículos 16 y 17 de la ley original, en un intento por simplificar el esquema normativo que rige el funcionamiento del Ipcva. “Muchos de estos cargos y tributos no se corresponden con los beneficios que reciben los productores o industriales”, afirmó Pagano.
Señaló que “una proporción significativa de los fondos se destina a la promoción de exportaciones, las cuales representan apenas entre el 25% y el 30% del total de la faena”.
En diálogo con LA NACION, Pagano dijo que la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), que aporta cerca del 14% del total recaudado por el fondo, le ha manifestado su desacuerdo con el carácter obligatorio de la contribución. Según la entidad, entre enero y septiembre de 2024 desembolsaron $1705 millones en este concepto.
“Mi proyecto de ley es revisar el carácter obligatorio del aporte, proponiendo su transformación en un mecanismo voluntario. Ello permitirá que los distintos actores del sector decidan libremente su adhesión, en función de los beneficios concretos que perciban del accionar del instituto", enfatizó.
En ese sentido, el proyecto de ley promueve “un mecanismo más justo”, basado en la libre adhesión. “Los actores del sector decidirán voluntariamente participar del financiamiento del Instituto, en función de los beneficios concretos que perciban de su accionar”, planteó la diputada.
“Reducir el llamado ‘costo argentino’ es una deuda pendiente con los sectores que sostienen la economía real del país”, concluyó Pagano.
El proyecto espera ahora ser tratado en las comisiones correspondientes en el Congreso, donde seguramente abrirá un nuevo capítulo en el debate sobre el rol de los institutos de promoción y su financiamiento.
Para Carlos Odriozola, de la Comisión De Carnes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y representante de la entidad en el Ipcva, primero hay que saber exactamente lo que se cobra al productor y el frigorífico: “Hoy estamos en $375 por cabeza faenada que paga el frigorífico y tiene una deuda bastante grande de casi 3 millones de dólares. Y, por el otro lado, los productores pagan $864 que hace más de año y medio que no se retoca el arancel y está muy por debajo del mínimo que exige la ley".
“Cuando lo pones en cantidad de cabezas de stock, porque se paga solamente sobre 13 millones de cabezas que se van a faenar en el año, cada productor paga $278 por cabeza que hay en el stock por año. O sea, unos 100 gramos de carne por año por cabeza, que realmente es algo insignificante, se pierden en un soplido”, justificó.
“Pero, independientemente de eso, sea mucho o poco, hay que considerar para qué sirve lo que se cobra. La voluntariedad no funciona. La misión principal que tiene el Ipcva es promocionar la carne en el comercio dentro del país y en el exterior y me parece que se logró y se sigue logrando y un ejemplo clarísimo es la apertura del mercado chino, con un esfuerzo mancomunado”, agregó.
Pedido de informes
Por su parte, el legislador nacional pampeano, Martin Ardohain (PRO), presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para solicitar al Poder Ejecutivo información detallada sobre el funcionamiento y los gastos del Ipcva.
El pedido, dirigido al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dice: “Resulta fundamental conocer en qué se gasta el dinero de los productores y si este vuelve a los mismos en hechos tangibles y palpables”.
El legislador solicita, entre otras cosas, que se detalle la nómina completa de empleados del Ipcva, “indistintamente de la modalidad de contratación, función o cargo, y sus respectivas escalas salariales”. También información sobre las instalaciones del organismo, ya sean propias o alquiladas, incluyendo el monto destinado al alquiler en caso de corresponder.
Ardohain pide conocer a cuánto ascienden los recursos actuales del Ipcva y cómo se distribuyen según actividades, capacitaciones, becas o proyectos aprobados.
Asimismo, solicita que se brinde “un detalle claro y ordenado de las actividades y/o convenios” vinculados a los principales objetivos del Instituto, como promover la competitividad de la cadena cárnica, fortalecer el mercado interno y aumentar las exportaciones.
El diputado también solicita un informe sobre los viajes realizados en lo que va del año, incluyendo destino, motivo, cantidad de personas involucradas y el detalle de gastos en pasajes aéreos, alojamiento y viáticos.
“Se financia mediante un tributo de carácter obligatorio abonado por productores y frigoríficos, recaudado por el Estado nacional a través de la Secretaría de Agricultura”, explicó.
“Este aporte constituye una exigencia fiscal adicional que recae sobre un sector que, cada vez más, muestra menor capacidad para sostener dichas cargas”, concluyó el diputado.
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