Caso YPF: la defensa Argentina insiste en que no puede entregar las acciones de la petrolera y criticó a Kicillof
El Estado presentó nuevos argumentos ante la Justicia de EE.UU. para frenar el traspaso del 51% de la propiedad de la firma; advierte que violaría la ley local y que la sentencia es de cumplimiento imposible
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LA NACIONSofía Diamante
La defensa argentina volvió a la carga en los tribunales de Estados Unidos. Anoche presentó dos escritos ante la Justicia del Distrito Sur de Nueva York en los que argumenta por qué el Estado no puede cumplir con la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF, tal como dispuso la jueza Loretta Preska. Además, la Procuración del Tesoro adelantó que presentará en breve la apelación formal a la sentencia dictada la semana pasada y pedirá la suspensión de su ejecución ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
La ofensiva judicial del Gobierno llegó después de que, el lunes pasado, los fondos demandantes —Burford Capital, Eton Park y Bainbridge— rechazaran el pedido argentino de frenar la transferencia de las acciones a los beneficiarios del fallo.
Los abogados de los fondos citaron en sus escritos declaraciones del gobernador bonaerense y exinterventor de YPF, Axel Kicillof. En particular, incluyeron una transcripción traducida de su conferencia de prensa de la semana pasada, donde calificó la decisión de la jueza Preska como un “disparate jurídico” y advirtió que “los vientos de privatización están soplando de nuevo”.
Desde la Procuración del Tesoro respondieron que el gobernador bonaerense y principal referente de la oposición “continúa entorpeciendo y empeorando la posición argentina”.
A lo largo de sus presentaciones, el Estado argentino sostuvo que el pedido de los demandantes implica un ataque directo contra su soberanía y detalló tres argumentos centrales:
- Un caso sin precedentes. No se trata de una disputa comercial tradicional, sino de un juicio excepcional que involucra un fallo por US$16.100 millones, actualmente apelado, y que plantea cuestiones jurídicas complejas. Incluso —destacó la defensa— el propio gobierno de Estados Unidos expresó desacuerdos con la decisión del tribunal.
- Daño irreparable. Cumplir con la orden implicaría violar la legislación local, específicamente la ley de expropiación de YPF, que prohíbe vender acciones sin la aprobación del Congreso. De avanzar, la Argentina perdería de forma irreversible el control de la petrolera.
- Falta de perjuicio y defensa del interés público. Según el escrito, los demandantes no sufrirían daños si se suspende la medida, mientras que su ejecución inmediata podría perjudicar a terceros ajenos al juicio —como provincias y bonistas— y activar cláusulas contractuales en contra de YPF. Por eso, aseguran, lo mejor es mantener el statu quo.
En simultáneo, la defensa también presentó un escrito separado en relación con la demanda de Bainbridge por bonos en default de 2001, que Preska también ordenó pagar con acciones de YPF. Allí insistió con una serie de argumentos similares:
- Que entregar las acciones violaría la ley argentina;
- Que hay buenas chances de revertir el fallo en la apelación, ya que no existen precedentes que avalen ejecutar bienes de un Estado extranjero para transferirlos a otro país;
- Y que no hay perjuicio concreto para el fondo demandante, por lo que la suspensión permitiría un proceso más ordenado para tratar cuestiones legales aún no resueltas.
La presión de los fondos
Del otro lado, los demandantes redoblaron la presión. Acusaron al Estado argentino de haber dilatado el cumplimiento del fallo durante más de ocho años, y de haber conseguido dos años extra desde que se dictó la sentencia, sin una suspensión formal. “Aprovechó al máximo ese tiempo adicional, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal”, cuestionaron en el escrito firmado por el abogado Paul D. Clement.
Para reforzar su postura, los fondos mencionaron los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso la semana pasada —impulsados por los diputados de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño, y los senadores radicales Maximiliano Abad y Pablo Blanco— con el objetivo de impedir el traspaso de las acciones. Según los demandantes, esas iniciativas reflejan que el Estado no tiene intención de cumplir con el fallo, sino de blindar su incumplimiento por vía legislativa.
Ante ese escenario, Burford y Eton Park pidieron al tribunal que rechace el pedido argentino de suspender la orden de entrega de acciones. Y en caso de que se otorgue la medida cautelar, solicitaron que quede condicionada al pago de una fianza millonaria.
Mientras se resuelve esta disputa, la Argentina espera que se designen los tres jueces que conformarán el Tribunal de la Corte de Apelaciones. Los tres actores del caso —el Estado argentino, YPF y los fondos demandantes— ya presentaron todos los escritos necesarios y solo resta el nombramiento de los jueces y la definición de la fecha de la audiencia, prevista para los próximos meses.
En septiembre de 2023, el Estado argentino fue condenado a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses por la expropiación de la petrolera, ocurrida en 2012.
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