El Gobierno anunció la intervención de Edesur por 180 días
Al frente quedó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; la empresa deberá devolverle dinero a los usuarios afectados; la medida, que ya se publicó en el Boletín Oficial, habilita a que la ciudad y la provincia de Buenos Aires se integren al proceso con sus propios representantes
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LA NACION
El Gobierno anunció la intervención administrativa de Edesur por 180 días, según confirmó el ministro de Economía, Sergio Massa, y tal como se especulaba en las últimas horas, tras los masivos cortes del servicio de electricidad que se produjeron en los últimos 15 días que causaron pérdidas económicas y pusieron en riesgo la salud de personas electrodependientes. La medida se publicó este martes en el Boletín Oficial y habilitó a que la ciudad y la provincia de Buenos Aires designen sus representantes en el proceso.
En una breve conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royón; el interventor en el ENRE, Walter Martello; y el secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal, el ministro de Economía indicó: “Utilizando las facultades que la ley nos asigna hemos instruido al ENRE para que intervenga la empresa por 180 días para que se certifique el cumplimiento de las obras que tiene que hacer”.
Massa dejó en claro que esta decisión no afecta el contrato de concesión, pero afirmó que el Estado va a llevar adelante la fiscalización del servicio. Esta intervención por 180 días, que tendrá la tarea de fiscalizar, controlar y monitorear la construcción de las obras para la debida prestación del servicio será llevada adelante por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, un ingeniero muy cercano a Cristina Kirchner. Asimismo, Massa argumentó que “la inminente decisión de Enel [la controlante mayoritaria de Edesur] de poner en venta la compañía, aparece de alguna manera como una situación que genera incertidumbre respecto de la prestación del servicio”.
Massa también hizo referencia a fuertes sanciones económicas que caerán sobre la empresa concesionaria del servicio. “Hemos tomado la decisión de ejecutar los $2700 millones de sentencia como devolución a todos los usuarios que sufrieron corte del servicio. No se afecta el contrato de concesión, pero el Estado va a llevar adelante la fiscalización del cumplimiento de contrato”, precisó.
El ministro también recordó que la semana pasada se procedió a efectuar una denuncia penal por abandono de persona y administración fraudulenta; junto con el pedido de prohibición de salida del país a quienes llevan adelante la compañía.
Oficialización
La intervención entró en vigencia este martes con la publicación de la medida adoptada por el Enre en el Boletín Oficial. A través de la resolución 307, el organismo regulador afirmó que “los procesos operativos de gestión de reclamos” de Edesur así como “la transparencia en la información brindada” por la compañía tanto al Estado como a los “usuarios afectadas se aparta de las buenas prácticas”.
La resolución del Enre, que ya había encargado una Auditoría Técnica Integral y había realizado una denuncia penal contra la firma, tiene varios cuestionamientos contra la prestadora. “La distribuidora incumple en forma recurrente y sistemática con los parámetros de calidad media y, ante eventos de magnitud los procedimientos operativos de atención de reclamos y reposición de suministros fracasan reiteradamente, denotando déficits de recursos, de planificación operativa y de inversiones”, señala uno de los considerandos.
En esa línea, el organismo citó algunos de los elementos preliminares que aportó a la Justicia en su denuncia y señaló que al parecer los recursos de la compañía “no eran suficientes para atender los picos de demandas” y le cuestionó la falta de obras. “El avance del resultado monetario que surge del informe de auditoría integral que el ENRE se encuentra elaborando admitiría concluir que EDESUR S.A. se ha financiado dejando de pagar cuantiosas deudas a la empresa CAMMESA”, expuso y agregó “que no se ha cumplido con las inversiones comprometidas de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)”.
Según la resolución, Ferraresi, en su carácter de interventor, deberá presentar al Enre “informes parciales” cada diez días de las tareas de fiscalización dentro de la compañía y un informe final completo después de finalizada la intervención en el mismo plazo. La norma habilita, además, a los gobiernos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires a designar representantes para que “se integren a la intervención”.
“Poco serio”
El exsecretario de Energía Emilio Apud opinó que se trata de un anuncio “poco serio”, que no va a cambiar en nada la realidad del sector. “Es ponerle un nombre a lo que ya están haciendo con la veedora y la auditoría que está haciendo el ENRE. Se cuidan mucho en decir que no se van a meter en la parte de operaciones, sino que hablan de fiscalizar obras que debe hacer la empresa”, añadió el especialista.
Para Apud, lo dicho en el anuncio es el mismo discurso de siempre. “Por ejemplo, lo de la denuncia penal que que hicieron, que tampoco tiene sentido, porque si tienen al ENRE y tienen a un veedor, y se les pasa por alto que hay actividades fraudulentas y abandono de personas, no sé para qué están”, enfatizó.
Además, Apud subrayó que lo que se pretende es sacar una ventaja con definiciones de figuras abstractas. “Dicen que van a aplicar la intervención con todas las facultades que asigna la ley, pero lo que veo que quizá dentro de dos meses hasta pueden llegar a decir que mejoró la situación del sector, cuando todos sabemos que con las temperaturas que se vienen ahora disminuyen las posibilidades de cortes”, afirmó el especialista.
Para Apud, “esto no va a mejorarle la vida a nadie, solo se va a tratar de mejorar la imagen que tiene un gobierno populista, que muestra que castiga a un supuesto culpable cuando el real culpable es él mismo, que congeló las tarifas desde un primer momento”.
Massa, en tanto, justificó la intervención con postales que se pudieron ver en los medios de comunicación. “Ver comercios teniendo que tirar mercadería; hogares sin luz y sin agua fueron las imágenes que marcaron la agenda de los últimos quince días de la Argentina, sobre todo del AMBA”, señaló.
El ministro confirmó que informará a la Bolsa de Comercio sobre incumplimientos de la compañía, dado que se trata de una empresa que cotiza en el ámbito internacional.
Por su parte, Royón dijo poco después en declaraciones al canal C5N: “La operación de la empresa va a seguir a cargo de la empresa; el ingeniero va a garantizar que las obras que se tenían que hacer se hagan. El interventor no se va a hacer cargo de la operación, pero va a garantizar los intereses del Estado”.
La concesión de Edesur
La concesión se estableció por 99 años y le quedan 69 años de contrato. El concesionario tiene allí garantías que serían vistas a su favor en el tribunal internacional de arbitraje. La controlante mayoritaria es la italiana Enel, que anunció la puesta en venta del 51 por ciento de las acciones a partir de abril, a través del Banco Santander. No se sabe aún quiénes podrían ser los compradores, aunque algunos miran a los accionistas minoritarios y a otros jugadores del sector energético. ¿Será esta una maniobra para bajar el precio a esa venta? Algunos operadores del sector energético lo creen así. La empresa afirma que no existe ningún incumplimiento en el servicio.
El director de Enel, Maurizio Bezzeccheri, se refirió en su oportunidad a si las denuncias contra Edesur podían tener que ver con el proceso de venta y anticipó que, si le quitan la concesión, eso terminará en un tribunal internacional. Lo hizo durante una entrevista con LA NACION. “Es el rol del Ministerio de Economía. Si quiere quitarnos la concesión, lo puede hacer; después esto entra en otro proceso. Tendrá que argumentar por qué la quitó con un análisis independiente, que las partes pueden pedir, que tenga carácter nacional e internacional y que verifique prácticamente si se hizo todo lo que se tenía que hacer. Si piensas que la venta de Enel es un argumento de por qué se ataca a Edesur, si fuera así, sería un problema que no tiene Edesur, sino que tiene el país”, explicó.
El director agregó otro dato. Para Edesur, los usuarios afectados en promedio por día fueron 60.000. “Significa que estamos hablando del 3% de todos los usuarios que tenemos (2,7 millones). Hay un 97% que recibe un servicio medio de uso adecuado y un 3% que no, que es una enormidad para nosotros, porque no estamos acostumbrados a estos niveles. Hay que mejorar aún más la cantidad del servicio para este 97% y trabajar para que el 3% tenga luz como el resto”, dijo.
LA NACION
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