El fin de los subsidios a granel en las tarifas
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LA NACIONNéstor O. Scibona
Es probable que, entre el ajetreo de las fiestas de fin de año y las salidas de vacaciones en lo que va de este verano, muchos argentinos no hayan tomado debida nota de un cambio sustancial en la política de tarifas y subsidios al consumo residencial de electricidad y gas natural en todo el país, que ya está vigente, aunque fue postergado por un mes.
A partir de febrero, cuando se dicte la reglamentación y se fijen los nuevos precios, solo habrá en todo el país dos categorías de usuarios: una con subsidios estatales y otra sin subsidios. Esta última abarcará a parte del ex nivel N3 (ingresos medios) que estaba subsidiado, excepto para quienes acrediten ingresos familiares iguales o inferiores a 3 canastas básicas totales (CBT) medidas mensualmente por el Indec para un hogar tipo 2 (con dos adultos y dos niños). Una suma que en diciembre (último dato) equivalía a algo menos de 4 millones de pesos ($3.926.140).
Para evitar un salto brusco en las facturas sin subsidios, se prevé además que 2026 será un año de transición. Habrá una bonificación extraordinaria inicial de 25% en las de energía eléctrica y gas natural, que será reducida a razón de 2% cada mes hasta agotarse en 2027.
En los hogares con subsidio, este equivaldrá al 50% del precio mayorista aplicable al consumo eléctrico de todo el año, con un tope de hasta 300 kWh/mes en los 7 meses de mayor demanda (verano e invierno) y de 150 kWh en el resto. En gas natural, también se subsidiará el 50% del precio mayorista hasta el consumo tope fijado para cada región del país, pero solo durante el invierno y con los volúmenes actuales de consumo máximo subsidiado. Para gas licuado de petróleo (GLP), el subsidio será de dos garrafas de 10 kg por mes (de mayo a septiembre) y una por mes en el resto del año.
Con este cambio, adoptado después de dos años de gestión, pero iniciado en 2024 con el fuerte ajuste de tarifas postergadas, más corte de subsidios para el ex nivel N1 (altos ingresos), consorcios y empresas, el gobierno de Javier Milei está saldando una cuenta pendiente que desde 2002 causó estragos en el sector energético, principalmente durante los 16 años de populismo kirchnerista, salvo el punto de inflexión del breve paréntesis macrista (2016/18).
Durante la era K, las “tarifas políticas” con precios congelados durante años en el AMBA a pesar de la creciente inflación y cada vez más alejadas de los costos de generar, transportar y distribuir electricidad, al igual que en la cadena del gas natural, no solo frenaron la inversión privada para mejorar los servicios. También los subsidios masivos e indiscriminados para pobres y ricos –como forma indirecta de mejorar el poder adquisitivo y captar votos– catapultaron el consumo de electrodomésticos y la demanda de energía muy por encima de la oferta.
Dos casos emblemáticos de esa época fueron el boom de compras de acondicionadores de aire, que una vez instalados no podían funcionar debido a los recurrentes apagones en los veranos –que aún subsisten, como ocurrió el último jueves–, y el de climatizadores de piscinas en countries o edificios premium con gas subsidiado. También el deterioro del sistema eléctrico disparó el uso de generadores comerciales y residenciales, alimentados por combustibles líquidos a precios mucho más baratos que en los países vecinos. Además, este diferencial de precios, acentuado por el atraso cambiario de 2023, impulsó un riesgoso “contrabando hormiga” con el transporte ilegal de bidones de nafta desde Formosa para vender en Paraguay.
La política ultraintervencionista K fue causa de dramáticas consecuencias macroeconómicas. Por un lado, desalentó durante casi una década la producción de petróleo y gas natural hasta que el fin del autoabastecimiento condujo al cierre forzado de exportaciones y un creciente déficit comercial por costosas importaciones –principalmente de gas natural licuado (GNL)– que repercutieron en la balanza de pagos. Por otro, el indiscriminado gasto público en subsidios llegó a niveles récord de 3% del PBI en 2013 y 3,5% en 2014, una proporción similar al déficit fiscal primario de cada año.
Tampoco estuvo exenta de medidas oficiales disparatadas. Por ejemplo, a fin de 2011, el entonces ministro Julio De Vido (hoy encarcelado) propuso un régimen de “renuncia voluntaria” a los subsidios tarifarios que culminó con un estrepitoso fracaso. Si bien hizo punta al inscribirse, con un discutible argumento de justicia social, solo lo imitó simbólicamente una veintena de funcionarios K de alto rango.
Focalización de subsidios
El nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) fue aprobado a fin de diciembre por decreto (943/25), después de un proceso de consulta pública de tres semanas dispuesto por la Secretaría de Energía. Según sus fundamentos, el objetivo es focalizar la ayuda del Estado en los hogares vulnerables y terminar con múltiples regímenes superpuestos.
Como informó LA NACION, el SEF deja sin efecto la segmentación por niveles de ingresos altos (N1), bajos (N2), medios (N3) y la tarifa social de gas, vigentes desde 2022. Serán reemplazados por las dos únicas categorías (con y sin subsidios) según los ingresos, patrimonio y condición socioeconómica de cada hogar.
Del mismo modo, el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (Resef) sustituye al de acceso a los subsidios a la energía (RASE). Quienes están inscriptos no deben volver a hacerlo, ya que los datos serán migrados automáticamente. En caso de modificaciones, podrán actualizar su declaración jurada en la opción Trámites de la app Mi Argentina. Los cambios de domicilio (y consecuentemente números de los medidores) deberán registrarse en el sitio oficial Trámites a Distancia (TAD).
En un extenso trabajo publicado en la revista de FIEL de enero, el economista Santiago Urbiztondo justifica la razonabilidad del nuevo esquema. Sostiene que resulta perfectamente lógico –y parte de un enfoque económico “liberal ortodoxo moderno”– que, en un contexto de alta pobreza como ha sido el caso de la Argentina desde 2002 y previsiblemente por algunas décadas más, el Estado asista a la población más pobre para que pueda acceder al consumo de bienes y servicios públicos básicos.
Según sus cálculos, el segmento social más vulnerable abarca en todo el país a 6,1 millones de usuarios de electricidad y a 3 millones en gas natural por redes, que en ambos casos tendrán topes de consumo subsidiado dentro de una estructura tarifaria con criterios de eficiencia económica (pagar lo que cuestan los servicios).
Otro economista, Alejandro Einstoss, investigador del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (Instituto Interdisciplinario de Economía Política, UBA-Conicet), coincide en que el nuevo régimen está bien orientado y en línea con los “países normales”, que focalizan la ayuda en quienes más la necesitan y excluyen subsidios para los niveles de altos ingresos. Entre ellos, Brasil, Uruguay y el Reino Unido, según un estudio comparativo realizado por el Instituto en 2024.
Aunque afirma que los umbrales de consumos subsidiados incentivan la eficiencia energética, objeta que rijan para todo el país, ya que no es lo mismo el AMBA que Corrientes o Santiago del Estero. Y explica que, si se aplicara una política pública para reemplazar acondicionadores de aire convencionales por los de tecnología inverter, podría ahorrarse el 20% de la energía eléctrica consumida en los meses de verano.
Por su lado, Urbiztondo recomienda unificar –dentro de cada zona geográfica y con umbrales mayores en las zonas más frías del país– los volúmenes máximos subsidiados de gas natural para los usuarios residenciales sin importar a cuál subcategoría pertenezcan, a fin de evitar inequidades. Con el mismo objetivo, señala la necesidad de reducir las enormes diferencias en los cargos fijos de las facturas de gas y electricidad.
Ambos economistas coinciden además en resaltar la reducción del gasto público en subsidios energéticos lograda en los últimos dos años (de 1,5% a 0,65% del PBI) y ven factible la que prevé el Gobierno para 2026 (0,5%).
Según el último informe mensual del Observatorio, entre enero de 2026 y diciembre de 2023, la factura de energía eléctrica (EE) sin subsidios en un hogar promedio del AMBA registró una suba acumulada de 396% y la de gas natural (GN), de 706%, muy por encima del IPC en el mismo período (194%). Ese salto se produjo en 2024, ya que en 2025 los aumentos fueron de 21% y 29% respectivamente, en ambos casos por debajo de la inflación anual, de casi 32%.
Actualmente, las tarifas de EE cubren el 75% del costo promedio ponderado del servicio, desagregado en 95% para el nivel N1; 33% en N2, y 48% en N3. En GN la cobertura es de 75%, 20% y 25%, respectivamente, con un promedio ponderado de 45%.
Aun así, las tarifas de electricidad no solo muestran enormes disparidades entre el AMBA y las provincias, con valores 120/130% superiores en Santa Fe y Córdoba. A pesar de los ajustes, resultan más bajas que en países limítrofes. Según el informe energético de Daniel Montamat, la tarifa por MW/h en dólares para un consumo mensual de 300 kWh en el nivel N3 equivale a US$53 en el AMBA, a US$211 en Brasil y US$257 en Chile. Es la consecuencia de políticas populistas tipo “viaje ahora, pague después”.
Tipo de trabajo:
análisis
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