El Gobierno oficializó la jubilación anticipada: los cambios y a quiénes alcanza
Por decreto y por las urgencias electorales del oficialismo, se aprobó la prestación para las personas con 30 años de aportes a las que les faltan cinco años o menos para la edad de jubilación; el plan no prevé financiamiento y, al ser temporario, es discrecional y desigual en el reconocimiento de derechos
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LA NACIONSilvia Stang
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, anunciaron este miércoles en la Casa Rosada la implementación de la jubilación anticipada. Se trata de una prestación para personas que cuentan con los 30 años de aportes requeridos por la ley previsional pero les faltan cinco años o menos para llegar a la edad de retiro y se encontraban desocupadas al 30 de junio de este año.
A través de un decreto de necesidad y urgencia (salteándose así el debate legislativo sobre un tema sensible al sistema previsional), que fue publicado este jueves en el Boletín Oficial y que lleva el número 674, se estableció un esquema temporario para que un grupo de personas desocupadas pueda acceder a un beneficio previsional cinco años antes de la edad de retiro fijada por la ley. Con la medida, el oficialismo tiene la intención de conseguir más votos en las elecciones legislativas de noviembre, luego de la derrota en las PASO del 12 de este mes.
Además, en el mismo acto desarrollado ayer en la Casa Rosada se entregaron las primeras jubilaciones por Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado a mujeres, una medida también dispuesta por un DNU que modificó la ley previsional poco antes de las PASO, y en un contexto en el que el Gobierno mantiene demorado el otorgamiento de muchas jubilaciones regulares, ya que el ritmo de altas se ralentizó fuertemente desde inicios de 2020. Según la Anses más de 80.000 madres iniciaron su trámite de jubilación con esta política.
De acuerdo a lo que detalló Raverta, la jubilación anticipada -que será de alrededor de 50.000 pesos en promedio, dijo- alcanzará en su mayoría a hombres. Serán, según las proyecciones del Gobierno, entre 20.000 y 30.000 casos. “La enorme mayoría (el 53%, en rigor, según los considerandos del DNU) perdieron su trabajo durante el gobierno anterior, porque la enorme mayoría son trabajadores del sector industrial”, dijo la funcionaria camporista, cercana a Cristina Kirchner, una de las que tras la derrota en las PASO puso su renuncia a disposición, en una estrategia que debilitó al presidente Alberto Fernández dentro de la muy dura interna del Frente de Todos.
Por su parte, Manzur -que oficia como cara visible del Gobierno tras los cambios en el elenco de ministros- pidió un aplauso para el presidente Alberto Fernández, corrido de la escena.
Según lo previsto, durante un plazo de dos años se habilitará el acceso a una prestación dentro del régimen jubilatorio contributivo a mujeres y varones con 55 años y con 60 años cumplidos (o más, sin llegar a las edades jubilatorias) respectivamente. Las edades requeridas por ley en el sistema general que gestiona la Anses son de 60 y 65 años, para cada caso. Y a eso se suma a la exigencia de contar con 30 años de aportes. Esta última condición sí deberá cumplirse.
El texto elaborado por técnicos de la Anses señala que los solicitantes deberán acreditar 30 años “de servicios con aportes computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el régimen de reciprocidad” con el sistema general. Y aclara que esos aportes deben ser “efectivos”. Por lo tanto, no estará habilitado el acceso si la persona necesita ingresar a una moratoria para llegar a la cantidad necesaria de tiempo con contribuciones (actualmente, más de la mitad de quienes se jubilan tiene esos planes).
Además de los aportes, la otra condición prevista es estar desocupado al 30 de junio de este año. El cobro de la prestación es incompatible con el trabajo en relación de dependencia o por cuenta propia, o con la percepción de algún plan social o beneficio previsional.
En cuanto al monto, se percibirá el 80% de la jubilación que le correspondería en cada caso a la persona. Al cumplirse la edad de jubilación se pasará automáticamente a cobrar la prestación completa. En el caso de los asalariados, para calcular el haber inicial se considera, en primer lugar, el promedio de las últimas 120 remuneraciones (se aplica una actualización a los montos históricos); de ese valor promedio se estima el 1,5% y al resultado se lo multiplica por la cantidad de años aportados. Luego se suma la Prestación Básica Universal (PBU), que es un valor fijo, igual para todos los casos.
Por ejemplo, con un salario promedio de los últimos 10 años trabajados de $80.000, alguien obtendría un haber de inicio de $47.858, en tanto que si accediera a la prestación anticipada que está en estudio el monto sería de $38.286.
En ningún caso se cobrará una cifra menor al haber mínimo, que es de $25.922 desde este mes y hasta noviembre (en diciembre deberá haber otra actualización, según lo establecido por la ley de movilidad).
El régimen que se establecerá es similar al de la ley 25.994, que estuvo vigente entre enero de 2005 y abril de 2007. En ese caso, también podían acceder a una prestación anticipada los trabajadores desocupados que ya contaban con al menos 30 años de aportes y tenían cumplidos los 55 años (mujeres) o los 60 años de edad (varones). Y cobraban el 50% de la jubilación completa que luego les iría a corresponder.
Para afrontar el costo de las nuevas prestaciones no se prevé ninguna fuente especial de financiamiento. Por eso, su instrumentación provocará un mayor desequilibrio en los números del sistema previsional, más allá de que la medida implica un reconocimiento parcial del problema que sufren las personas cuando, a causa de su edad, les resulta muy dificultoso acceder a un puesto de trabajo en caso de haberse quedado sin ocupación.
Según los datos del régimen jubilatorio, actualmente hay menos aportantes asalariados en el sector privado que en 2011, lo cual demuestra que la creación de puestos formales es ya un problema de mediano plazo para el cual no se está ofreciendo una solución.
Por otra parte, la medida, al preverse con un carácter temporario, provoca fuertes inequidades entre los aportantes: se les otorgan a algunos derechos que se les niegan a otros, solamente en función de cuál fue la fecha de nacimiento (lo mismo ocurre con las moratorias previsionales). Son problemas derivados de la discrecionalidad de las políticas y, en definitiva, de la falta de una discusión profunda sobre los cambios que le hacen falta al sistema.
En cuanto a las jubilaciones regulares, con el actual gobierno y la llegada de la pandemia y la cuarentena, se ralentizó fuertemente el número de altas obtenidas por quienes necesitan acceder al beneficio y cumplen con todos los requisitos. En 2020 se jubilaron 120.390 personas, un número que es inferior a la mitad del promedio anual de nuevos jubilados (248.384) de los tres años previos. Eso fue parte del ajuste fiscal concretado por el gobierno de Alberto Fernández, con el que se afectó el gasto previsional (la otra parte del ajuste fue la actualización insuficiente de los haberes). En el primer semestre de este año, en tanto, hubo 96.258 altas de beneficios jubilatorios.
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