El Gobierno autorizó el inicio del proceso para la privatización total de AySA

Un día después de establecer la nueva normativa de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), el Gobierno autorizó por medio del Boletín Oficial el proceso de privatización de la empresa. A través de un sistema de venta, el Poder Ejecutivo permitió la transferencia del 90% de las acciones del Estado al sector privado, y dispuso una licitación pública nacional e internacional de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico.

“Autorízase el procedimiento para la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado nacional, cuyo porcentaje asciende al 90% del capital social de dicha empresa”, establece el Decreto 494/2025, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, el Gobierno impuso que el Ministerio de Economía y la unidad ejecutora “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” deberán adoptar las medidas necesarias para concretar la venta de al menos el 51% del total del paquete accionario de la empresa a un operador estratégico a través del procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional.

Ambos organismos deberán también ejecutar la “venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de titularidad del Estado nacional en AySA que no haya sido vendido”.

En tanto, el Ejecutivo instó a la cartera a cargo de Caputo a “adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”.

Desde el Gobierno, por su parte, justificaron que para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la empresa y consideraron que la privatización de AySA “contribuiría directamente a la mejora en la prestación del servicio público concesionado de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales en el Área Metropolitana, a partir de la implementación de técnicas regulatorias adecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios”.

Este martes fue publicado el Decreto 493/2025, que sustituye al Decreto 304/2006, mediante el cual el Presidente reestructuró gran parte de la normativa y, entre otros puntos, autorizó a la empresa a cortar el suministro a usuarios por falta de pago. Entre otras cuestiones, también se creó un Plan Director de Mejora Estratégica para desarrollar obras de infraestructura y se estableció un punto de cooperación entre APLA y ERAS.

La privatización de AySA ya había sido anunciada días atrás por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien anticipó la transferencia del 90% de las acciones por medio de un esquema mixto de licitación pública nacional e internacional. Además, respecto al 10% restante de las acciones, el funcionario indicó que los empleados permanecerán como accionistas de ese porcentaje restante del capital social de la empresa “dentro del programa de propiedad participada”.

“Todo este proceso será regulado por la Comisión Nacional de Valores y ajustado a los estándares más altos nacionales e internacionales para garantizar la transferencia. La privatización permitirá modernizar el sector y mejorar la calidad del servicio. Este es el paso más importante en el camino para la irremediable privatización de AySA", expresó.

Adorni apuntó contra las gestiones anteriores de la empresa y destacó que cuando Milei llegó a la Casa Rosada “se encontró con que se habían gastado más de US$4800 millones en la última gestión de gobierno” [Alberto Fernández como presidente y Malena Galmarini como titular de la empresa] y apuntó: “Con todo este presupuesto, la empresa funcionó como plataforma de campaña”.

Luego, continuó: “Desde su reestatización en 2006, AySA requirió aportes del Tesoro permanentes totalizando más de US$13.400 millones hasta 2023. En este sentido, indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura y en los costos operativos. La dotación creció un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad de los usuarios alcanzo el 16% cuando supo ser del 4% en promedio”.

LA NACION

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