El Gobierno avanza con la privatización de las represas del Comahue para recaudar US$500 millones
El Ejecutivo lanzó la licitación de cinco centrales hidroeléctricas que aportan el 10% de la energía del país; espera concluir el proceso a fin de año, aunque podría extenderse a 2026; Río Negro y Neuquén recibirán regalías y un canon por el uso del recurso hídrico
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LA NACIONSofía Diamante
En medio de la necesidad de acumular reservas en el Banco Central (BCRA), el Gobierno lanzó de manera oficial el proceso de venta de los paquetes accionarios de las centrales hidroeléctricas del Comahue. La expectativa es recaudar alrededor de US$500 millones, según coinciden fuentes oficiales y del mercado.
El Poder Ejecutivo ya publicó el pliego de Bases y Condiciones que habilita la reprivatización de las concesiones por un período de 30 años, en un esquema similar al implementado en 1993, durante la administración de Carlos Menem.
El vencimiento original de estas concesiones había ocurrido a mediados de 2023, pero tanto el gobierno anterior como el actual fueron prorrogando los contratos. En consecuencia, las centrales continuaron operadas por las mismas empresas hasta la finalización del proceso licitatorio que ahora se pone en marcha.
Las represas incluidas en la licitación son cinco: Alicurá (1050 MW de potencia instalada), operada por la estadounidense AES; El Chocón y Arroyito (1417 MW), administradas por la italiana Enel; Cerros Colorados y Planicie Banderita (472MW), bajo la concesión de Aconcagua Energía, y Piedra del Águila (1440 MW), operada por Central Puerto.
Todas están emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén, entre las provincias de Río Negro y Neuquén. En conjunto, suman una potencia instalada de 4170 MW, equivalente al 10% de la oferta total de energía eléctrica del país.
De acuerdo con lo instruido por el Poder Ejecutivo, la Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar las acciones necesarias para que la venta quede concluida antes del 31 de diciembre. Sin embargo, en la práctica, el proceso podría extenderse hasta el primer semestre de 2026. Según lo dispuesto oficialmente, las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas técnicas y económicas antes del 23 de octubre a las 16 horas, y la apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 17.
El esquema fijado en el pliego establece que una parte de la energía producida se venderá a través de los contratos de concesión, mientras que el remanente podrá comercializarse de manera privada, ya sea mediante contratos a término libremente pactados o en el mercado spot. Inicialmente, el 95% de la energía se destinará al esquema regulado y el 5% a la venta libre. Esa relación se irá modificando año tras año hasta alcanzar, en el año 21 de la concesión, un 100% de energía libremente comercializable.
En paralelo, las provincias también tendrán un beneficio directo: los gobiernos de Río Negro y Neuquén percibirán un 12% en concepto de regalías sobre el precio de venta de la energía, además de un canon provincial del 2% por el uso del recurso hídrico, repartido equitativamente entre ambas jurisdicciones.
El desafío adicional será la necesidad de realizar fuertes inversiones para extender la vida útil de las centrales. El Chocón, por ejemplo, se inauguró en 1973 y requiere un desembolso considerable para continuar en operación bajo estándares de seguridad y eficiencia. Este aspecto es central, ya que la antigüedad de la infraestructura pone presión sobre las compañías que resulten adjudicatarias.
En la Secretaría de Energía justificaron la medida como un paso clave en el reordenamiento del sistema eléctrico. “Con esta decisión, el Gobierno nacional avanza en la transformación del sector energético, priorizando la inversión privada, la transparencia en los procesos licitatorios y la eficiencia en la gestión de los recursos estratégicos del país”, indicaron.
La venta de las hidroeléctricas se enmarca, además, en la segunda etapa del proceso de privatización de Energía Argentina (Enarsa), prevista en el decreto 286/2025. Esa norma establece la venta gradual de activos con el objetivo de consolidar un esquema energético más eficiente, competitivo y con mayor participación privada. La apuesta oficial es que este rediseño del sector permita atraer inversiones, mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y garantizar un abastecimiento acorde con las necesidades de crecimiento económico de los próximos años.
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