El Gobierno lanzó un concurso concesionar las centrales hidroeléctricas sobre los ríos Limay y Neuquén
Se pone en venta cuatro sociedades del Estado que tendrán la concesión de estas instalaciones
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LA NACION
El Gobierno lanzó el concurso público mediante el cual ofrece sus acciones sobre las cuatro sociedades, hoy en manos de dos empresas públicas, que concesionarán durante 30 años las represas hidroeléctricas en Neuquén y Río Negro.
Se trata de una privatización y concesión al mismo tiempo, cuyas condiciones fueron publicadas por el Ministerio de Economía hoy en el Boletín Oficial. En primer lugar, pone a la venta las acciones de Alicurá Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, El Chocón Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Actualmente, sus acciones están en manos de Enarsa y Nucleoeléctrica, dos compañías públicas.
Cada una de estas sociedades lleva el nombre de las represas hidroeléctricas. Las centrales en cuestión son Alicurá (1050 MW de potencia instalada), operada por la estadounidense AES; El Chocón y Arroyito (1417 MW), administradas por la italiana Enel; Cerros Colorados y Planicie Banderita (472MW), bajo la concesión de Aconcagua Energía, y Piedra del Águila (1440 MW), operada por Central Puerto. Las represas están situadas sobre los ríos Limay y Neuquén, entre las provincias de Río Negro y Neuquén.
Las centrales actualmente están concesionadas y controladas por privados, en un esquema implementado durante la gestión menemista. 30 años después cambiarán de manos, también privadas. En ese sentido, desde el Gobierno plantean que lo que se pone en venta son las acciones de las sociedades creadas como unidades de negocio, pero no las represas, que son un activo del Estado.
“No se admitirán Ofertas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o por Agrupaciones de Colaboración en los términos Código Civil y Comercial de la Nación. Tampoco podrán presentarlas las personas o entes comprendidos en el Artículo 1° de la Ley N° 23.696, ni las personas o entes centralizados, descentralizados o autárquicos provinciales o municipales, o que fueren controlados directa o indirectamente por Provincias o Municipios", incluye las condiciones del Concurso.
Con esta condición el Gobierno buscó asegurar el concepto de privatización, ya que fijó que no se aceptarán ofertas de entes públicos.
Además, la segunda parte de esta medida refiere una concesión. Los ganadores del Concurso que se queden con las acciones de cada una de las cuatro sociedades, que hacen referencia a las centrales hidroeléctricas, tendrán la explotación de las mismas durante “un plazo de treinta años contados a partir de la fecha de la toma de posesión”.
Con respecto a las condiciones que debe cumplir el concesionario sobre la generación energética, el documento publicado en Boletín Oficial explica que “a lo largo de la vigencia del Contrato de Concesión” tendrán que vender la energía que generen en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Fuentes oficiales señalaron que la concesión también establece ”obras y trabajos obligatorios en seguridad de presas, medioambiente y operación".
En cuanto a los plazos, el Gobierno planteó que los actuales concesionarios, cuyo contrato ha sido prorrogado, operarán en las centrales hasta el 31 de diciembre o el momento en que se encuentren operativos los nuevos dueños de las sociedades que el Estado puso en venta. “Lo que ocurra primero”, decidió el Ministerio de Economía.
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