El vaciamiento de YPF, una política de Estado
Hasta hace muy poco eran mejores amigos, casi de la familia, los Kirchner y los Eskenazi. Eran tan amigos que gracias a Néstor y Cristina, "Enrique, Sebastián y Matías" (como los llamaba cariñosamente la Presidenta en actos públicos) se convirtieron en dueños del 25% de YPF, la mayor empresa del país, sin tener experiencia alguna en la industria petrolera y sin poner un peso. Un gran ejemplo de "la nueva burguesía nacional que necesita el país, aunque algunos nos critiquen", decía la Presidenta, radiante. Y ellos la miraban emocionados.
Pero ahora la furia de Cristina Kirchner y del Gobierno les ha caído encima, a ellos y a los españoles de Repsol, por la dramática pérdida del autoabastecimiento energético del país. Es verdad, en los últimos años se desplomaron las reservas y la producción de gas y petróleo de YPF, pero lo mismo ocurrió con toda la industria. Durante 108 meses seguidos, en los casi nueve años que lleva este gobierno en el poder, las reservas de gas cayeron 55% y las de petróleo, 15%, cuando en el mundo y la región hubo una gran expansión.
La enmarañada política energética kirchnerista es un modelo similar al que se aplica en trenes y aeronavegación: precios fijados oficialmente por debajo de los costos de producción, subsidios cruzados, negocios para los amigos y mucha corrupción. A esto hay que sumarle retenciones móviles de más del 100%, que generaron fabulosos ingresos fiscales y destruyeron las reservas del país.
Durante estos nueve años el Gobierno negó la crisis energética, pero ahora, con una cuenta creciente de más de US$ 12.000 millones al año para importar energía a precios siderales (que amenaza con comerse gran parte del superávit comercial), Cristina y sus funcionarios buscan culpables… a gritos.
La Presidenta podrá hacerse la sorprendida con YPF, pero el vaciamiento de la mayor empresa del país, y la consiguiente depredación de sus yacimientos, es el resultado directo del acuerdo de "argentinización" diseñado personalmente por Néstor Kirchner, que siempre estaba en todo, y refrendado por los funcionarios del actual gobierno, el secretario de Energía, Daniel Cameron, y Roberto Baratta, director estatal en YPF.
Contrato
El contrato societario firmado por Repsol y el Grupo Eskenazi el 21 de febrero de 2008 –publicado desde entonces en la página de la Comisión Nacional de Valores (CNV)– obliga a los accionistas a distribuir el 90% de las utilidades anuales, cuando lo usual es el 25 por ciento. Este mecanismo permitió que "el amigo argentino" comprara su parte en la empresa con los dividendos de la propia compañía.
Yo misma lo denuncié en el Congreso en junio de 2008: "Los estados financieros que presentó YPF a la CNV, en los primeros meses de este año, muestran que Repsol y Eskenazi como accionistas han retirado utilidades extraordinarias y anticipadas por US$ 1800 millones, cuando la empresa prevé solamente tener una utilidad de US$ 1200 millones para todo el año. Esto no se llama inversión. Esto se llama descapitalización. Y esto, en criollo, se llama vaciamiento".
La cláusula 7.3 del acuerdo societario es tan explícita como perversa: "Las partes acuerdan distribuir en forma de dividendo el noventa por ciento (90%) de las utilidades de la compañía; que serán satisfechos en dos (2) pagos cada año. Las partes votarán a favor de los acuerdos sociales necesarios para que la compañía acuerde la distribución de un dividendo extraordinario de ochocientos cincuenta millones de dólares estadounidenses (US$ 850.000.000) que será pagado: (i) un 50% durante 2008 (25% durante el primer semestre y 25% durante el segundo semestre); y (ii) el otro 50% durante 2009 (25% durante el primer semestre y 25% durante el segundo semestre)".
Pregunto: si se acordó retirar prácticamente el total de las ganancias cada año, ¿con qué dinero se esperaba financiar la reposición de reservas y la ampliación de la producción?
Repsol aceptó el acuerdo sin protestar, porque así emprendía la retirada con los bolsillos llenos y silbando bajito. Además, esta práctica depredadora la utilizó en la Argentina desde el inicio. Entre 2003 y 2007 repatrió el 97% de las utilidades de la empresa. Toda esta información está en los balances públicos.
Repsol, además, aprovechó la euforia generada por la "argentinización", para separar los activos del holding español de los de la petrolera estrictamente argentina. En el proceso, se quedó con todos los yacimientos que YPF había comprado en los 90 en Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia y Rusia, cuando era una multinacional argentina controlada por el Estado nacional. Esos yacimientos hoy valen una fortuna, porque los compró a US$ 20 el barril de crudo, que hoy está a US$ 100.
La "argentinización" fue una puesta en escena para ocultar una gran estafa. Los accionistas de YPF distribuyeron casi US$ 5000 millones en ganancias, endeudaron a la empresa en US$ 2300 millones, mientras las reservas y la producción cayeron sin parar. En estos cuatro años los Eskenazi recibieron cerca de US$ 1000 millones. Con eso ya repagaron gran parte de los US$ 2235 millones que Repsol y un consorcio de bancos europeos les prestaron para financiar el 25% de la petrolera. Si era gratis, ¿por qué no la compró el Estado?
Sugestivamente, este consorcio estuvo liderado por el Credit Suisse, el banco donde Néstor Kirchner depositó los más de US$ 600 millones que se fugaron de Santa Cruz cuando él era gobernador. La provincia recibió ese dinero en 1999, cuando Kirchner decidió venderle a Repsol –todo queda entre amigos– el 5% de las acciones que la provincia tenía de YPF. Enrique Eskenazi fue el banquero que gestionó la fuga de los dineros públicos a través del privatizado Banco de Santa Cruz, de su propiedad. Y Daniel Cameron, actual secretario de Energía, fue el director de YPF durante la década del 90. Como vemos, un grupo de amigos que desde hace mucho saben muy bien cómo hacer negocios privados con el patrimonio público.
La Presidenta se podrá hacer la indignada pero, con todo respeto, no es creíble. Toda la operatoria fue avalada por documentos públicos que fueron refrendados por los funcionarios y organismos responsables. El Gobierno no ha sido la víctima, sino el victimario.
La autora es senadora nacional por la Coalición Cívica
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