Fate: el Gobierno analiza si prorroga la conciliación en medio de un paro y una nueva denuncia en la Justicia
Habrá una audiencia virtual mañana a las 11 entre las partes; el Sutna activó una huelga de 24 horas en todas las fábricas del sector e impulsa una presentación judicial
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A horas del vencimiento de la conciliación obligatoria, el conflicto por Fate escala en simultáneo en el plano sindical y político. Mientras el Gobierno de Javier Milei analiza si concede una prórroga por cinco días a la conciliación, el gremio activó un paro nacional y anticipó nuevas acciones judiciales.
La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo se realizará este miércoles a las 11 de manera virtual. Desde la cartera laboral señalaron a este medio que la conciliación puede extenderse, aunque la decisión dependerá del resultado del encuentro. En las audiencias previas no hubo avances: la empresa ratificó su decisión de mantener paralizada la planta de Virreyes y el sindicato insistió con la reapertura inmediata y la reincorporación de todos los trabajadores.
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) resolvió en asamblea profundizar el plan de acción. Además del paro de 24 horas en todas las fábricas del sector —con excepción de la propia planta de Fate, que permanece sin actividad— aprobó una presentación judicial para exigir que la compañía cumpla con un acuerdo firmado en mayo de 2025 ante la Secretaría de Trabajo. Según el gremio, ese entendimiento le permitió acceder a beneficios de reducción de aportes a cambio de comprometerse a no realizar despidos hasta julio de 2026.
La organización sindical sostiene que el cierre configura un incumplimiento de ese compromiso y que la firma no se encuentra en concurso ni en quiebra, sino que tomó una “decisión comercial”.
En paralelo, el sindicato adelantó que impulsará la figura de la “ocupación temporánea”, un mecanismo previsto para situaciones excepcionales que permitiría al Estado nacional o provincial intervenir la conducción de la empresa con el argumento de preservar el interés social o estratégico. El planteo gremial se apoya en que Fate es la única productora local de cubiertas radiales para camión y ómnibus, un segmento clave para el transporte de cargas y pasajeros.
Del lado empresario, la compañía sostiene que no están dadas las condiciones técnicas y de seguridad para retomar la actividad y denunció una ocupación ilegal del establecimiento, algo que el sindicato rechaza. En las audiencias anteriores, la firma solicitó el desalojo del predio para verificar el estado de las instalaciones y afirmó que acatará plenamente la conciliación una vez que existan garantías operativas.
El conflicto también escaló al máximo nivel político. El presidente Javier Milei cuestionó este domingo en la apertura de sesiones del Congreso a los “empresarios prebendarios” y denunció la “extorsión” de dejar a más de 900 trabajadores en la calle mientras se reclamaban medidas de protección comercial para el aluminio.
La referencia apuntó directamente a Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate y también principal accionista de Aluar, la única productora de aluminio primario del país, cuyo grupo empresario había solicitado medidas antidumping que el Gobierno rechazó.
En 2025, las importaciones de neumáticos crecieron con fuerza y la capacidad instalada en el rubro caucho y plástico se ubicó en niveles históricamente bajos. Al mismo tiempo, medidos en dólares mayoristas, los precios de las cubiertas retrocedieron de manera significativa desde fines de 2023, luego de varios años en los que habían subido por encima del promedio de la economía.
En la provincia de Buenos Aires también hubo gestiones paralelas. Funcionarios bonaerenses participaron de audiencias y manifestaron disposición a evaluar alternativas para sostener la continuidad productiva, aunque reconocen que el encuadre principal del conflicto es nacional.
Con la conciliación a punto de expirar y sin señales de acercamiento sustantivo entre las partes, la definición oficial sobre una eventual prórroga será determinante. Si el Gobierno decide extenderla, buscará ganar tiempo para forzar una negociación. Si no lo hace, el conflicto podría trasladarse con mayor intensidad al terreno judicial y político, en un sector atravesado por la tensión entre apertura comercial, la baja actividad y la caída del empleo.
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