Hay equipo, pero deberá entrenar durante el partido

Cuatro días antes de asumir la presidencia de la Nación, Alberto Fernández oficializó ayer que su ministro de Economía será Martín Guzmán, un macroeconomista joven y heterodoxo de neto perfil académico, sin experiencia en la función pública, especializado en reestructuraciones de deudas soberanas y discípulo del premio Nobel Joseph Stiglitz, el economista extranjero favorito de Cristina Kirchner.

Al poner fin a esta incógnita también confirmó que otro economista ortodoxo, Matías Kulfas, estará al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo, cuyo título implica toda una definición ya que concentrará buena parte de los sectores dedicados a la producción de bienes. La excepción es Agricultura, que tendrá un ministerio a cargo del ingeniero agrónomo Luis Basterra, expresidente del INTA y diputado nacional, como interlocutor directo del sector quizás más refractario al retorno del kirchnerismo al poder.

Una de las pocas sorpresas fue la designación de Cecilia Todesca como vicejefa de Gabinete, para secundar a Santiago Cafiero con una visión económica y probablemente de coordinación entre tantos ministerios. Al igual que Kulfas, esta economista vino trabajando con Fernández desde el Grupo Callao, orientado por Mercedes Marcó del Pont, quien conducirá la AFIP.

Por su parte, CFK, pese a su función como vicepresidenta, se reservó las designaciones de los titulares de organismos claves como el Banco Central (Miguel Pesce), la Anses (Alejandro Vanoli) y el PAMI (Luana Volnovich) y el derecho de vetar a otros que quedaron en el camino.

En cuanto al equipo económico en sí, no solo se caracteriza por su heterodoxia, sino también por la heterogeneidad de sus antecedentes en la función pública. Algunos ya ocuparon segundas líneas y el ministro Guzmán hará su debut. Probablemente deberá ser secundado por funcionarios con experiencia, y por eso se menciona a Martín Abeles (en Política Económica) y a Raúl Rigo (en Hacienda o Presupuesto). Por su parte, Guillermo Nielsen, quien presidirá YPF, dará los últimos toques al proyecto de ley para impulsar la producción exportable de Vaca Muerta. Pero queda en una posición expectante para cuando la reestructuración de la deuda pase de la teoría a la práctica en la negociación con los acreedores externos.

A primera vista, Alberto Fernández buscaría replicar el esquema de la segunda mitad del mandato de Néstor Kirchner cuando, tras desprenderse de Roberto Lavagna, designó técnicos de bajo perfil y se reservó las decisiones políticas.

Esta posibilidad deja de ser una conjetura tras el anuncio de institucionalizar un Consejo Económico Social con autonomía y presidente designado con acuerdo del Senado, aunque sin precisar su integración. Su función será articular un "contrato social", que suena mejor que un acuerdo de salarios y precios. Aun así, no se privó de fustigar las remarcaciones preventivas ante la expectativa de un congelamiento y de anticipar que se revisarán conductas irresponsables. También confirmó que después de asumir dispondrá aumentos de jubilaciones y salarios bajos, incluyendo al sector público.

Este andamiaje obligará al equipo económico a hacer camino al andar, como si tuviera que entrenar durante el transcurso de cada partido, ya que no todos sus integrantes vinieron trabajando coordinadamente. Y está claro que tampoco habrá un programa de equilibrio general que articule todas las áreas, como sugerían varios consultores privados desde fuera de la política.

En sus habituales exposiciones ante empresarios, el economista Carlos Melconian suele decir que la futura política económica será un PPP ("plan peronista puro"), como antítesis del ultraortodoxo "plan picapiedra" (acordado por el FMI con Nicolás Dujovne). Cree que su alcance es de corto plazo, ya que consistiría en reactivar el consumo de los sectores de menores ingresos a través de aumentos de suma fija y mayores dosis de emisión monetaria, mientras se define cómo se concretará la inevitable reestructuración de la deuda en moneda extranjera.

Hasta que se conozcan en detalle las primeras medidas económicas del nuevo gobierno, hay un puñado de cuasi certezas y un sinfín de interrogantes que dependerán, básicamente, de decisiones políticas.

Entre las primeras, puede darse por descontado que el cepo cambiario hard se mantendrá para preservar las reservas netas del BCRA, que se ubican en torno de US$10.000 millones (las brutas ascienden a US$43.700 millones). La razón es que los vencimientos de deuda en dólares entre enero y mayo de 2020 suman alrededor de US$12.800 millones y, aunque se encare una renegociación rápida con los acreedores, incluyen US$4400 millones con organismos internacionales (Banco Mundial, BID, etc.) que no son refinanciables.

Con esta perspectiva, el mayor o menor endurecimiento de los controles cambiarios estará supeditado al flujo diario de la caja en dólares del BCRA, que se verá obligado a preservar, al menos, US$4500 millones para ese último destino. Si la demanda fuera superior a la oferta de divisas de los exportadores, no sería descartable que reaparezca el recargo a cuenta de impuestos aplicado entre 2012 y 2015 a fin de desalentar las compras de moneda extranjera para viajes y turismo al exterior.

Un elemento a favor es el superávit comercial del orden de US$13/14.000 millones que deja este año el gobierno de Macri, aunque no tanto por el aumento de las exportaciones (10%) -como destacó por la cadena nacional-, sino por el desplome tres veces superior de las importaciones debido a la fuerte recesión.

Otro es que el tipo de cambio real se ubica ahora en los niveles de 2006 y permitiría sostener en 2020 un saldo comercial que no debería bajar demasiado mientras se encara la negociación de la deuda, a la vez que se descuenta un aumento de retenciones al agro -de magnitud incierta- para fortalecer el frente fiscal. También el cepo deja cierto margen para estabilizar el dólar si funciona el acuerdo de precios y salarios destinado a cortar la inercia que implica ajustarlos a la inflación pasada.

Entre las múltiples incógnitas para el corto plazo, ocupa un lugar central el volumen y dosificación de la emisión monetaria prevista para cubrir la escasez de pesos, bajar las tasas de interés, reactivar el consumo y la actividad económica, donde la industria opera con 40% de su capacidad instalada.

Si el flamante equipo económico se pasara de rosca con la "maquinita" y no repunta la demanda de dinero actualmente en el nivel más bajo de los últimos ocho años, correrá el riesgo de ensanchar la brecha cambiaria y, por consiguiente, generaría prematuras expectativas devaluatorias. Por otro lado, si el impulso monetario al consumo fuera tal que se extendiera a bienes durables (celulares, electrodomésticos, motos, autos, etc.), el riesgo sería debilitar el superávit comercial ya que esos sectores producen con un alto porcentaje de insumos importados.

La emisión monetaria podría ser protagonista además en la cancelación de la deuda en pesos del Tesoro (LETE, Lecap, Lecer, etc.) reperfilada en el último tramo de la gestión de Macri. Pero alrededor de la renegociación sobre la deuda en dólares los interrogantes son si sólo se buscará la extensión de plazos hasta que la economía se recupere, si habrá quitas de intereses o de capital y cuál será el rol del FMI.

Alberto Fernández admitió ayer que se trabaja con el Fondo desde hace semanas. No hace mucho anunció su negativa a reclamar los desembolsos pendientes (US$13.000 millones), para "no aumentar una deuda ya impagable". Pero también se anticipó a una realidad: para liberar esos fondos o ampliar su asistencia a la Argentina, el organismo impondría como condición una serie de reformas estructurales (tributaria, previsional, laboral, etc.) que el nuevo gobierno claramente no está dispuesto a impulsar. Sin embargo, también necesitará extender los plazos para reembolsar el crédito stand by, que se concentran mayormente en 2022 y 2023 y no admiten quitas. Para esa gestión, deberá presentar un sendero de disciplina fiscal que, además, servirá como referencia y aval para la renegociación de la deuda con los acreedores privados.

El presupuesto para 2020 debería ser el punto de partida, pero es una incógnita ya que el proyecto original, de septiembre, quedó prematuramente desactualizado antes de recorrer su camino legislativo. Ahora deberá ser reformulado en diciembre para adaptarlo a la estructura de numerosos ministerios "progasto" y, como contrapartida, subir impuestos al patrimonio y las exportaciones, mientras la indexación del gasto previsional aparece como el problema políticamente más difícil de resolver.

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