La economía, en vísperas de un choque colosal
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PARA LA NACIONMarcos Buscaglia
Hay un viejo cuento de un banderillero de un tren de cargas en medio del campo al que vienen a tomarle examen. El inspector le pregunta qué tiene que hacer si ve que dos trenes se encuentran a punto de colisionar en la (única) vía que cruza su puesto. Él responde que primero prueba con la banderilla de un color; si no funciona, con la de otro color, y si no funciona, con un farol especial para estos casos. El inspector aprueba y le repregunta: ¿y si nada de eso logra hacer que frenen? Y, en ese caso, dice el banderillero, llamo a mi esposa: ¡María, María, vení a ver que se viene un choque espectacular!
A pesar de las múltiples advertencias que ha recibido, el Gobierno está empujando a la economía argentina a un choque espectacular. El impacto va a ser dantesco y, lamentablemente, ya agotamos todas las señales para evitarlo. Entonces, hay que poner el foco en aliviar a los heridos, en despejar las vías y en reconstruir el capital perdido, para así poder empezar a mover la economía nuevamente.
Varias acciones que tomó el Gobierno recientemente tienen un alto impacto tanto simbólico como práctico para empujar a la economía a una crisis sin precedentes.
La primera es un manejo chapucero y politizado de la cuarentena. El comienzo fue relativamente auspicioso, con una cuarentena implementada tempranamente bajo el asesoramiento de especialistas en salud independientes y con un diálogo con referentes de la oposición que están al mando de gobiernos subnacionales. Luego, todo se derrumbó, desde lo simbólico y desde lo práctico. Desde lo simbólico, se utilizó la cuarentena para hacer politiquería barata, acusando a los que viajaron al exterior, a los runners, etcétera. Al mejor estilo populista generaron enemigos imaginarios para alimentar el circo y así tapar su incompetencia. Desde lo práctico, el tiempo ganado con la cuarentena temprana debía haberse dedicado a diseñar una estrategia masiva de testeo, identificación y aislamiento, la cual nunca se implementó. También se podrían haber probado estrategias de cuarentenas segmentadas por grupos etarios, que hubiesen minimizado el impacto económico.
Como consecuencia de este dislate, la Argentina está en camino a tener una de las cuarentenas más duras y prolongadas del mundo, con el consiguiente costo en términos de quiebras de negocios y empresas y la pérdida masiva de empleo. Las medidas de alivio económico fueron valiosas pero insuficientes, tanto por la historia que arrastra nuestro país como por errores de implementación del gobierno. El error más grosero, como quedó en evidencia estos días con la retirada de la aerolínea Latam del mercado de cabotaje, fue la inflexibilidad para echar empleados y las dificultades para suspenderlos o reducirles el sueldo. Si bien todas estas medidas son dolorosas, a veces son necesarias, como cuando un cirujano le amputa una pierna a un herido de guerra para salvar su vida. Acá, muchas empresas se están muriendo por no poder amputar.
Para empeorar las cosas, el Gobierno tomó un giro de difícil retorno con la imposición de kafkianas restricciones cambiarias el 28 de mayo y con la intervención de Vicentin, con la intención de expropiarla unos días después. Desde lo simbólico, las restricciones cambiarias y el intento de expropiación -usando lenguaje como "soberanía alimentaria" y "empresas transnacionales"-recordaron a los pocos distraídos que quedaban que este no es un gobierno superador del kirchnerismo, sino su cuarta aparición, quizás tan chavista como antes, pero desmejorada por la falta de recursos.
Desde lo práctico, estas acciones tendrán implicancias importantes sobre la actividad, la inversión y los precios. Es muy difícil operar, existiendo una economía global integrada en la que se producen partes en todos lados y se intercambian, en un país donde no se sabe cuándo te cortan el acceso al mercado cambiario para poder importar. Muchas empresas van a tirar la toalla y van a irse del país. Otras, cuando se revitalice el ciclo de inversiones global, ni van a mirar a la Argentina. Mientras tanto, en el corto plazo la restricción está afectando la producción, los precios y, por lo tanto, la competitividad de industrias que utilizan bienes o servicios importados, como el sector de la economía del conocimiento.
Las acciones gubernamentales con respecto a Vicentin son un ataque directo a la propiedad privada tal como está consagrada en nuestra Constitución Nacional. De nada sirve detenerse en las características o en el manejo de los socios de Vicentin, o en las razones que llevaron a la empresa a ir a un concurso de acreedores. Nuestro sistema institucional tiene una forma de resolver estos problemas, incluyendo reestructuraciones de la deuda y cambio de dueños en caso de ser necesario. El Estado no tiene nada que hacer, más allá de defender sus intereses como un acreedor más, por los préstamos que le haya otorgado la banca pública a la empresa. Una vez que toleremos la intervención en una empresa, ¿Quién nos asegura que el Gobierno no seguirá interviniendo otras? Las palabras del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, en una entrevista televisiva en la nacion+, argumentando que "hay muchas empresas concursadas y no vamos a expropiarlas a todas", trajeron aún más intranquilidad.
Si bien la Justicia revirtió la intervención de Vicentin el viernes pasado, el daño está hecho. Por efecto de la crisis el número de empresas concursadas crecerá fuertemente. ¿Qué pasará con ellas? Los problemas, además, se retroalimentan. Excluyendo YPF, hay vencimientos de bonos corporativos por mas de US$8900 millones entre 2020 y 2023, emitidos por empresas de los sectores más diversos de la economía.
¿Cuál será la predisposición de los acreedores para refinanciar esas deudas, sabiendo que corren el riesgo de que luego la empresa sea intervenida o expropiada? Es decir, la intervención de Vicentin puede llevar a más empresas a un concurso de acreedores. Quizás es lo que estaban buscando.
En un entorno así, la inversión, que ya es muy baja en la Argentina, caerá aun más. En el corto plazo eso es un problema para la recuperación de la economía posCovid. En el mediano plazo, nos condena a mantener niveles de pobreza muy elevados.
Un estudio de Ricardo Arriazu y Fernando Marengo hecho en el año 2016 mostró que, para disminuir los niveles de pobreza a niveles del 10% en los próximos 20 años, el PBI necesitaba crecer en promedio cerca de 4,6% por año, para lo que se requiere un nivel de inversión de ocho puntos superior -en términos de PBI- que en los 55 años anteriores. Es imposible lograr un aumento de la inversión en un contexto de derechos de propiedad tan débiles.
También es difícil lograrlo en un entorno macroeconómico volátil y sin acceso a fuentes de financiamiento baratas, lo que nos lleva al próximo punto.
La otra acción que esta tomando el Gobierno y que nos puede empujar a una crisis colosal es la no resolución de la saga de la deuda. A más de 10 meses de haber arrasado en las PASO, que lo depositaron finalmente en la Casa Rosada, la actual administración nacional no termina de resolver este tema. Se perdió mucho tiempo al inicio en el diseño de un programa económico, el que de todas maneras nunca se dio a conocer. Luego se emprendieron las negociaciones, sin negociar. Así, el gobierno hizo una oferta unilateral que tuvo -supuestamente- menos del 20% de aprobación por parte de los acreedores. Un papelón que debilitó la postura de la Argentina en la mesa de negociaciones.
Después de este fracaso, el Gobierno comenzó a modificar su postura para acercarse a valores aceptables para los acreedores. Pero la semana pasada, cuando las diferencias monetarias con un grupo de acreedores eran insignificantes y con otros grupos eran pequeñas, las conversaciones se cortaron. Además de diferencias legales en el diseño de los bonos nuevos, aparentemente el Gobierno no quiere moverse de un valor de 49,9 dólares (por cada 100 dólares de deuda), un número solo simbólico para la tribuna política, ya que por otro lado parece estar dispuesto a endulzar su oferta con un instrumento parecido a los famosos "warrants", que tanto nos costaron en el pasado.
La posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores no está cerrada, aunque la probabilidad de terminar en un default total o parcial parece haber aumentado.
Un default podría costar una caída de hasta cinco puntos del producto bruto adicionales a los que ya va a caer la actividad económica como consecuencia de la cuarentena y de las medidas chavizantes. Nos podría llevar, efectivamente, a ser una de las economías con peor desempeño en el mundo en 2020-2021.
Mas allá de su magnitud final, el choque económico será colosal. Es tiempo de ponernos a pensar en reformas institucionales y macroeconómicas y también en acuerdos básicos para que no vuelva a ocurrir nunca más.
El autor es economista. PhD (Universidad de Pensilvania); fue economista jefe para América Latina de Bank of America Merrill Lynch. Coautor de ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? c/S.Berensztein
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