La fuerza del fallo Candy
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Uno de los casos tributarios fundamentales al que se abocó la Corte Suprema en la agenda de 2009 fue el denominado fallo Candy. Allí, por primera vez en su historia, el máximo tribunal consideró acertado que una empresa hubiera presentado el balance de 2002 con el ajuste por inflación a los efectos del pago del impuesto a las ganancias.
La firma había probado que pagar el impuesto sin ese ajuste equivalía a elevar la alícuota efectiva del tributo al 62% o tomar el 55% de la renta contable, muy por encima del 35% de la alícuota legal, lo cual importaba una confiscación del derecho de propiedad. La prueba aportada fue crucial.
Este fallo seguirá dando que hablar: si bien es acertado, los contribuyentes se preguntan qué hubiera decidido la Corte si la aplicación práctica del impuesto no llegaba a tomar esos porcentajes de riqueza sino uno menor, como por ejemplo, el 48 por ciento. Según informaron varias fuentes, circuló en la Corte un borrador con el intento de fijar un tope del 46,5%, pero se desechó.
Sin embargo, hay algunos casos en alto tribunal donde se discuten afectaciones cercanas al 50% y por allí pasa la expectativa de las próximas sentencias.
Otros casos en estudio fueron iniciados por muchas empresas contra las provincias de Catamarca, San Luis y La Rioja, donde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está citada como tercero. Allí están en juego los diferimientos impositivos.
Terreno político
Pero si lo que se busca es un tema que exceda la agenda económica y que ingrese de lleno en lo político, habrá que observar lo que ocurra con los casos Camaronera Patagónica y Pesquera Costa Brava, que son dos expedientes que, siquiera parcialmente, rozan un asunto sensible: allí se discuten retenciones a las exportaciones.
En estos casos, las retenciones impugnadas no son confiscatorias, a diferencia de lo que ocurría con la resolución 125 del Ministerio de Economia que, en 2008, hizo estallar el conflcto entre el Gobierno y el campo.
También tienen algunos problemas con la prueba. Pero la Corte ya le pidió a algunos funcionarios que estudien de cerca el problema de la delegación legislativa.
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