Censo 2022: las dudas y temores que se despiertan con la medición más importante de los últimos 12 años

El censo 2022 transcurre en un contexto novedoso. Es la primera vez que incorpora su versión digital y los datos se recopilan con herramientas tecnológicas inexistentes hace 12 años. Para algunos especialistas, se trata de un desafío y un potencial problema para el Gobierno. Por un lado, el Indec debe asegurar la información recabada para protegerla de que se filtre o sea hackeada. Por otro, el avance de la tecnología podría evidenciar contrapuntos entre este censo y el de 2010, cuyos resultados fueron cuestionados en la previa del día D oficial, hoy.

Las entidades y expertos que trabajan con esta clase de bases de datos, como también representantes de la oposición, reclaman que el desarrollo y las conclusiones del censo se realicen con la mayor apertura y transparencia posible. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, es uno de los principales exponentes en la materia. Opinó, en comunicación con LA NACION, sobre la importancia de que todo el proceso censal sea llevado adelante con comunicación abierta.

“Un censo produce confianza. Se sabe que tendrá errores, pero lo importante es que sea creíble. La mejor manera de lograrlo es que el Indec sea transparente. [Marco] Lavagna [titular del Indec] tiene que abrirse. Hoy, con los técnicos y profesionales que vamos a manejar el censo, debería haber un diálogo franco o tal vez un trabajo de vinculación profesional”, dijo.

Durante las reuniones que mantuvo Lavagna en el Congreso, se despertaron algunos puntos de conflicto. Martín Tetaz, diputado por el radicalismo, pidió explicaciones con respecto a las denuncias de adulteración de los datos del censo 2010 en La Matanza. Lo cruzó Germán Martínez, diputado del Frente de Todos, quien cuestionó por el “tono de sus preguntas”. El tema de fondo es que varios dirigentes de la oposición y especialistas consideran que los registros demográficos del último censo no fueron fidedignos ni su proceso de obtención, transparente.

Para Salvia, será una buena señal que los datos sean publicados desagregados, no previamente tabulados, lo que permite un análisis intensivo por parte de los representantes de la sociedad civil. “Los datos no se dan a conocer de manera desagregada porque las inconsistencias son muchas. En 2010, los errores fueron groseros”, agregó.

“El Indec es un desastre. Tiene problemas institucionales y técnicos importantes. Todo el censo se está haciendo a pulmón, están haciendo lo mejor que pueden. No tienen recursos y los trabajadores de línea, los de planta permanente, son los mismos que estuvieron en la intervención. Es una estructura moralmente degradada, con poca motivación, anquilosada y vieja. Debería transformarse a una agencia que integre todos los registros. Esa transformación, que se prometió en el gobierno de Macri, no se hizo. Para lo que es, se está haciendo mucho con escasos recursos en un contexto inflacionario”, le dijo el académico de la UCA a LA NACION.

Para el transcurso del censo, Salvia destacó la importancia de monitorear el acompañamiento de efectores sociales a las tareas de los censistas en zonas del conurbano para asegurar que puedan llegar a todas las casas.

Otro de los puntos que cree fundamental es que se arroje claridad sobre el plan de análisis de los datos crudos. “Es un tema en el que ya habría que estar trabajando, con los microdatos abiertos. Confío en que esta administración del Indec va a hacer lo que pueda, con vocación de servicio. Mi demanda es de mayor comunicación, información y que todos los procesos poscensales sean muy transparentes. El censo tiene que estar acompañado de esa estrategia de comunicación para que gane confianza”, explicó.

Por otro lado, insiste en la necesidad de que el Indec explique las técnicas de seguridad con las que resguardará la información. “Va a haber secreto estadístico. Cuánta protección tendrán esos datos no deja de ser una preocupación en un Indec tan degradado. No creo que crucen los datos con la AFIP, en este estado de opinión pública. Ni creo que sea posible un robo de información o hackeo. Pero tampoco se sabe qué nivel de seguridad tendrá la información. No está garantizada la seguridad informática”, cerró.

Medición de la pobreza

Si bien el censo no medirá el mercado laboral en sí -punto que fue cuestionado por la oposición-, generará la estructura con la cual el Indec trabajará por los próximos 10 años para medir variables fundamentales. Hay cinco preguntas del cuestionario que suscitan dudas. Van de la 26 a la 30. Las primeras dos son: “Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora, sin contar tareas domésticas?; “En esa semana, ¿hizo una changa, fabricó algo para vender afuera, ayudó a un familiar o amigo en su chacra o negocio?”.

El censo es fundamental por los cambios que se producen en los marcos muestrales, para los estudios posteriores que realiza el instituto, que está midiendo los indicadores con bases sustentadas en el censo de 2010 -que ya tiene 12 años de antigüedad, a pesar de algunas modificaciones técnicas y además es ampliamente criticado por errores en su desarrollo-.

Esta parte del cuestionario reflejará la población económicamente activa. La “vara baja” fue cuestionada por algunos legisladores. Lavagna explicó que estas preguntas servirán para armar el marco de muestra para la EPH y que, además, se trata de parámetros internacionales fomentados por la Organización Internacional del Trabajo.

Sin embargo, la estructura utilizada mundialmente tiene efectos no deseados cuando es aplicada en la Argentina, explicó Agustín Salvia. “El problema no está en el censo, sino en nuestra estructura. El censo va a identificar un parámetro global. Lo que ocurre es que en nuestros registros oficiales un 47% de la población está fuera del sistema. En países centrales estaría desocupado. En principio, causará un aumento en la tasa de ocupación. Por la cantidad de horas, deberían estar subocupados”, dijo a LA NACION.

Medición de las personas con discapacidad

Durante el gobierno de Cristina Kirchner las pensiones por invalidez pasaron de 197.000 a un millón. En su libro Primer Tiempo, Mauricio Macri se refirió al tema y dijo: “Era un sistema malo y anticuado, porque permitía el fraude y porque, aún bien aplicado, sacaba del mercado laboral a personas con discapacidad”. El repentino aumento de las prestaciones despertó alarmas.

El censo pondrá en evidencia las desviaciones del sistema, de acuerdo con expertos como Salvia. “En las encuestas, registramos que de toda la población que se autodeclara o que alguien declara que tiene alguna discapacidad física o mental, solo el 60% tiene certificado. El censo va a dar cuenta de esta cuestión. Hay un subregistro. Hay poblaciones que reciben pensiones que no corresponden, que la tienen por necesidades de ingresos y eso tuvo que ver con la distribución en las provincias y municipios. Se va a demostrar que hubo algún nivel de discrecionalidad en la distribución y que no toda la población está cubierta”, comentó Salvia.

La pregunta en cuestión es: “En este hogar, ¿hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para... ¿Caminar o subir escaleras? ¿Recordar o concentrarse? Por ejemplo, recordar la dirección de su casa. ¿Comunicarse, por ejemplo, entender o ser entendida por otras personas? ¿Oír, aun con el uso de audífonos? ¿Ver, aun con anteojos puestos? Por ejemplo, ver la letra impresa en un diario. ¿Comer, bañarse o vestirse sola?”.

Para algunos legisladores, la formulación podría prestarse a confusión respecto a dificultades propias del avance de la edad con discapacidades que implican una atención especial por parte del Estado, de acuerdo con la legislación vigente.