Lavado de dinero: el Gobierno trabaja en un DNU para regular a las billeteras cripto en la Argentina
En 2022 se empezó a debatir una ley que regule a las criptomonedas, pero el proyecto quedó trabado en el Senado el año pasado; la vista del Grupo de Acción Financiera Internacional obligó al Ejecutivo a acelerar los trámites
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Por Luján Berardi y Melisa Reinhold
En una carrera contrarreloj, el Gobierno estaría ultimando los detalles para la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que regulará a las plataformas de compraventa de monedas digitales. Tras años de grises normativos en la industria, se espera que en las próximas dos semanas se defina a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como la autoridad de aplicación de un registro de billeteras digitales cripto.
Esta repentina aceleración por regular al sector tiene un porqué. El 6 de marzo, la Argentina quedará bajo la lupa, debido a que se llevará adelante la cuarta ronda de evaluación en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GDFI). Si el país recibe una calificación negativa, ya que de mínima se exige un registro de proveedores de servicios de activos virtuales (incluidas las plataformas de criptomonedas), la noticia tendría un impacto tanto en los usuarios como en los bancos e incluso las compañías que operan a nivel internacional.
“Originalmente, se iba a sacar una ley que regule al sector, pero el año pasado quedó trabado en el Senado. Pero es una iniciativa que impulsaron tanto La Libertad Avanza como Unión por la Patria, porque esta evaluación tiene implicancias jurídicas, económicas y financieras. Porque las empresas que están en un país que se encuentra en la ‘lista gris’, en general le cuesta más o se le imposibilita colocar o tomar deuda; mientras que las exigencias de los bancos internacionales para empresas de países que están en ‘la lista gris’ son más intensas o costosas, incluso cierran las cuentas en determinadas jurisdicciones”, explicó Juan Pablo Fridenberg, director de Asuntos Públicos en Lemon y uno de los impulsores de la Reforma Tributaria cripto que se está impulsando a través de la Cámara Argentina Fintech.
Esta lista gris está conformada en la actualidad por países como Burkina Faso, Camerún, las Islas Caimán, Croacia, la República Democrática del Congo, Haití, Jamaica, entre otra docena y media más. En definitiva, este organismo se encarga de la lucha contra el lavado de activos y consideran que las criptomonedas forman parte del ecosistema financiero.
Es ahí donde la Comisión Nacional de Valores cobrará protagonismo, ya que será autoridad de aplicación de ese registro y regulador del sector. En tanto, el DNU sería iniciativa de la Unidad de Información Financiera (UIF), dependiente del Ministerio de Justicia.
“Se está analizando si debe haber alguna regulación con respecto a las criptomonedas. No obstante, si sale la ley o DNU modificando la normativa de prevención de lavado de dinero y pone a la CNV a cargo del registro de proveedores de servicios de activos digitales, va a haber una serie de regulaciones vinculadas al texto que se desprenda de la misma”, confirmaron fuentes de la Comisión Nacional de Valores a LA NACION.
Posturas del sector
Sobre la posible implementación de un DNU regulando las criptomonedas y las billeteras virtuales hay diversas posturas. En el caso de ONG Bitcoin Argentina, hay ciertos puntos que rechazan o toman con recaudo.
A través de un comunicado, su presidente, Ricardo Mihura, expresó: “Lo que la ONG rechaza es que, con la excusa de seguir lineamientos del GAFI, se introduzcan medidas que atentan contra la libertad en la comercialización de bitcoin y que restringen el acceso al mercado de criptoactivos, que han sido refugio de valor y garantía para la libertad de trabajo de miles de ahorristas y de freelancers durante todos estos años de inflación y de medidas de arbitraria restricción monetaria”.
En este sentido, lo que la asociación critica no es que los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) tengan la obligación de informar a la UIF sobre operaciones sospechosas, ni que haya un registro sobre estos, sino el hecho de que deban obtener una licencia por parte de la CNV para poder operar.
A esto agregó que la definición de PSAV como sujetos obligados debe referirse solo a los grandes exchanges y excluir a las personas que realizan operaciones persona a persona (P2P), a título habitual o no, con liquidación en cuentas bancarias o de Proveedores de Servicios de Pago (PSP), que ya son sujetos obligados. Esta definición estaría equiparando a los cuentapropistas con bancos o grandes billeteras virtuales. Y también sostuvo que el registro de los proveedores debe centralizarse en la UIF y no ser habilitante para el ejercicio de la actividad, sino de carácter meramente informativo.
A su vez, el comunicado afirma: “Es inevitable que ese tipo de regulaciones solo generen restricciones a la competencia y privilegios para las empresas más cercanas al regulador. Además, inducen a la ciudadanía a operar en exchanges internacionales, los cuales quedan siempre fuera de la potestad regulatoria local”.
Uno de los problemas es que, tras la redacción de la ley para regular el mercado de las criptomonedas y del parate que significó el cambio de gobierno, algunas fuentes del sector comentan que todavía no están claras las condiciones a seguir si se aprueba el DNU. Es el caso de Gabriel Vago, CEO de ArgenBTC, quien en diálogo con LA NACION sostuvo, a pesar de esto, que cree oportuno que se llegue a un acuerdo.
Por otro lado, Carlos Peralta, líder de Políticas Públicas de Bitso Argentina, se refirió a los beneficios que podría implicar que se regule el sector y dijo: “Nosotros creemos que esta regulación dará más previsibilidad a la industria y, por tanto, más seguridad a los inversores, siempre y cuando sea acompañada por una buena reglamentación, y para ello es fundamental el diálogo por parte de las autoridades de UIF Y CNV con el sector privado”.
Peralta también comenta que Bitso siempre se autorreguló para cumplir con la licencia de Gibraltar, que supervisa a los participantes en el mercado de criptomonedas, y que la prevención del fraude y el lavado son centrales para la compañía. “En ese sentido somos optimistas. Estamos abiertos a dialogar y colaborar con los reguladores para arribar a una buena norma. De ninguna manera creemos que esto pueda ser perjudicial para el intercambio P2P que utilizan usuarios más experimentados”, completó.
En el mismo sentido apuntó Fridenberg, quien remarcó que ante la falta de regulación por parte del Estado, las compañías locales tuvieron que sentarse a dialogar y definir algunos consensos mínimos para el desarrollo de la industria. Se tomaron estándares internacionales de otras actividades análogas para crear alertas, generar reportes y prevenir o detectar tempranamente cualquier operación sospechosa. En el caso de Lemon, decidieron crear un panel donde los usuarios pueden ver en tiempo real los activos bajo custodia que tiene la plataforma.
“Cualquier regulación va a tener un costo de adecuación. Algunas tendrán que cambiar su estructura societaria, otras tendrán que contratar proveedores del exterior para monitorear de forma automatizada y segura las operaciones, para que el dinero no vaya a billeteras asociadas al delito. Pero cuando hay tantos autos andando y no hay semáforos, ocurren los accidentes. Necesitamos reglas claras para los usuarios, los organismos y las empresas. La regulación en la Argentina va a dar seguridad jurídica para que las compañías decidan invertir o aumentar sus negocios en el país. Pero necesitamos que no sea algo solo un requisito burocrático, sino una regulación inteligente, que tenga un capítulo tributario que vaya de la mano”, concluyó.
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