Lo que oculta el caso Aerolíneas

En las últimas dos décadas la Argentina ha tenido un extraordinario desempeño económico. El producto bruto interno (PBI) creció en términos reales un 127% y el ingreso per cápita, un 80 por ciento.

Este crecimiento es el segundo mayor de América latina durante ese período, y mayor incluso que el del llamado "milagro español", que se dio durante las dos décadas posteriores a la incorporación de España a la Unión Europea. Mejor aún: hoy la economía argentina no presenta grandes desequilibrios que deba corregir (ni externos ni fiscales). En ese contexto, las turbulencias del mercado cambiario que han copado los titulares de los diarios de las últimas semanas no reflejan un problema de fondo para nuestra economía.

Mucho más relevantes son las otras dos noticias que sacudieron la semana: el desmantelamiento del esquema de subsidios y la crisis de Aerolíneas Argentinas. Estos sí son síntomas de un problema fundamental y que es el verdadero desafío de los próximos años: nuestra inhabilidad para usar los impuestos de los contribuyentes de una manera eficiente y equitativa.

En el caso de la Argentina, no es que no se hayan destinado recursos para proveer bienes públicos. De hecho, el gasto público creció en 12 puntos del PBI desde 2005. El crecimiento nominal del gasto, en ese período, fue del 500 por ciento.

El problema es que, a pesar de este aumento fenomenal de recursos, los contribuyentes sentimos que obtenemos poco a cambio.

Movimiento tardío

Los subsidios son un claro ejemplo. El Gobierno gastará en ellos durante 2011 unos $ 63.000 millones. Esta cifra es el equivalente a 5,4 veces lo gastado en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde hace años es evidente que lo que se gasta por esta vía está focalizado, en gran medida, en los segmentos de ingresos más altos del área metropolitana.

Los subsidios, a su vez, redujeron los incentivos a la inversión, generando un déficit de oferta, y fomentaron un uso excesivo de esos servicios. Es difícil pensar en un gasto público peor concebido, peor diseñado y más perverso desde el punto de vista redistributivo. Allí los nuevos cambios implementados por el gobierno nacional son un movimiento casi obligado, quizá tardío, en la dirección correcta.

No ocurre lo mismo con otro ejemplo de gasto público mal concebido que tiene su emergente con el conflicto de Aerolíneas Argentinas. Es difícil entender el beneficio social que obtienen los contribuyentes resignando el equivalente a unos 1000 kilómetros de rutas anuales para que el segmento más rico de la población pueda acceder a un servicio que ni siquiera luce muy atractivo (asumiendo que puedan volar).

Un análisis del origen de las pérdidas de Aerolíneas identifica el problema en los vuelos internacionales, nuevamente el segmento usado por los más ricos, mientras que los destinos domésticos, que serían "destinos sociales", explican un porcentaje minúsculo de las pérdidas. Estoy seguro de que miles de contribuyentes hubieran elegido otro destino para los US$ 2800 millones que habrá recibido Aerolíneas entre 2008 y 2012.

El peso de intereses sectoriales

Dentro de los problemas que aquejan a Aerolíneas Argentinas, uno son los sueldos que paga a su personal, con aumentos muy significativos desde la nacionalización. Recuerdo que hace unos años las autoridades de YPF (Repsol) me pidieron que investigara por qué estaban teniendo tanto conflicto social en Tartagal, Salta. Para ello, con mi colega Sebastián Galiani, de la Universidad de Saint Louis, entrevistamos a 500 ex empleados de la petrolera estatal.

Cuando analizamos su situación salarial encontramos que diez años después de la privatización ganaban la mitad del salario real que percibían en la estatal YPF. Sin embargo, los sueldos de YPF (Repsol) eran los de mercado. De aquí se deducía que los sueldos de la empresa pública duplicaban a los de mercado. Nuestras estimaciones, publicadas en el Journal of Labor Research , indicaban que estos "sobresueldos" alcanzaban la cifra de un millón de dólares (de entonces) por día.

Hoy Aerolíneas recibe un subsidio diario que duplica ese monto, y no es difícil concluir que su origen corresponde en parte al mismo motivo, ya que la génesis del problema es en ambos casos la misma: una dirección que enfrenta presiones (sindicales, políticas, etc.) muy concretas, que tiene que sopesarlas contra un beneficio muy difuso: una gestión austera y eficiente de la que se beneficia toda la sociedad. En esa puja, típicamente prevalecen los intereses sectoriales e inmediatos en detrimento de la gestión o del beneficio social.

Si creciéramos hasta 2020 como en los últimos ocho años, llegaríamos al nivel de ingreso per cápita que tiene Nueva Zelanda hoy.

Pero para ser un país desarrollado deberemos mejorar dramáticamente la calidad de nuestros bienes públicos. Más allá de los ruidos del mercado cambiario, allí es donde se juega el futuro de la Argentina.

El autor es presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires