Mantener el cálculo de inflación le daría al Gobierno un alivio fiscal de hasta 0,3% del PBI, según cálculos privados

La decisión del Gobierno de mantener la base de medición de la inflación de 2004/2005, en lugar de actualizarla con la canasta de productos y servicios de 2016/2017, podría reportarle un leve beneficio fiscal al Ejecutivo, en un contexto en el que la recaudación acumula seis meses consecutivos de caída.

Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a ratificar que el país “no puede tener déficit” y que, por ese motivo, todos los cambios que impulsa el Gobierno en material fiscal son “quirúrgicos”. Lo dijo luego de ser consultado por la eliminación de algunos impuestos internos a la compra de autos de lujo, incluida en el proyecto de ley de Modernización Laboral, pero que cuya aplicación, en caso de ser aprobada, podría demorarse en la etapa de reglamentación que depende del Ministerio de Economía. Se trata de un tributo cuyo costo fiscal rondaría el 0,1% del PBI, según estimaciones de la consultora Invecq.

En ese marco, la decisión de mantener la actual medición de la inflación permitiría al Gobierno ahorrar entre 0,1% hasta 0,3% del PBI, de acuerdo con distintas estimaciones privadas. Esto se explica porque las consultoras proyectan que la inflación de este año, medida con la metodología actualizada, hubiese sido apenas superior a la calculada con la base de 2004, como consecuencia de la decisión oficial de aplicar este año nuevos aumentos en las tarifas de agua, gas y electricidad.

El ahorro fiscal se produciría porque cerca del 60% del gasto público se actualiza por inflación: al ser menor el índice, también lo sería el ajuste del gasto. Además, el Estado afrontaría menores pagos de capital por las instrumentos de deuda que ajustan por CER (inflación).

Según el Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia, la inflación de este año medida con la base de 2004/2005 sería de 25,9%, pero habría alcanzado el 28,5% con la base de 2017/2018. El Gobierno, en tanto, desmiente esta proyección y dijo que hay que “ser adivino” para hacerla.

Estas proyecciones parten del supuesto de que, durante este año, las tarifas de servicios públicos —luz, gas, agua y transporte— crecerán por encima del promedio general. De concretarse estas hipótesis oficiales, y dado que el peso de los servicios en el índice general aumentaba más de cinco puntos porcentuales respecto de la medición vigente, según la consultora LCG, la inflación anual hubiese sido apenas más elevada con la canasta actualizada.

“Una diferencia de dos o tres puntos porcentuales en el año no sería demasiado significativa, salvo que haya ajustes tarifarios muy desmedidos o un salto del tipo de cambio fuera del escenario base”, explicó Matías Rajnerman, economista del Banco Provincia. “Sin embargo, el índice de inflación sirve de referencia para muchas actualizaciones, como las paritarias del sector privado, pero también para la actualización de jubilaciones y prestaciones sociales del sector público nacional”, agregó.

“Si asumimos que la inflación del año ronda el 25%, una diferencia de dos o tres puntos —que a priori parece menor— implica un aumento del gasto en jubilaciones y pensiones, y de los pagos por títulos ajustables por CER. En total, con nuestra proyección de tarifas —que sigue el sendero planteado por el Gobierno—, el ahorro superaría los $4,3 billones”, agregó Rajnerman.

La economista Lorena Giorgio, de la consultora Equilibra, proyecta que la inflación en 2026 sería 25% utilizando los ponderadores vigentes y 26,5% utilizando la canasta de 2017/2018. “En este marco, el ahorro por prestaciones sociales asciende a 0,05% del PBI, equivalentes a unos $600.000 millones. Por el lado del ahorro vía pagos de deuda indexada por CER, el ahorro asciende a $500.000 millones (0,04% del PBI)”, dijo, y aclaró que no están contabilizando la recomposición salarial que podrían pedir los empleados públicos, dada la caída del salario real durante la gestión actual de Javier Milei.

El año pasado el Gobierno informó un superávit fiscal primario de 1,4% del PBI, por debajo del 1,6% que se había autoimpuesto el Ministerio de Economía. En 2024, el superávit fiscal había sido del 1,8% del PBI y para este año la meta es alcanzar un 1,5%.

El economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, estimó que el gasto indexado representó el año pasado el 6,8% del PBI. “Por cada punto de inflación que resulte menor al que se hubiera registrado con la nueva metodología, el ahorro es de 0,1% del PBI, o el equivalente a unos US$700 millones. Si bien no se sabe con precisión cuál sería la diferencia final en la inflación, esa cifra sirve como referencia del ahorro potencial”, explicó.

Según la consultora LCG, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 la inflación minorista medida con ponderadores actualizados habría sido 14 puntos porcentuales superior: 200% frente a 186%. “Casi nueve puntos de esa brecha se generaron en 2024, cuando los servicios —impulsados por la recomposición de tarifas, divisiones que ganaron peso en la canasta 2017/18— crecieron muy por encima del resto (189% interanual frente a 118% del nivel general). También influyó el efecto del ancla cambiaria sobre los bienes transables, que subieron apenas la mitad (96%). Los otros cinco puntos porcentuales de la brecha se explican por lo ocurrido en 2025”, detalló la consultora.

En paralelo, el Gobierno señaló que, con la nueva metodología de focalización de los subsidios a la energía —que implicará mayores aumentos para los usuarios de ingresos medios y bajos—, espera reducir este año el gasto destinado a ese rubro del 0,65% al 0,5% del PBI. La administración actual heredó un gasto en subsidios energéticos equivalente al 1,7% del PBI a fines de 2023, que redujo al 1% en su primer año de gestión y al 0,65% el año pasado.

Caputo dijo ayer también que se hará una nueva encuesta de hogares para calcular el índice de inflación y afirmó que “los patrones de consumo de hoy difieren más con los de 2018 que con los de 2004″, pese a que el peso del costo de los servicios ahora es mayor dado la recomposición de tarifas, que 22 años atrás cuando estaban congeladas.

En la región, los años base de las distintas canastas que se utlizan para medir la inflación tienen una antiguedad de menos de 10 años, como es el caso de Chile (2023), Uruguay (2022), Colombia (2018), México (2018), Brasil (2017/2018) y Paraguay (2017).

Por Sofía Diamante

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