La SIDE repelió un ciberataque contra la cancillería argentina

El debate por la carga impositiva que tiene la exportación en la Argentina tuvo un nuevo capítulo. Luego de que las automotrices manifestaran en distintas oportunidades la necesidad de reducir impuestos a nivel provincial y municipal “para mejorar la competitividad”, fue el ministro Luis Caputo quien adhirió al reclamo al cuestionar la carga tributaria ejercida por provincias y municipios a la producción y exportación.

Según sus dichos, el gobierno nacional ha trabajado en el último tiempo en reducir los impuestos al sector y “está en análisis” la eliminación tanto de impuestos internos como los derechos de exportación (2% sobre cada unidad).

La decisión del Gobierno de Javier Milei de postergar nuevamente la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) —prevista originalmente para enero y basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) 2017/2018— dejó vigente una medición que continúa apoyándose en patrones de consumo relevados hace más de dos décadas.

Aunque el IPC actual incorporó cambios metodológicos en los últimos años, la estructura de la canasta sigue respondiendo, en buena medida, a la Engho 2004/2005. Eso implica que algunos bienes y servicios hoy marginales —o directamente desaparecidos— continúan influyendo en la medición, mientras otros consumos más recientes no fueron plenamente incorporados.

Tras la creación de una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir “operaciones de los medios”, la senadora Patricia Bullrich explicó que se tratará de un organismo conformado por funcionarios que ya forman del Gobierno y no tendrá financiamiento aparte. En este sentido, también le consultaron si encuentra algún paralelismo entre la nueva entidad y el Nodio -el observatorio estatal creado por el kirchnerismo- y tuvo una curiosa reacción.

“Si usted tiene una determinada información que dice que hubo un tiroteo en el que un policía le tiró por la espalda a una persona y la mató adrede, pero resulta que es mentira, esta oficina va a intervenir y así se podrá evitar que sea juzgado bajo homicidio agravado”, ejemplificó la exministra de Seguridad en LN+. Luego, el periodista Luis Majul le dijo que, en ese caso hipotético, un juez no se dejaría llevar por una fake news, a lo que respondió: “Estas cosas salen todo el tiempo. Es una respuesta objetiva, sin nombres”.

El entendimiento gestado entre las administraciones de Donald Trump y Javier Milei abarca diversos puntos cruciales que aspiran a reconfigurar el panorama económico entre ambas naciones.

El acuerdo incluye numerosos ejes, como reducción de aranceles para industrias claves, alineamiento de estándares, fortalecimiento de protección de propiedad intelectual, y un compromiso para promover un comercio recíproco.

El presidente Javier Milei solicitó al Senado la renovación del acuerdo del juez de la Cámara de Casación, Carlos Alberto Mahiques, para que pueda seguir ejerciendo como magistrado después de los 75 años, edad que cumple a fin de año y a partir de la cual solo se puede continuar en el cargo con un nuevo nombramiento.

Lo hizo con una nota que firmó junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que ingresó a mesa de entradas de la Cámara alta, según pudo corroborar LA NACION.

Con la mira puesta en la liberalización de las relaciones comerciales, el gobierno de Javier Milei espera ahora que el Congreso avale los dos pactos internacionales que firmó en este arranque 2026: el del Mercosur con la Unión Europea (UE) y el que selló su administración este jueves con Estados Unidos.

Según pudo saber LA NACION, hoy la Casa Rosada remitió el acuerdo Mercosur-UE al Palacio Legislativo y tiene pensado también derivar el pacto rubricado en Washington por el canciller Pablo Quirno con el encargado de la Oficina del Representante Comercial de ese país, Jamieson Greer.

Luego de mucho peregrinar al Ministerio de Economía y de apelar a los buenos oficios del ministro del Interior, Diego Santilli, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a cargo de Jorge Macri logró que la Nación desembolsara $190.000 millones en concepto de las transferencias por coparticipación que habían sido pactadas bajo el paraguas de la Corte Suprema.

La decisión, que se cristalizó por medio de la decisión administrativa N°2, es un reflejo de la intención, tanto del gobierno nacional como del gobierno porteño –incluida la cúpula de Pro-, de recuperar la pax política tras una seguidilla de cortocircuitos que, a fines del año pasado, desgastaron su relación de aliados. Entre las desavenencias figura, justamente, la deuda que acumula la Nación con la ciudad por la demora en hacer efectivas las transferencias por coparticipación.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires está en estado de ebullición, en búsqueda de una síntesis, que se dilata. Ya no se habla de unidad, sino de evitar una ruptura. Una frenética negociación entre los enviados de Axel Kicillof y Máximo Kirchner, que tiene la supervisión de Cristina Kirchner, pero que no incluye diálogo directo entre los socios políticos.

No sólo es la presidencia del partido. También se discuten los 32 representantes en la mesa del Consejo, que suman cuatro por sección. Más las 15e sillas que suman los representantes de las ramas gremial, de las mujeres y la juventud.

Apenas unas horas después de la inauguración de la nueva oficina, desmintió a través de X un artículo de Clarín sobre supuestos retrasos en el programa Volver al Trabajo (VAT). Calificó la publicación de “burda operación”, argumentando que la nota contradecía su propio titular: “No hay ninguna demora; el programa tiene vigencia hasta abril y los fondos ya fueron transferidos para garantizar las prestaciones hasta esa fecha”, escribió en la red social. Más tarde, celebró la supuesta eliminación de la noticia, aunque en realidad el medio optó por modificar el título, pero nunca borró el artículo.

Más tarde, arremetió contra la legisladora porteña de la izquierda Vanina Biasi, quién en una publicación de hace dos días había denunciado la decisión de gobierno de pedir el desafuero de diez gremialistas del Hospital Garrahan con el fin de despedirlos tras acusarlos de haber tomado ilegalmente las oficinas de la dirección en pleno conflicto por la financiación del nosocomio.

La nueva Oficina de Respuesta Oficial, creada por el Gobierno para “desmentir” periodistas y versiones difundidas por los medios, quedará en manos de Juan Pablo Carreira, un funcionario de estrecha identificación con el universo digital libertario. El área funcionará bajo la órbita de Manuel Adorni, exvocero presidencial y actual jefe de Gabinete de Javier Milei.

Carreira es conocido en redes sociales por el seudónimo Juan Doe (@jdoedoe101101). Desde allí construyó un perfil de alto impacto, con más de 202.000 seguidores en X, basado en la defensa cerrada del rumbo del Gobierno y el ataque directo y con insultos a dirigentes opositores, periodistas y analistas críticos. Su actividad digital se articula con otras cuentas del ecosistema libertario, como la de Daniel Parisini (Gordo Dan) y la del diputado bonaerense Agustín Romo, todos cercanos a las “Fuerzas del Cielo” del asesor presidencial, Santiago Caputo.

Mientras el gobierno de Donald Trump avanzó en los últimos días con la firma definitiva de acuerdos comerciales con dos países de la región, El Salvador y Guatemala, funcionarios argentinos tienen pautada para este jueves una reunión en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), a cargo de Jamieson Greer, quien fue el encargado de suscribir esos recientes pactos.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis Kreckler, jefe negociador del acuerdo marco de comercio e inversiones sellado con Estados Unidos el 13 de noviembre pasado, viajó a Washington, donde cerca del mediodía local se desarrollará el encuentro en la sede del USTR.

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya se encuentra en Buenos Aires para avanzar en las la segunda revisión del acuerdo por US$20.000 millones vigente con la Argentina y la consulta del Artículo IV, la evaluación periódica que realiza el organismo sobre la situación macroeconómica y las políticas de cada uno de sus miembros.

Según informó el Fondo, el equipo está encabezado por Luis Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, y Bikas Joshi, jefe de misión del FMI para la Argentina, como parte del “compromiso continuo” con el país.

El exviceministro de Economía Joaquín Cottani explicó este jueves su salida del Gobierno de Javier Milei tras haber apuntado ayer contra el ministro Luis Caputo por la postergación de la nueva medición de la inflación. Además, cuestionó el valor el tipo de cambio y el plan económico.

El cruce comenzó cuando el exfuncionario se pronunció en contra de la decisión del Gobierno de postergar la aplicación del nuevo índice de precios del Indec y asegurara que la fórmula ya estaba terminada en junio de 2024 . Después de esas declaraciones, el ministro de Economía lo subestimara al afirmar que sólo estuvo en el cargo porque Domingo Cavallo lo había recomendado.

En medio de las tensiones con el sindicalismo por la reforma laboral, que el Gobierno apunta a tratar el 11 de febrero en el Congreso, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, defendió el proyecto y argumentó que “no solo preserva los derechos adquiridos, sino que busca adaptarlos a las necesidades del mercado actual”, con especial foco en los jóvenes y las pequeñas y medianas empresas.

“No hay motivos para tener miedo; al contrario, hay motivos para estar esperando que esto suceda”, afirmó Cordero en Radio Rivadavia, quien vinculó la necesidad de estos cambios al estancamiento del empleo registrado que el país arrastra desde hace más de una década.

La Subsecretaría de Derechos Humanos pidió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el cese de la medida que mantiene a Milagro Sala bajo prisión domiciliaria desde 2017, para que cumpla su condena en una cárcel.

El Ministerio de Justicia sostuvo que “Milagro Sala, exlegisladora jujeña y dirigente de la organización barrial Túpac Amaru, condenada por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, debería estar cumpliendo su condena en la cárcel, sin privilegios, como ocurre con el resto de los delincuentes”.

En la antesala al debate por la reforma laboral en el Senado, la cúpula de la CGT se reunió ayer en secreto con cinco gobernadores peronistas para coordinar una estrategia de cara a la sesión convocada para el miércoles próximo en la Cámara alta. Se debatió sobre la posibilidad de bloquear el quórum y evitar el avance de la discusión del proyecto que envió Javier Milei para tratarse en sesiones extraordinarias.

La reunión entre los gobernadores y los sindicalistas se desarrolló en un clima de reserva y hermetismo tras la fallida cumbre de mandatarios provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), los desplantes de Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) a la central obrera y el avance de las negociaciones del oficialismo con sectores aliados.

Tras la embestida de Cristina Kirchner contra el juicio de los Cuadernos de las Coimas, que incluyó un pedido de nulidad y duras acusaciones contra la ley del arrepentido, el proceso continúa hoy con los planteos del financista arrepentido Ernesto Clarens, una pieza clave en el presunto engranaje de recaudación, que actuó como cambista de los empresarios.

Al exponer, su abogado marcó que el régimen de arrepentidos (ley 27.304), al que se acogió su cliente Clarens, no logra conciliar bien la doble condición de colaborador y acusado.

Ante el anuncio oficial con el resultado de los 40 sumarios abiertos desde octubre pasado por la toma de la dirección del Hospital Garrahan, para las autoridades del hospital la ocupación de la dirección “fue un punto de quiebre” en la adhesión interna a las medidas de fuerza. Entre los sumariados, diez cuentan con protección gremial, lo que requiere la intervención judicial para que se efectivicen los despidos a los que ayer se refirió la Casa Rosada, además del plazo administrativo para los descargos.

“Durante 2025, que fue un año electoral, hubo 40 paros [en el Garrahan] y la frecuencia fue aumentando hacia las elecciones. Solo los primeros días de septiembre, tuvimos nueve paros. Respetamos las medidas de protesta, pero cuando están dadas en condiciones sanas. Los últimos estaban decididamente programados y organizados no para reclamar mejoras, sino para lastimar al hospital y al Gobierno. Tuvimos que hacer algo para cuidar a los chicos: en esos 40 paros nos dedicamos a cubrir la atención. El personal que trabaja en el Garrahan es altamente especializado. Es muy difícil, por ejemplo, salir a buscar enfermeros especializados de un momento a otro, además del costo extra que eso demanda”, señalaron desde la conducción del hospital nacional de pediatría.

Las declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo en LN+ volvieron a poner a la industria automotriz en el centro de la escena. El funcionario defendió la gestión del Gobierno y adelantó que está en análisis la eliminación del derecho de exportación del 2% que aún paga el sector.

Pero el mensaje no fue solo un recorrido económico. Caputo cuestionó la carga tributaria de provincias y municipios y acusó al gobernador bonaerense Axel Kicillof de no recibir al presidente de una de las principales terminales del país por “no ser una buena foto política”, en un distrito clave para la producción y el empleo automotor.

WASHINGTON.- En el marco de la cumbre global sobre minerales críticos convocada por el gobierno de Donald Trump en esta capital, que contó con la presencia del canciller Pablo Quirno, la Argentina y Estados Unidos ratificaron su asociación estratégica al suscribir un “instrumento marco para el fortalecimiento del suministro en minería y procesamiento” de esos materiales, cruciales para distintos sectores estratégicos.

La iniciativa apunta a “consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia”, señaló la Cancillería mediante un comunicado, en el que no brindó detalles de cómo se implementará el acuerdo.

“Desdramatizar” le aconsejaba Federico Pinedo al presidente Arturo Frondizi. Quien ocupara la cartera de economía en tres oportunidades era famoso por ser filoso en los debates y componedor en política. Me acordaba de esto a propósito del caso Techint.

La licitación para la provisión de caños para construir un gasoducto, convocada por empresas privadas (YPF actúa como una de ellas), fue ganada por la empresa india Welspun, ubicándose la propuesta de Techint en sexto lugar. ¿En cuántas licitaciones se habrán presentado en 2025 las empresas que integran el grupo, cuántas habrán ganado y cuántas no, y en estos últimos casos, porqué? Pregunto para poner la cuestión en perspectiva.

La política está enfrascada en un debate sobre la reforma laboral. Es necesario, por supuesto, y tal vez imprescindible, ¿pero no queda desfasado de la velocidad y la profundidad con la que se han transformado la cultura y el mercado del trabajo en la Argentina? Cuando vemos la realidad, tanto en los niveles más bajos como en los más encumbrados de la pirámide laboral, se observan cambios enormes que se impusieron por la revolución tecnológica y por la crisis económica, pero también por nuevos valores y expectativas sociales. Son cambios que han modificado los modelos de relación laboral y han creado, sobre todo, una nueva cultura en relación con el trabajo: se valora más la flexibilidad que la estabilidad; la “movilidad” ya no se concibe como una carrera de ascensos, sino como un cambio permanente.

La informalidad ha generado un molde y la relación de dependencia ha dejado de ser, sobre todo en las nuevas generaciones, una aspiración natural. ¿Se está pensando la reforma desde esa perspectiva? ¿Puede circunscribirse a un debate estrictamente político, empresario y sindical, o debería ampliarse –entre otros– a sociólogos, médicos, educadores y expertos en inteligencia artificial? ¿Se puede pensar la arquitectura legal del empleo con parámetros del siglo XX o hay que empezar a discutir otros formatos y modelos? ¿Puede funcionar una reforma laboral aislada, o es indispensable articularla con transformaciones profundas en la educación, en los sistemas previsionales y en los regímenes impositivos?

Pocos días después de la salida de Marco Lavagna como director del Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la polémica que se generó alrededor de la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), adelantó que puede haber una nueva Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y habló sobre la salida de Marco Lavagna, en diálogo con Luis Majul, por LN+.

“Con Milei no estábamos de acuerdo con cambiar el índice”, dijo el funcionario, en medio de la controversia por la decisión de postergar el nuevo IPC. Y planteó: “Si vamos a hacer esto, lo lógico es terminar el proceso de desinflación con la misma medición que venimos midiendo siempre y realizar una nueva encuesta que refleje los cambios actuales”.

La marcha atrás sobre el cambio en la composición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la inflación no solo es un capítulo más en la historia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), sino que también fue un punto específico del programa económico que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El 1.° de agosto del año pasado, el FMI publicó el denominado staff report, correspondiente a la primera revisión del programa entre el organismo multilateral y la Argentina. En esa hoja de ruta, la inflación ocupó un lugar tradicional, a propósito de las metas que tiene la gestión de Javier Milei, pero además incorporó algo que, para entonces, era una novedad: cambios en la medición del alza de precios.

En la sorda disputa interna que mantienen con el asesor Santiago Caputo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los primos Martín y Eduardo Menem se alzaron con un importante triunfo al imponer al riojano Juan Carlos Pagotto como presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado.

La elección de Pagotto postergó las aspiraciones de su compañero de bancada y exjefe del bloque oficialista del Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), que se había anotado para conducir la Comisión de Acuerdos. No pudo ser, el estrecho vínculo que forjó el jujeño en los últimos dos años con Caputo terminó por jugarle en contra.

El Gobierno dispuso una reestructuración del Ministerio del Interior mediante el Decreto 85/2026, que modifica el organigrama y los objetivos vigentes desde 2019 para dicha cartera. La medida redefine la estructura de primer y segundo nivel operativo del ministerio, crea nuevas dependencias, reasigna funciones y actualiza cargos.

El nuevo esquema establece una Unidad Gabinete de Asesores y reorganiza el ministerio en tres áreas centrales: la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Interior y la Secretaría de Provincias y Municipios. Dentro de ellas se distribuyen subsecretarías específicas, entre las que se incorporan la Subsecretaría de Enlace Legislativo, la Subsecretaría de Deportes y la Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

El ministro del Interior, Diego Santilli, tomó cortado. El jefe de la bancada de Pro, Cristian Ritondo, café solo. Los amigos y excompañeros en las filas amarillas se juntaron este miércoles en la Casa Rosada y Ritondo -que entró sorprendido porque no vio a nadie en el Patio de las Palmeras- le garantizó al ministro el respaldo de Pro a la reforma laboral y al régimen penal juvenil, según pudo confirmar LA NACION de fuentes cercanas a ambos.

“Vamos a apoyar la reforma laboral y el régimen penal juvenil, con el cambio de que la edad que se fije en la norma sean 14 años y no 13, como quería el Gobierno”, aseguraron desde Pro. Eso mismo le transmitió Ritondo a Santilli.

En medio de las negociaciones del oficialismo con bloques dialoguistas y la búsqueda de la oposición de evitar el tratamiento del proyecto, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó oficialmente a la sesión para la reforma laboral, uno de los puntos más importantes para el Gobierno de cara a su tercer año de gestión, que aborda matices de la Ley de Contrato de Trabajo.

Por medio de un documento publicado hoy, Villarruel confirmó que la sesión será el próximo miércoles 11 de febrero a las 11 en la Cámara alta y llamó a los parlamentarios a asistir. La jornada legislativa se dará, en tanto, en el contexto del periodo de sesiones extraordinarias, que comenzó el lunes 2 de febrero y durará hasta el viernes 27, del mismo mes.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine atacó el martes por la noche a la madre del niño activista por los derechos de las personas con autismo Ian Moche, a la que acusó de “llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”. La legisladora reiteró más de una vez que Moche era “supuestamente autista” y sostuvo que su madre Marlene Spesso “no está bien de la cabeza”. “Me pareció muy feo, horrible”, contestó este miércoles Moche en declaraciones televisivas.

Las declaraciones de Lemoine ocurrieron durante un debate en LN+ sobre la prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años, una nueva política que se aplicó en Australia y que se debate en otros países como Francia y España. En medio de la discusión, con el foco puesto en la medida anunciada por el presidente español Pedro Sánchez, Lemoine atacó al niño y a su madre, a pesar de que no tenía relación con la temática en discusión.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se sometió este miércoles a una rinoscopia en una transmisión en vivo durante un acto oficial en la Casa de Gobierno.

El procedimiento se realizó en el marco del reciente decreto provincial que obliga a los funcionarios de los tres poderes del Estado a realizarse controles toxicológicos, una medida que busca institucionalizar la transparencia y la aptitud en el ejercicio de la función pública.

La mesa política del Gobierno decidió hoy mantener sin cambios el proyecto oficial de reforma laboral, pese a la creciente presión de las provincias para quitar los artículos que refieren a una baja del impuesto a las Ganancias que afectará la recaudación de fondos coparticipables. Los principales funcionarios del presidente Javier Milei tomaron esta determinación en un encuentro reservado en la Casa Rosada.

Así lo pudo saber LA NACION en contacto con fuentes oficiales en la sede gubernamental. Antes, mediante intensas gestiones, la Casa Rosada había logrado desarticular la reunión de gobernadores que se preveía para este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Con la reforma laboral del Gobierno ya en marcha en el Senado, el bloque del PJ en Diputados se reunió esta tarde para ordenar sus internas. Pese a las tensiones que atraviesan al espacio que conduce Germán Martínez, hubo acuerdo en avanzar con un dictamen unificado, alternativo al del oficialismo, y tratar de dilatar la sanción definitiva.

En el bloque conviven el kirchnerismo, el sindicalismo, los movimientos sociales, el massismo y el peronismo del interior. El sector gremial, en particular, ya cuenta con varios proyectos presentados.