Los detalles ocultos de la reforma laboral que impulsa Milei
El Gobierno toca aportes que van a los gremios; además armó “bandas” para el stock de los litigios, y qué puede pasar con las prepagas
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LA NACIONFrancisco Jueguen
“Todos los cañones”, gritan en el Gobierno, están puestos en una reforma laboral que buscará dar ”reglas claras” a los actores económicos para hacer frente a la inexistente creación de empleo de calidad en la última década y al casi 50% de informalidad. En Casa Rosada creen que están dadas las condiciones para que, esta vez, pase por el Congreso.
Sin embargo detrás de los incentivos fiscales -baja de costos- para contratar nuevos empleados, o las facilidades -también baja de costos- para despedirlos, un capítulo fiscal o tributario para fomentar la actividad económica, las restricciones a las huelgas, asambleas o bloqueos, la modernización de los convenios (entre ellos cambios en vacaciones, bancos de horas o formas de pagos), las facilidades de registración o los sueldos dinámicos (premios por productividad), entre muchas otras cosas, aparece una letra chica que generará polémica en el debate público.
Algunas de esas novedades son la transferencia de contribuciones patronales de empresas que iban a la Anses a fondos privados que podrán actuar activamente en el mercado de capitales -bajo normas que dictará la Comisión Nacional de Valores (CNV)-; que los sindicatos verán afectada su caja por la reducción del fondeo a las obras sociales (lo que impactaría sobre quienes pagan una prepaga), pero también por las restricciones a la cuota sindical y aportes solidarios; que surge un foco claro sobre cual es la Justicia que el Gobierno busca que dirima los conflictos, al tiempo que se crean fórmulas para contener los costos de la industria del juicio, se avala un régimen especial para los trabajadores de aplicaciones que podría ser la norma a futuro y se restringen interpretaciones judiciales sobre las indemnizaciones que cobran los despedidos sin causa.
“Hoy la Argentina tiene un sistema laboral rígido”, explicaron en Casa Rosada, donde advirtieron por el alto nivel de litigios en el campo laboral y los altos costos para los empleadores. “Queremos proteger a los trabajadores informales. Más de la mitad de la masa salarial es sub 35 y no está formalizado”, agregaron allí. “Queremos dar reglas claras que incentiven la contratación”, completaron en el Poder Ejecutivo.
En el Gobierno dijeron que la ley está dividida en cuatro capítulos: cómo se crea más trabajo, cómo se mejora el salario, cómo se hace que haya menos litigios, y cómo, usando la motosierra, se pueden bajar impuestos.
En el primer punto, por caso, entrarían la caída de la ultractividad (renegociación de los convenios), que los inferiores (regionales o por empresa) superen a los mayores (por actividad), el fomento a los sindicatos de empresa, o los incentivos fiscales a la contratación (con bajas de contribuciones) combinado a un blanqueo.
En el segundo, la baja de la carga fiscal y, como contribución, la creación del los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y también la caída de la ultraactividad. En el tercero, la migración de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires y las modificaciones en la ley de Contrato de Trabajo que elimina “grises”; y en el cuarto punto, las bajas de cargas y contribuciones laborales, pero también las modificaciones en IVA, Ganancias, impuestos internos o la actualización de quebrantos, entre otras.
Para los gremios, no se trata de una reforma laboral, si no de varias. “Una que transfiere recursos multimillonarios del trabajo al capital; otra que debilita la acción colectiva; y otra que fortalece la disciplina laboral en los lugares de trabajo”, escribió Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA.
¿Los puntos polémicos de la letra chica? La ley, por caso, dispone la creación de los FAL para favorecer el cumplimiento de las indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado. Es un sistema parecido al que ya utiliza el gremio de la Construcción (Uocra). La empresa deberá aportar un 3% de las remuneraciones que se toman como base de cálculo para las contribuciones patronales que van al SIPA. Y el Estado se lo descontará de las propias contribuciones que hace la firma a la Anses. O sea, en definitiva, el costo del FAL es cero para las empresas; el que perderá financiamiento es el organismo que se encarga de pagarle a los jubilados. “No se pone en riesgo el pago de jubilaciones”, dijeron aquellos que conocen la letra chica. En Gobierno no quisieron dar el costo fiscal. “Es reducción de gasto público y mayor crecimiento económico”, justificaron sobre el financiamiento de esa medida. También se negó que esto, como dicen los gremios, abra la puerta a las AFJP.
Es que ese 3% será manejado por fondos privados, que estarán registrados para tal actividad en la CNV y que podrán invertir en el mercado de capitales ese dinero para mantener su valor. Para entender cómo funcionará ese sistema habrá que esperar la reglamentación del organismo que conduce Roberto Silva. “Lo que queda claro es que no podrán invertir en ellas mismas (por las empresas)”, aclararon.
Además, la reforma libertaria establece una baja del 6% al 5% -un punto porcentual- de las contribuciones que hacen las empresas a las obras sociales. Se trata de una afectación millonaria para las mismas, muchas de ellas en crisis. Para el Gobierno, en cambio, es una mejora sustancial para bajar el costo laboral de las empresas. “¿Qué pasa con aquellos trabajadores que derivan aportes y contribuciones a una prepaga, porque ahora podrán derivar menos fondos? ¿Quién pagará la diferencia?“, preguntó LA NACION. En el Gobierno indicaron que alguien ”deberá absorber" esa diferencia.
Pese a que no se eliminan las cuotas sindicales o aportes solidarios a los sindicatos sí hay restricciones. Las empresas privadas no estarán obligadas a ser agentes de retención -como lo son hoy- de las cuotas sindicales de quienes estén afiliados a un gremio. No está claro si existirá un registro al que las empresas tendrán que sumarse para recolectar esos fondos clave para las organizaciones sindicales. Por otra parte, se requerirá la aceptación expresa de los trabajadores para que le quiten parte de su sueldo para una contribución solidaria, algo que actualmente no pasa. Sólo podrá ser obligatoria si se fija en un convenio por empresa.
Los juicios laborales
El proyecto oficial pone además especial énfasis en el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. En el Gobierno afirman que es un mandato constitucional -tras la reforma de 1994- ratificada por el Caso Levinás, que tanto ruido levantó. “Queremos una Justicia que aplique la ley y que no ponga sus impresiones personales. Eliminar margen de discrecionalidad”, contaron en Casa Rosada sobre la intención oficial. En los gremios creen que “hay menos peronismo” porteño.
El proyecto ofrece una fórmula para la actualización -menos discrecional que las que se aplican hoy- de los juicios laborales. Para aquellos a futuro es del índice de precios del Indec más el 3%, o sea, una de las ya aceptadas. Pero la polémica vendrá con la “banda” que se creó para actualizar el stock de juicios actualmente en desarrollo. Para eso, habrá un techo de la banda (IPC más 3%), pero también un piso (67% del IPC al 3%). Según explicaron esto responde a que los empleadores no pudieron actualizar su capital guardado para hacer frente a un juicio en desarrollo con varios años vividos en la Argentina a tasas negativas y alta inflación.
El oficialismo inaugurará además un régimen específico para los trabajadores de aplicaciones, particularmente de mensajería y de transporte de personas. Explican que irá por fuera de la ley de Contrato de Trabajo, por los menos, por dos cuestiones simples, el principio de concurrencia (los trabajadores de apps no trabajan para una sola firmas sino para varias al mismo tiempo, algo que la ley de contrato de trabajo prohíbe), y el régimen horario necesario (estos trabajadores impulsan su actividad cuando quieren). Pero además, las empresas buscaban reglas claras que permitieran ofrecer “un casco o una capacitación” sin que un juez, ante un litigio, estableciera una relación de dependencia. Se tomó casi completo el proyecto Ritondo.
“¿Achicaron el cobro de la indemnización?“, preguntó este medio. ”No", replicaron, pese a que se clarificó qué debe tomar un juez para calcularla y quedaron afuera las vacaciones, el aguinaldo u otros pagos. En el Gobierno indicaron que lo que efectivamente pesaba era el aguinaldo, y que se había generado una discrepancia entre la jurisprudencia nacional y la bonaerense. En tierras de Axel Kicillof se tomaba en cuenta el aguinaldo; a nivel nacional, no. “Lo que se hizo es clarificar. Nada más”, dijeron.
En el Gobierno destacaron otros puntos significativos de la reforma que entrará a debatirse en el Congreso. Por ejemplo, que los acuerdos mutuos pueden ir al Seclo sin un conflicto y quedar cerrados evitando incluso futuros litigios; la prohibición de la aplicación analógica de convenios -ya estaba prohibido, pero se retocaron las excepciones-, el ajuste de los tiempos para la solidaridad en el trabajo eventual; la facilitación de la registración de empleados, la ratificación de que las propinas no son parte del sueldo, el aval a los salarios “dinámicos”, la habilitación a los bancos a dar crédito a los empleados (una pelea abierta con las mutuales), la opcionalidad de las bolsas de trabajo de los sindicatos para las empresas, o la posibilidad de que se pueda pagar sueldos en plataformas o billeteras virtuales.
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