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Discurso presidencial: muchos objetivos voluntaristas sin recursos ni plan para cumplirlos
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LA NACIONNéstor O. Scibona
El mensaje de Alberto Fernández abundó en objetivos voluntaristas y anuncios de decenas de proyectos de ley que requerirían al Congreso sesionar todos los días -y hasta horas extra para tratarlos-, pero dejó un gran interrogante sin respuesta: ¿de dónde sale la plata? Sobre todo, cuando tampoco esbozó nada que se parezca a un programa macroeconómico para enmarcarlos y llevarlos adelante.
Sin estos dos elementos, hablar ahora de un “momento bisagra” para el crecimiento de la Argentina se reduce a una expresión de deseos huérfana de fundamentos. En vez de generar confianza y estimular la inversión del sector privado en sentido amplio, producen el efecto opuesto; salvo para un puñado de actividades seleccionadas a dedo por el Estado deficitario, sin moneda ni reservas, que no deja de endeudarse en pesos ni de intervenir en la economía.
Tampoco ayuda el diagnóstico presidencial destinado a complacer a la impasible Cristina Kirchner y recibir los aplausos de las bancadas oficialistas en el recinto.
Según esta visión, todos los problemas nacieron durante la gestión de Mauricio Macri y concluyeron con el heterogéneo rebote económico de 2021 (a base de obras públicas y “maquinita”) que retrotrae el PBI a los niveles pre-pandemia de fin de 2019, cuando el propio Gobierno los calificaba como “tierra arrasada”. Este supuesto logro deja de lado la década de estancamiento que arrastran la economía y la creación de empleos privados con una inflación creciente de dos dígitos anuales que aumenta la pobreza.
Contra lo que se suponía, Alberto Fernández admitió implícitamente que el acuerdo para reestructurar la deuda con el FMI todavía no está cerrado, al señalar que prevé enviarlo esta semana al Congreso con todos los detalles. Pero repitió los mismos argumentos utilizados cuando anunció el principio de entendimiento el 28 de enero, sólo que con un tono épico. De ahí que proclamó un acuerdo sin políticas de ajuste ni tarifazos, con incrementos del gasto real todos los años, expansión de infraestructura, políticas productivas y sociales, además de celebrar que no habrá reforma previsional ni laboral. No obstante, reconoció que deberá reordenar la política fiscal, monetaria y “atacar cada una de las causas de la inflación multicausal”.
Aquí el interrogante aún sin respuesta es cómo se corregirán los desequilibrios macroeconómicos de arrastre, por más que se enarbole la premisa de que para pagar hay que crecer. Si hubiera que atenerse al borrador filtrado a la prensa por la rama del FDT más reacia al acuerdo, se prevé que el PBI crecería entre 3,5% y 4,5% en 2022 (algo más del arrastre estadístico que dejó 2021) para converger a 1,75 /2,25% en los años subsiguientes. O sea que el repunte del último año no es sostenible A su vez, la inflación se ubicaría en un rango de 48/38% a fines de 2022 para reducirse en cinco puntos porcentuales por año hasta fin de 2024. En conclusión, el ajuste fiscal vendría por el lado de la recaudación tributaria y la licuación del gasto público con una mayor inflación, que tampoco sería suficiente para bajar los subsidios a la energía en términos reales si las tarifas se alinearan con la variación salarial, por más segmentación selectiva que se aplique.
Más allá de estos eufemismos numéricos, el escollo más importante para el avance del acuerdo está en el terreno político. El discurso pro-grieta del Presidente y su insistencia en seguir adelante con la querella criminal para que la Justicia determine responsabilidades del endeudamiento con el Fondo, apuntó a enfurecer a la oposición para ocultar la notoria ausencia del recinto de Máximo Kirchner y Oscar Parrili, los laderos más relevantes de CFK en cada cámara y que sugiere un probable rechazo del kirchnerismo al acuerdo.
Otra cuestión clave es que las metas fiscales y monetarias del programa con el FMI colocan al Gobierno ante la necesidad de fijar prioridades de gasto que se resiste a aplicar. De ahí que Alberto Fernández coloque en un plano de igualdad al programa PreViaje, la transformación de planes sociales en empleo público, las compras estatales a cooperativas populares, la inversión en obras públicas o el fomento de la ciencia y tecnología.
A esto se agregan contradicciones ajenas a la letra del acuerdo, como promover la producción exportable de distintos sectores a pesar de las trabas a la importación y el cepo cambiario; o cuestionar a la Justicia por los amparos tarifarios a las empresas de telecomunicaciones mientras trata de federalizar la conectividad digital.
Todo esto deja de lado que, así como el Fondo socorrió a Macri en 2018 tras el fracaso del gradualismo financiado con abundante endeudamiento hasta que se le cortó el crédito externo, ahora admite un acuerdo sin reformas para evitar el default y con reanudación de pagos entre 2026 y 2034, que recaerán en los tres gobiernos posteriores a 2023.
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