La Argentina gana tiempo en la causa YPF: la Justicia frena de manera preventiva la entrega de acciones
La Cámara de Apelaciones de Nueva York dio lugar al pedido de las partes; ya no corre el plazo de 72 horas que había dictaminado la jueza Loretta Preska
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LA NACIONSofía Diamante
El caso por la expropiación de YPF entró en una fase clave: la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispuso la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF y ya no corre el plazo de 72 horas que había dictaminado la jueza Loretta Preska en primera instancia.
Todas las partes involucradas habían informado ayer que estaban de acuerdo en que se suspendan de manera preliminar los efectos de la orden emitida por Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
“El Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la orden de transferencia del Tribunal de Distrito en espera de la resolución de la solicitud de suspensión por un panel de tres jueces”, dijo Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del Tribunal, en su escrito publicado este mediodía.
La defensa argentina apela en paralelo dos decisiones judiciales. Por un lado, la sentencia de primera instancia que obliga al país a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses a los fondos Burford Capital y Eton Park.
YPF, el Estado argentino y los fondos demandantes ya presentaron todos los escritos correspondientes y ahora resta que se designe a los jueces de la Cámara y se fije la fecha de la audiencia oral, prevista para los próximos meses.
Por otro lado, ahora se sumó el reciente pedido de Preska que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF. Sucede que, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en Estados Unidos una sentencia no queda suspendida automáticamente cuando se apela, sino que el juez decide si se concede esa suspensión o no.
Desde que se dictó el fallo, en septiembre de 2023, la Argentina logró ganar tiempo y evitó tanto el pago de la indemnización como la constitución de una garantía.
Pero en su último escrito, la jueza Preska cuestionó esa estrategia: “La República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal. Ahora alega un daño irreparable si no se suspende la orden de entrega, pero ese supuesto daño surge directamente de sus propias acciones al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia”.
La Argentina logró que haya una suspensión administrativa temporal de la orden de entregar las acciones, para permitir una presentación ordenada de los alegatos y la consideración de la solicitud de suspensión definitiva.
“La decisión de la Corte de Apelaciones de conceder la suspensión representa un alivio procesal importante, aunque no definitivo. El riesgo inmediato de desacato queda neutralizado, pero el proceso judicial sigue abierto: el plazo para presentar argumentos vence el 22 de julio y luego la misma Corte deberá pronunciarse sobre el fondo. En cualquier caso, más allá de esta suspensión, el principal impacto hasta ahora ha sido reputacional: los tribunales estadounidenses no cuentan con mecanismos prácticos para forzar la entrega de acciones bajo jurisdicción extranjera, lo que ya limitaba significativamente el alcance legal de la ejecución”, opinó Juan Ignacio Carranza de Aurora Macro Strategies, consultora de Geopolitical Risk and Macro Research.
Este jueves se espera que Burford —que compró en España el derecho a litigar en la quiebra de las empresas Petersen— presente su oposición a la suspensión definitiva de la orden. El martes próximo, la Argentina responderá con sus argumentos a favor de la suspensión.
“A partir de esa fecha, la Cámara puede resolver el pedido en cualquier momento, aunque no tiene un plazo para hacerlo. Si acepta el reclamo argentino, la orden de Preska quedará suspendida hasta que se resuelva la apelación de fondo. Como ni siquiera se fijó aún la fecha de la audiencia, es poco probable que eso ocurra antes de 2026. Si la Cámara rechaza el pedido, la orden de entrega de acciones volverá a entrar en vigencia”, advirtió Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro durante el gobierno anterior.
En la Procuración del Tesoro —el organismo que define la estrategia legal del Estado— confirmaron que ya trabajan sobre todos los escenarios posibles. “Cabe destacar que la Argentina no está incumpliendo la orden: la propia jueza Preska otorgó tres días adicionales para solicitar la suspensión ante la Cámara de Apelaciones”, aclararon.
El viceprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, detalló en declaraciones radiales que no solo se apeló el fallo, sino también la orden de entrega de acciones. Además, anticipó que, si ambas presentaciones son rechazadas, queda todavía la instancia ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
“El Estado presentó hoy [por anoche] ante la Cámara de Apelaciones el escrito que notifica la decisión de la jueza y solicita que se expida sobre la suspensión. Creemos que la orden estará suspendida durante este período, porque las contrapartes aceptaron que se trata de una suspensión administrativa, según el derecho estadounidense. Eso, como mínimo, se mantendría. Luego, existe la posibilidad —y es lo que estamos solicitando— de que la Cámara mantenga la suspensión mientras se tramita toda la apelación contra la orden de entrega de acciones”, dijo Stampalija en diálogo con El Observador.
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