“No representa un gasto”: preocupación en un sector empresarial por el cierre de Vialidad
Desde la entidad empresaria advirtieron sobre el impacto en el empleo, la continuidad de obras estratégicas y el mantenimiento de la red federal
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LA NACION
Luego de que el Gobierno anunciara el cierre y la reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) expresó su “profunda preocupación” por la decisión que tomó el Poder Ejecutivo. Desde la entidad empresaria advirtieron sobre el impacto en el empleo, pusieron en duda la continuidad de obras estratégicas y el mantenimiento de la red federal.
“La eliminación de este organismo técnico con casi un siglo de trayectoria en la obra pública afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente. Vialidad Nacional garantizó durante décadas una mirada federal sobre la infraestructura del país, con equipos profesionales formados para llevar adelante obras en todas las regiones", dijeron mediante un comunicado enviado a los medios.
Para la entidad empresaria, el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional generará una “fuerte incertidumbre”. Justamente, a través del decreto 461/2025 se delegó a Gendarmería la prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional. En tanto, el Ministerio de Economía tendrá bajo su órbita las funciones de estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y obras complementarias.
“Hay preocupación por la continuidad de obras estratégicas, el impacto en el empleo y la afectación de la articulación público-privada que durante décadas sostuvo el desarrollo de la infraestructura vial. El mantenimiento de la red federal, particularmente de los más de 30.000 kilómetros que no se concesionarán al sector privado, constituye una seria preocupación por el importante impacto en la producción y logística y, sobre todo, en la vida cotidiana de miles de argentinos", agregó la Camarco.
Para la Cámara de la Construcción, la inversión en caminos y rutas “no representa un gasto”, sino una herramienta para crecer, generar trabajo y fortalecer el entramado productivo nacional. Por esa razón, les pidieron a las autoridades abrir instancias de diálogo con una “mirada estratégica”.
“Camarco reafirma su disposición a trabajar junto al Estado en el diseño de políticas que garanticen obras sostenidas en el tiempo, con reglas claras y una visión federal del desarrollo. El país necesita previsibilidad para seguir generando empleo, inversión y crecimiento en todo el territorio”, cerró el comunicado.
Entre los motivos del cierre de Vialidad, en el decreto oficial se menciona una “estructura compleja” con actividades que “no se ajustan a las necesidades actuales de gestión, lo que se refleja en la falta de agilidad en la ejecución de proyectos y altos costos operativos para el Estado Nacional”.
“La razón principal de esta medida es elemental y de sentido común: la Dirección Nacional de Vialidad fue la base del entramado de corrupción más escandaloso de la historia argentina, que terminó con una expresidenta condenada y presa. Se trataba de un organismo con independencia para contratar, que al mismo tiempo adjudicaba obras viales y fiscalizaba su propia ejecución. Era juez y parte. Cuando un sistema está diseñado para facilitar el robo y la corrupción, lo único sensato es desarmarlo de raíz", dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
De acuerdo con el funcionario, la medida no implica “abandonar el mantenimiento” de la red vial nacional, sino asegurar su continuidad con “eficiencia”. Las tareas de mantenimiento, que incluyen el desmalezado, bacheo, perfilado, limpiado de calzado y alcantarillas, seguirán realizándose desde una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.
Por su parte, las funciones de planificación vial pasarán a la Secretaría de Transporte, mientras que el control de los contratos de concesiones será ejercido por la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
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