PPC: una sigla que tomó nuevamente protagonismo

Los despidos, uno de los efectos de la crisis
Carlos Manzoni
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31 de marzo de 2019  

En febrero de este año Coca-Cola solicitó la apertura de su procedimiento preventivo de crisis, que finalmente no fue aceptado por el Ministerio de Producción y Trabajo. El hecho volvió a instalar en la opinión pública tres letras: PPC, las siglas de esta figura que suele aparecer justamente en épocas de vacas flacas para las empresas. El gigante de las gaseosas no lo aplicó, pero otras compañías sí: en los dos primeros meses del año se presentaron 21 de estos pedidos, según datos del propio Gobierno.

Sebastián Córdova-Moyano, socio del Estudio Córdova Francos Abogados, dice que el PPC, nacido en 1991, es un procedimiento administrativo (ante la Secretaría de Trabajo y con intervención del sindicato representativo) que las empresas deben seguir antes de comunicar despidos o suspensiones. "Esto debe ser por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más de 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 empleados; a más de 10% en empresas de entre 400 y 1000 empleados, o a más de 5% en empresas de más de 1000 empleados. Dados esos porcentajes de trabajadores afectados, se podrá disponer la desvinculación mediando el pago del 50% de la indemnización por antigüedad", explica.

Algunas de las empresas que se encuadraron bajo este procedimiento en los últimos tiempos son FATE (perteneciente al grupo Aluar), Editorial Atlántida y Avianca. Un poco más lejos en el tiempo está el caso de Carrefour, que se dio a conocer en abril de 2018, antes de la crisis cambiaria, y que tuvo gran resonancia.

Los pedidos de PPC presentados en 2016 fueron 146, según datos oficiales. Hasta febrero de este año, aquellos que aún se encontraban abiertos, con audiencias u observados con solicitudes de mayor documentación, eran 107, los que sumados a los 21 que se iniciaron en los dos primeros meses de este año arrojan un total de 128 PPP abiertos. En tanto, solo en 14 casos los pedidos fueron desistidos o no se alcanzó un acuerdo entre la empresa y el sindicato durante el año pasado.

Javier Alegría, socio del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo, separa a esta figura de los concursos preventivos de acreedores y las quiebras, porque está encuadrada en el terreno laboral. "Permite despedir o suspender personal con menor costo para el empleador. Pero debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo. Esto se da cuando hay menos actividad, pero no quiere decir que las empresas que lo solicitan estén insolventes", explica.

El PPC suele proliferar en tiempos de recesión, un casillero en el que la Argentina cayó técnicamente en septiembre de 2018, cuando encadenó dos trimestres seguidos de baja de la actividad, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publica el Indec. "Lo que vino después fue aún peor -opina Nicolás Salerno, economista de CEPA-. La política de altas tasas re-inaugurada el 1° de octubre, luego del segundo acuerdo con el FMI, tiene fuertes vínculos con este proceso de retracción en la actividad, afectando las ventas de las empresas y la propia viabilidad del sector productivo por el alto costo de financiamiento".

Ahora bien, la aceptación del PPC no es algo sencillo. Según Córdova-Moyano, la jurisprudencia ha sido muy restrictiva al considerar la procedencia de las llamadas "causas económicas", siendo muy difícil para el empleador acreditar que la falta de trabajo "no le es imputable".

Por ejemplo, los tribunales han sostenido que no califican de causas económicas los vaivenes de la economía (de los cuales los argentinos pueden contar muchos en su historia). "Se considera que esas situaciones son parte del ?riesgo empresario'. En consecuencia, cada trabajador afectado podría promover luego una acción judicial y requerir la indemnización completa", aclara Córdova-Moyano.

En CEPA, afirman que los PPC se están convirtiendo en formas de avanzar en la flexibilización de facto. "Esta herramienta es una forma de avance en "reconversiones" y ajustes que las grandes empresas buscan aplicar, ante la imposibilidad que el Ejecutivo encuentra en el tratamiento parlamentario de una legislación reducida en derechos laborales: la reforma laboral", opina Salerno.

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