Presupuesto con visión de género: un tema fuera de agenda

Pese a que aún no es una práctica muy difundida en nuestro país, los presupuestos con perspectiva de género han estado en la agenda de los organismos internacionales por muchos años. El objetivo es garantizar que se tengan en cuenta en todo el proceso los impactos diferenciados que los distintos gastos previstos tienen sobre las mujeres, y que puedan pensarse métodos de evaluación para dilucidar si se contribuye a avanzar en el camino de la igualdad de género o si, por el contrario, implican un retroceso. Desde hace tiempo se sabe que la perspectiva de género puede tener impactos considerables en los procesos económicos. Según algunos estudios si la mujer tuviera la misma participación que el hombre en el mercado laboral, el PBI crecería automáticamente un 5% en el caso de EE.UU., un 13% en la Eurozona y se estima que la variación sería aún mayor en los países en desarrollo.

En la Argentina, las únicas conclusiones que pueden obtenerse están acotadas a los programas, áreas o instituciones vinculadas específicamente a las mujeres. Se desconoce así que el resto de los gastos pueden tener repercusiones disímiles. La gran mayoría del presupuesto nacional se torna inescrutable, lo cual no permite prever el impacto que un recorte o aumento en una partida puede tener sobre la igualdad de género, tal como fue analizado en una mesa de discusión sobre Presupuesto y Género, organizada en 2016 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y por el International Budget Partnership (IBP).

A este importantísimo obstáculo se le suma la escasa desagregación de datos que presenta el presupuesto nacional, incluso en relación a estas áreas "de mujeres" mencionadas previamente, lo cual limita más aún cualquier análisis que pretenda a hacerse sobre esta materia (ACIJ, por ejemplo, identificó 18 programas nacionales vinculados con los derechos de las mujeres, pero sólo logró acceder a información de tres, ya que las partidas no se desagregan). La situación que presenta la Argentina está muy lejos de la deseable: no sólo no se tiene en cuenta la perspectiva de género en la elaboración y debate de los presupuestos, sino que resulta casi imposible realizar análisis amplios sobre las decisiones tomadas en el pasado, que permitan hacer los ajustes necesarios para corregir progresivamente los resultados no deseados que puedan desprenderse de los esquemas de gastos.

A pesar de esas serias limitaciones, la escasa información que pudo analizarse da cuenta de un panorama complejo. Ejemplo de ello es el presupuesto destinado al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), que fue de $ 3,85 por mujer en 2016 y se incrementó apenas a $ 5,35 en 2017. Es un aumento por debajo de la inflación estimada.

Esto se agrava si consideramos que el organismo presenta históricamente cifras elevadas de subejecución de su presupuesto. Dubravka Simonovic, la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la ONU, aconsejó recientemente al Gobierno que otorgue rango ministerial al CNM y lo instó a incrementar la partida presupuestaria asignada, al igual que lo había hecho días antes la Cedaw (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) en su informe sobre la Argentina.

Para avanzar hacia la igualdad de género es necesario que los presupuestos cuenten con una desagregación que permita evaluar los impactos en términos de género. Es igual de importante que la perspectiva de género esté presente en todo el proceso de formulación del presupuesto, aunando los conocimientos sobre desigualdad de género con los de finanzas públicas y de programas del sector público. De igual forma, sería enriquecedor que el proceso se hiciera en permanente diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.

Coordinadora y analista del Área de Desarrollo Económico de CIPPEC

Magalí Brosio y Violeta Guitart

LA NACION

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