Privatización de Intercargo: fijan un precio más alto que el previsto y exigencias operativas

La licitación para la privatización de Intercargo, la empresa estatal que brinda servicios de rampa y de transporte de pasajeros en 16 aeropuertos del país, quedó marcada por dos definiciones que llamaron la atención en el sector: un precio base superior al esperado y un esquema de exigencias que podría incidir en el interés de los potenciales oferentes.

El Gobierno fijó una valuación inicial de US$45 millones, por encima de los cerca de US$30 millones que había estimado una consultora privada. Según la resolución 282/2026, el monto surge de una tasación del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), aunque en el mercado se seguía como referencia el cálculo elaborado por Deloitte para la propia compañía, basado en flujo de fondos descontados.

Parte de la diferencia podría explicarse por factores no contemplados en aquella valuación, como el contrato de exclusividad de la empresa con el Estado en el segmento de aviación militar. Si bien fue formalmente rescindido, su vigencia efectiva se extenderá hasta la transferencia accionaria, según explicaron fuentes de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, lo que le otorga a la compañía una ventaja transitoria.

Aun así, en el negocio aerocomercial, el escenario cambió de manera significativa. Tras la desregulación del sector, Intercargo perdió su posición monopólica y hoy convive con otras 12 empresas habilitadas para prestar servicios de rampa, aunque con escasa presencia operativa hasta el momento.

Otro argumento que circula para sostener el precio es la rentabilidad reciente de la empresa. Con resultados positivos en los últimos balances —incluido un resultado de $30.000 millones en el cuarto trimestre de 2025—, en el sector consideran que la inversión podría recuperarse en un plazo relativamente corto.

Pero, más allá del valor base, el foco de las objeciones se trasladó al contenido del pliego. Entre las condiciones se establece un período de transición de 180 días hábiles en el que el eventual comprador deberá garantizar la continuidad del servicio en todas las escalas actuales. En los hechos, esto limita la posibilidad de desprenderse rápidamente de operaciones deficitarias.

Incluso para abandonar una plaza, el adjudicatario deberá notificar con al menos 60 días de anticipación a las autoridades, que a su vez podrán extender los plazos para asegurar la prestación. En el sector interpretan que estas cláusulas apuntan a evitar interrupciones, pero al mismo tiempo condicionan la flexibilidad operativa del futuro operador.

“De alguna manera, se preserva la cobertura en destinos menos rentables”, señaló una fuente vinculada a la actividad.

También generó dudas la redacción de las cláusulas de indemnidad. El pliego prevé garantías amplias del comprador frente a eventuales pasivos, sin un detalle exhaustivo en el texto y con remisión a documentación complementaria. Especialistas advirtieron que este tipo de formulaciones puede abrir zonas grises en la interpretación de responsabilidades.

En el Gobierno dijeron que se trata de una venta en marcha, con todos los activos y pasivos incluidos, y aseguraron que la compañía se encuentra saneada. Además, remarcaron que se excluyó a aerolíneas y operadores aeroportuarios del proceso para evitar riesgos de integración vertical y preservar la competencia. En el sector reconocieron que hay interesados en la compañía, aunque pusieron reparos sobre cómo impactarán el precio fijado y las condiciones del pliego en la evolución de la licitación.

Por María Julieta Rumi

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