Rumbo a una “nueva anormalidad” económica

Más allá de las incógnitas –globales y locales– que aún impiden visualizar la etapa pospandemia, la Argentina se encamina hacia un escenario de “nueva anormalidad” en materia económica, donde lo accesorio prevalece sobre lo importante que, a su vez, tiene carácter provisorio hasta las elecciones legislativas de noviembre.

Quizás uno de los ejemplos más claros haya sido el anuncio de Alberto Fernández en Isla Maciel sobre el retorno de las imágenes de San Martín y Belgrano, más Güemes y Juana Azurduy, a los billetes de pesos argentinos, para desplazar a la serie con “animalitos” autóctonos surgida en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri.

El Presidente no dejó en claro si esa vuelta de los próceres será un desagravio o una ofensa. Por un lado, tuvo el atrevimiento de afirmar que “San Martín miraba el país igual que nosotros” (sic), aunque sin entrar en comparaciones imposibles sobre su rectitud moral ni su austeridad. Por otro, evocó la gesta libertadora sanmartiniana, pero omitió decir que la Argentina no ha logrado liberarse de una inflación crónica que sólo en los últimos 10 años destruyó el valor del peso al acumular una suba de 1300%.

Era una referencia ineludible para hablar de moneda. El actual billete de máxima denominación (de $1000, con la figura del hornero) equivalía a 12,7 dólares en el mercado paralelo a fin de 2019 (cuando ya regían el cepo y el cupo de US$200 mensuales) y ahora se reduce a 5,50; o sea menos de la mitad. En Uruguay, Chile y Brasil, en cambio, la equivalencia del billete de mayor valor va de 27 a 45 dólares.

El Presidente tampoco aclaró si las imágenes de San Martín y Belgrano reaparecerán en nuevos billetes de mayor denominación ($2000, 5000 ó 10.000) como había trascendido antes de la pandemia, para evitar que con el aluvión de emisión monetaria corran la misma suerte de sus antecesores de $5 y 10, reducidos primero a desechos de papel y ahora a monedas de escaso uso.

Esa posibilidad viene siendo descartada por el Gobierno por dos motivos. Uno, para no evidenciar la suba de la inflación, que este año se ubicará no muy lejos del 53,8% que en 2019 dejó Macri, a quien el oficialismo demoniza como culpable de todos los males, incluso los de arrastre desde hace décadas. Otro, para mantener la “ilusión monetaria”: no tiene el mismo efecto psicológico cobrar un sueldo o jubilación mínima con cinco o seis billetes de $5000 que con muchos más de menor denominación. Un cálculo del economista Bernardo Kosacoff revela que el poder de compra de cada billete de $100 se redujo a menos de 1,50 en pesos constantes de diciembre de 2002.

De mantenerse esta tendencia, los próceres volverán en miles de millones de billetes que seguirán perdiendo valor más temprano que tarde. Por lo pronto, hace un tiempo que el Banco Central dejó de publicar regularmente en su sitio web la cantidad de billetes en circulación. Según un relevamiento de LN Data, a fin de 2020 los de $100 eran casi la mitad (45,8%) y los de $1000 el 13,3% de un total cercano a 7000 millones de billetes que sumaban un valor de casi $2 billones.

Para desagraviar y honrar a los próceres, entonces, lo mejor sería poner en marcha un plan económico consistente para atacar las causas de fondo y no los efectos de la inflación. La experiencia de otros países para bajarla a un dígito anual indica que requiere políticas de Estado (disciplina fiscal, monetaria e independencia de los bancos centrales) de aplicación persistente a lo largo de varios años.

No parece que esta haya sido la intención de Cristina Kirchner cuando en otro acto de campaña sostuvo que “la vida que queremos requiere no de uno sino de muchos períodos de gobierno”. Presumiblemente del mismo signo ya que, para el Frente de Todos, el arco político se divide entre oficialistas y “odiadores”, lo cual aleja la posibilidad de acuerdos en el Congreso.

Con escasas y honrosas excepciones, algo similar ocurre con la mayoría de los precandidatos a las PASO, cuyos breves spots radiales y televisivos se asemejan a un casting para acceder a una banca mediante consignas individuales alejadas de la función de los cuerpos legislativos.

Muy pocos apuntan a la necesidad de bajar la inflación y su efecto multiplicador sobre la pobreza. Ni dicen que el populismo sin recursos es la antítesis de la estabilidad económica, además de un freno al crecimiento del PBI y la creación de empleos a base de inversión privada.

Otro tanto ocurre con el típico péndulo de políticas económicas. Aquí el propio Gobierno bajó significativamente el déficit fiscal y la base monetaria en los primeros cinco meses de 2021, pero luego subió el gasto público y la emisión para mejorar las chances electorales del oficialismo en noviembre. O sea, dos acciones de signo opuesto dentro de un mismo año.

De ahí que la campaña se haya convertido en un festival de gastos y subsidios de todo tipo. Desde la creación de más de medio centenar de programas en varios ministerios para llegar a segmentos específicos de votantes (con asignaciones presupuestarias, cargos y estructuras de personal ad hoc, como detalló Diego Cabot en LA NACION del martes pasado), hasta proselitismo energético (obras eléctricas y reestructuración de deudas de distribuidoras provinciales) y ferroviario (remodelación de estaciones). A esto se agrega la dudosa intención oficial de transformar planes sociales en puestos de trabajo para un universo de millones de beneficiarios que supera al declinante número de asalariados formales en el sector privado.

Como ningún aumento del gasto se compensa con reducciones en otros rubros, todo es a costa de los contribuyentes de 170 impuestos nacionales, provinciales y municipales, más la mayoría de la población perjudicada por el impuesto inflacionario. Por caso, el Gobierno mantiene el mismo mínimo no imponible de 2020 (2 millones de pesos) para Bienes Personales, que hace 30 años nació como “impuesto a la riqueza” y hoy equivale al valor de un auto 0 kilómetro de gama media.

Además, la deuda en pesos que coloca el Tesoro para financiarse tiene un doble efecto negativo. Por un lado, reduce la disponibilidad de crédito al sector privado. Por otro, lo encarece con impuestos, tasas y alícuotas que llegan hasta el 40% del costo financiero total de un préstamo, como acaban de denunciarlo las entidades que nuclean a los bancos extranjeros y nacionales (ABA y Adeba).

Por su lado, la AFIP “rifó” el blanqueo de pesos y dólares por cuatro meses para reactivar la construcción o terminación de viviendas, ya que reglamentó la ley apenas una semana antes de que venciera el plazo para la alícuota más baja (5%) por lo cual tuvo escasa adhesión. Y ahora que el régimen caducó el 6 de agosto, su reedición con una nueva ley está frenada en el Congreso debido a la campaña electoral.

No son las únicas anormalidades que caracterizan a esta etapa. El fin del ASPO y el DISPO por la pandemia dejó en una zona gris a la cobertura por las ART de los gastos de internación, salarios caídos o fallecimientos por Covid al personal esencial que debía concurrir a sus trabajos. Desde la cuarentena en adelante, esas indemnizaciones eran reintegradas a través del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales que administra la Superintendencia de Riesgos de Trabajo e inicialmente ascendía a $5000 millones. En abril se amplió a través de un aporte de $40 por trabajador, ajustable por el Ripte hasta fin de año. Pero con la progresiva reanudación de actividades, ahora resulta difícil determinar si los contagios se producen dentro o fuera del ámbito laboral, lo cual puede dar lugar a nuevos reclamos por vía judicial a las ART, afectadas por la “industria del juicio” pese a que una ley sancionada por unanimidad en 2017 regula las indemnizaciones a través de un listado de porcentajes predeterminados de incapacidad laboral (Baremo). La buena noticia para las aseguradoras y las empresas es que últimamente tanto la Corte Suprema de Justicia como las de tres provincias (Santa Fe, San Luis y Jujuy) revocaron fallos con indemnizaciones insólitas fijadas por peritos que cobran en función de esos montos, además de ratificar la aplicación del Baremo. Pero tanto en la CABA como en las 15 provincias que adhirieron a la ley, sigue pendiente la conformación de Cuerpos Médicos Forenses para ponerla en práctica después de cuatro años.

Dentro de estas anormalidades económicas, un dato preocupante es que la creciente cuenta de subsidios estatales a la energía podría llegar en 2021 al equivalente de US$ 10.000 millones, según una proyección del Instituto Mosconi, mientras la importación de gas y combustibles líquidos para generación eléctrica ascendió en los primeros siete meses a US$ 3000 millones. Una reedición del doble problema (fiscal y externo) que hundió la macroeconomía kirchnerista en el período 2012/2015.

nestorscibona@gmail.com

Por Néstor O. Scibona

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