Termómetro de las inversiones: los secretos del estudio de abogados más grande del país

Sesenta y cinco socios, 300 abogados y 570 personas en total. Un edificio propio de 13 pisos en la zona de Catalinas, sobre Avenida Leandro N. Alem al 800. Y 99 años de historia. Marval O’Farrell Mairal es el estudio de abogados más grande de la Argentina. Empresas multinacionales, grandes grupos locales, bancos, fondos de inversión y organismos multilaterales integraron e integran su larga lista de clientes, que supera los 1000 en número. Denominado en la jerga legal como “full service”, cubre todas las prácticas ligadas al derecho empresario –desde societario y compraventa de empresas a impuestos o laboral- y cuenta con un departamento de propiedad intelectual y registro de marcas y patentes que brinda servicios en toda América latina.

Hablar con los socios de Marval es una forma de tomarle el pulso a la economía desde el ángulo legal. Por la naturaleza de su trabajo (que arranca antes de que las noticias lleguen a los diarios) y la exposición del estudio en el exterior, la firma suele ser la puerta de entrada de muchas inversiones extranjeras y opera como una suerte de termómetro sobre la actividad de los distintos sectores. Lo mismo ocurre con los procesos de fusiones y adquisiciones de empresas (M&A, por sus siglas en inglés), que reflejan hacia dónde va el interés inversor y las corrientes de negocios que se mueven por debajo de ellos. En todos los ciclos económicos, desde los picos de crecimiento hasta las crisis más profundas, los estudios de abogados intervienen en el detrás de escena, y el foco principal de su asesoramiento va mutando de acuerdo a las necesidades de cada momento.

En ese sentido, desde las oficinas de Marval vieron pasar de todo en las últimas décadas: privatizaciones, expropiaciones, empresas que cambiaron de dueño más de una vez, extranjeros llegando y saliendo, desregulaciones y exceso de regulaciones, dólar único y cepo cambiario, emisiones de deuda y reestructuraciones, litigios entre privados y contra el Estado. El estudio actuó representando a compradores y vendedores en muchas de las principales operaciones de compraventa de empresas de la historia reciente, y asesoró a la petrolera española Repsol en su negociación con el gobierno argentino tras la expropiación de YPF, entre otros casos importantes. Toda la inestabilidad local –que tanto le cuesta entender a un inversor de afuera- quedó plasmada en las horas facturadas por sus distintas áreas.

Santiago Carregal es el presidente del Comité de Administración del estudio. Experto en el asesoramiento a bancos y mercado de capitales, fue nombrado socio del estudio a fines de los años ‘90 y está al frente de la firma hace más de cinco años. “Después de lo que significó la pandemia, la manera en la que estamos trabajando hoy es completamente diferente a la de ocho años atrás. Y va a seguir cambiando, ya nadie concibe venir todos los días de manera presencial al estudio, ni siquiera los socios”, cuenta de entrada durante la entrevista con LA NACION. Como un reflejo de ese cambio que también adoptaron otros competidores, Marval reformó el primer piso de su edificio para ofrecer a sus abogados espacios abiertos y sillones al estilo coworking, una escenografía que lucía impensada para los códigos de rigidez de los estudios de abogados.

-En esta coyuntura de crisis y restricciones económicas multiplicadas: ¿Cuáles son las principales consultas que recibe el estudio?

-Del trabajo que tenemos, vale aclarar que más de la mitad está vinculado con el exterior, es decir, o son empresas extranjeras de acá o de afuera o estudios extranjeros que a su vez derivan trabajo de clientes de ellos. Nuestra clientela está muy atomizada: no hay ningún cliente que represente más del 2% de la facturación del estudio, y creemos que eso es una fortaleza porque nos da independencia. En cuanto a las áreas, la respuesta corta es que no hay hoy ningún área del estudio que no tenga trabajo. No es que desaparecieron las consultas en el sector de bancos, por ejemplo. Hay asuntos más chicos, claro, pero incluso en lo que es transacciones tuvimos operaciones en el último tiempo, como la venta local de Nike o la asociación entre Danone y CCU. Siempre dentro de un wait and see (esperar y ver) del mundo respecto de la Argentina. Después hay áreas que de alguna manera están desacopladas de las tormentas políticas y económicas y traccionan trabajo.

-¿Cuáles son esas áreas?

-El sector de alimentos es uno de ellos. Pese a la turbulencia, hay fondos del exterior que hoy siguen comprando tierra en la Argentina, porque la tierra no abunda en el mundo y prevén que los precios de las commodities seguirán altos por los próximos cinco o 10 años. El segundo sector es el minero, puntualmente el litio, con la oportunidad que tiene la Argentina en el norte para ser proveedor del mineral para las baterías. Luego está el sector fintech, de la mano del talento de los emprendedores argentinos y su capacidad para patear el tablero y adoptar ideas nuevas. Y por último está la energía, un sector que el país no está aprovechando como debería. En la medida en que haya un ordenamiento económico y político, en los próximos años los cuatro sectores pueden generar un movimiento de mejora en toda la economía argentina.

-¿Crecieron los conflictos y el asesoramiento por regulaciones y trabas en los últimos meses?

-Todo lo ligado con los aspectos regulatorios genera muchísimo trabajo. Son los cambios de reglas que se dan permanentemente, sumado al desbarajuste del tipo de cambio que hace que los contratos entre las partes se desnaturalicen y eso genera a su vez un conflicto que hay que resolver. La otra área que tiene cada vez más trabajo, no solo en la Argentina sino también en los países desarrollados, es el sector de impuestos, por la complejidad de las estructuras impositivas. En cuanto a las consultas cambiarias, son todos los días, a toda hora, y cortan transversalmente a todo el estudio, porque afectan todas las operaciones de las empresas: un contrato de venta de energía, una compra de un terreno, una importación, una exportación… Esto ya venía así y no hay ningún indicio de que vaya a cambiar en los próximos dos años.

-¿Este nivel de conflictividad se traduce en mayores reclamos contra el Estado?

-Con los cambios regulatorios permanentes, como, por ejemplo, los que impuso la Inspección General de Justicia, hay un montón de cuestionamientos de parte de las empresas privadas en sede administrativa. Pero no diría que hay más juicios contra el Estado, no es lo más recomendable por los plazos que demanda. Si una empresa se ve afectada en sus derechos puede recurrir a los tratados de protección recíproca de inversiones y acceder a un arbitraje internacional.

“Después vemos”

-De su vínculo constante con inversores y estudios jurídicos del exterior: ¿Cómo es vista la Argentina hoy? ¿Qué le plantean sobre este momento?

-Primero debo decir que el mundo se volvió más complejo. O sea que, lamentablemente, no es que la Argentina se convirtió en un buen ciudadano del resto del mundo, sino que el resto del mundo, de alguna manera, se complicó “a la Argentina”, por decirlo de algún modo: tiene inflación, cambia los contratos, discute impuestos a la renta… Son cosas que uno no hubiera imaginado de una economía del primer mundo hasta hace poco y que son fruto de lo que dejó la pandemia. Y América Latina también está complicada en general para capturar inversión extranjera directa. Podría ser la gran beneficiaria de la situación actual como exportadora de commodities y energía en un momento en que el mundo demanda esos productos, y sin embargo pasa todo lo contrario. Hoy, la región es vista como una gran oportunidad, pero despierta recelo porque no se sabe hacia dónde irá, luego de los resultados de las últimas elecciones en Chile o Colombia.

-¿Y la Argentina en ese contexto?

-En nuestro caso los inversores dicen: “Primero arreglá tus problemas y después vemos”. Ven muchas idas y vueltas. Brasil, por ejemplo, tiene una estrategia de país ligada a su industria y los cambios políticos no alteran el rumbo general, más allá de los matices. Nuestros bandazos son muy profundos y generan mucha incertidumbre respecto de lo que puede pasar. Fuera de los sectores que mencionábamos antes que pueden captar inversiones, hoy no hay gente haciendo cola para entrar en la Argentina. ¿Hay inversores interesados en comprar una cadena de retail, un banco, un comercio? No, no hay. Solo casos puntuales, específicos, o alguna industria atractiva, como puede ser el sector farmacéutico local, que tiene proyección en toda la región.

-¿La desconfianza principal, entonces, es por el cambio de reglas más que por los propios esquemas regulatorios o la situación macro?

-Para ser atractiva, la inversión tiene que tener una altísima rentabilidad o una visión de muy largo plazo. El cuestionamiento que se escucha de los equipos legales de afuera es el tiempo enorme y la dedicación que les demanda la Argentina, entender todo lo que está pasando. Hay tantos cambios regulatorios que un día se despiertan y no saben si pueden girar o no dólares, o importar una máquina, y entonces dicen: para administrar todo eso tengo que armar un equipo muy grande para la plata que voy a ganar… No es que el negocio no sea bueno, pero semejante inestabilidad no lo justifica.

-De ahí la frase que muchos dicen que la Argentina es el 5% de la facturación y el 90% de los problemas…

-En todas las circunstancias, incluida esta, puede haber oportunidades y negocios para hacer. Pero para que una empresa se meta en los intrincados caminos regulatorios, el negocio tiene que justificarlo. Los cambios ahuyentan mucho a la inversión extranjera.

Por Pablo Ortega

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