Villa La Angostura: el caso de una inversión millonaria frenada por una pelea judicial que menciona a Roca e involucra a los mapuches
El Grupo Tije compró La Posada en 2006 para construir un hospedaje para congresos y convenciones en el pueblo patagónico; denuncian que la Comunidad Lof Paichil Antriao se apropió de parte del lote y, pese a que la Justicia falló en tres instancias a favor de la empresa, no hubo desalojos
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Lo que alguna vez fue un cartel que decía “La Posada”, una hostería emblemática de Villa La Angostura, hoy aparece tapado con bolsas de nailon. El pasto también está largo, descuidado, aunque eso no impide que la gente que camina por la bicisenda al lado de la ruta se tome un descanso y se siente a mirar desde esa colina el paisaje que protagoniza el lago Nahuel Huapi. También es el lugar de disputa de un conflicto con la comunidad mapuche que llevó al cierre definitivo del complejo turístico en septiembre de 2022.
El empresario Sebastián Falus, fundador y CEO del Grupo Tije, se imaginó cuando compró La Posada, en el año 2006, la construcción de un corredor turístico con los otros hoteles que se ubican dentro del recorrido que hace la ruta nacional 40.
El proyecto incluía un hospedaje para congresos y convenciones de categoría cinco estrellas y crear una escuela de hotelería, que implicaba el desembolso de unos US$23 millones y la creación de unos 120 puestos de trabajo directos e indirectos. Pero cuando compró el terreno lindero para construir de acuerdo con el código urbanístico de la zona y quiso poner en marcha la iniciativa, al poco tiempo se enteró de que también había heredado un juicio por reivindicación de tierras.
“Uno de los socios era uno de los propietarios del Hotel Sheraton de Iguazú [hoy Meliá]. Aprovechando su experiencia en hoteles de congresos y eventos, se comenzó un estudio de prefactibilidad y encontramos la propiedad para poder avanzar en una carta de intención con Starwood, con el fin de hacer un desarrollo bajo la categoría Luxury Collection de Sheraton. Cuando miré a Villa La Angostura, identifiqué que prácticamente no tenía industria, pese a ser un lugar paradisíaco. El turismo está solo un par de meses al año, mientras que el pueblo tenía una gran necesidad de que exista alguna economía que pueda darle movilidad social a la población. En aquella época los congresos, los eventos médicos, generalmente se hacían en Buenos Aires, Iguazú o algunos en Bariloche, no mucho más”, contó a LA NACIÓN.
Para armar un hotel de congresos y convenciones se tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder atraer eventos locales e internacionales. Tiene que haber un hospital cerca, contar con un aeropuerto a menos de 100 kilómetros de distancia (en este caso, Bariloche), que las habitaciones tengan un mínimo de 40 metros cuadrados y que se pueda llegar al lugar por asfalto. Esta última condición es una característica que pocas calles de Villa La Angostura cumplen. Incluso hoy, donde está La Posada, hace más de un año que la ruta 40 se convirtió en ripio a la espera de que se termine de construir el camino de la circunvalación.
“La única posibilidad para hacer ese proyecto era adquirir La Posada y el terreno de al lado, para después unirlo catastralmente. Así sumamos unos 11.000 metros, para que nos permitan construir 3000 metros, y la idea era usar la infraestructura de los otros hoteles de la zona para completar la demanda. Iba a mover económicamente a todo el pueblo. El proyecto se presentó al municipio, al Ministerio de Turismo de Nación. La inmobiliaria nos dice que tiene el mejor lugar hasta el Hotel Correntoso, con una vista eterna al Nahuel Huapi, de fondo el Cerro Dormilón. Pero nos dijeron que había ‘un temita reivindicatorio’, algo menor. Compramos de buena fe, y a los seis meses nos enteramos de que era una tramoya con abogados de por medio, contra la familia Quiroga. Ellos tienen el otro lote, el de al lado del que compramos, lo que se conoce como Puerto Elma. A partir de ahí, arrancó un problema bárbaro”, agregó Falus.
Tres fallos a favor en la Justicia
Las idas y vueltas en la Justicia comenzaron 20 años atrás. En 2005, Carlos Popik (quien un año después le vendió el terreno al Grupo Tije) inició una acción reivindicatoria por el derecho a la propiedad contra Elma Quiroga y Carlos Miranda, pertenecientes a la Comunidad Lof Paichil Antriao.
En el expediente, denuncia que cuando escrituró estaba “libre de ocupantes”, pero que al momento de hacer las delimitaciones del terreno con un agrimensor para construir una vivienda surgieron “algunas discusiones con los vecinos” por cuestiones de límites y posesión. Empezaron los gritos, los insultos, las amenazas, según aparece detallado en la causa judicial.
Del otro lado de la demanda, la Comunidad Lof Paichil Antriao alega ser preexistentes al Estado argentino y que al menos tienen cinco generaciones anteriores que desarrollaron “su cultura ancestral” en el pueblo. Y agregaron que en 1902, el entonces presidente Julio Roca reconoció la propiedad del Lote pastoril Nº 9 mediante un decreto a su bisabuelo Antriau, un terreno que abarca 625 hectáreas.
“El lote incluía gran parte de las tierras donde hoy se asienta la ciudad de Villa La Angostura”, aclara el fallo en primera instancia, en el que el juez Andrés Luchino, del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 2 de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, analizó más de 100 años de historia de tierras patagónicas y resolvió a favor de Popik.
Entre los argumentos, señaló que los Antriao vinieron a la Argentina en 1890 desde San Pablo (situado a 21 kilómetros de Osorno, Chile) y que se asentaron en lo que hoy es el pueblo. En 1898 también llegaron los Paichil, familia amiga. Y en 1902 Roca convocó a los adjudicatarios de las tierras, pero como nadie apareció, nacionalizó a las familias y les donó el lote. Con el paso del tiempo, sus herederos vendieron “legalmente a terceros”.
“Es obvio que no se trata de tierras que tradicionalmente ocupa la Comunidad, sino de tierras que alguna vez ocuparon sus miembros (cuya propiedad les fue reconocida por el Estado Nacional), pero que luego fueron vendidas legítimamente por sus sucesores, estando tales actos jurídicos firmes y hallándose entonces sus consecuencias bajo el amparo de la garantía de inviolabilidad prevista en el artículo 17 de la Constitución Nacional (SIC)”, reafirmó el juez en febrero de 2019.
A lo largo del fallo, recogió el testimonio de miembros de la Comunidad, en el que reivindican que el lote se encuentra dentro de las 600 hectáreas que reclaman como propias. “La realidad es que esta es la historia de lo sucedido de acuerdo al derecho vigente al momento de su ocurrencia (...) y reitero tales actos –múltiples enajenaciones hechas a lo largo de 78 años- se encuentran hoy firmes de modo irretroactivo. De lo contrario, habría que decretar la nulidad de todas las escrituras públicas que se encuentran dentro de las 625 hectáreas reclamadas por la demandada, lo que abarcaría por cierto a toda la ciudad de Villa la Angostura (SIC)“, expresó.
El juez ordenó restituir el lote en un plazo de 30 días, pero los abogados de Lof Paichil Antriao apelaron y el fallo quedó en suspenso. Meses más tarde, la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Neuquén declaró “desiertos” los recursos impuestos por Elma Quiroga y la comunidad mapuche. Los acusados recurrieron al Tribunal Superior de Neuquén, que en julio de 2020 volvió a respaldar la decisión que tomaron las autoridades anteriores. Finalmente, elevaron el reclamo hasta la Corte Suprema, que al día de hoy no se pronunció. Será su decisión el resultado de la disputa.
Mientras tanto, hay una orden de desalojo, firmada por Luchino hace un año y medio, que todavía no se ejecutó.
Manifestaciones, polémica nacional y cierre
Luego de los fallos a favor, en abril de 2021 la comunidad Lof Paicil Antriao hizo distintas “actividades de reafirmación territorial” frente a La Posada. El tema llegó a escalar a nivel nacional, y tuvo repercusión entre figuras como Waldo Wolff, quien pidió que “intervenga urgente el Estado provincial y nacional”. O Laura Alonso, quien habló de “otra toma ilegal en el sur”. Al poco tiempo, el tema volvió a pasar al olvido. Un año y medio después, en septiembre de 2022, La Posada comunicó su cierre definitivo y 16 personas fueron despedidas.
“Hace seis años unificamos el terreno catastralmente. Para el municipio y para la provincia, el lote de 11.000 metros cuadrados es de Tije Inversiones. Sobre nuestro lote esta gente construyó rampas, un quincho, un estacionamiento de cemento sobre la playa, abrieron una guardería náutica, una proveeduría comercial. Talaron arrayanes, coihués. Y nosotros hicimos infinidad de denuncias ante el municipio, ante Parques Nacionales, ante prefectura. Más allá de que fracasó el proyecto, hay daño ambiental y un riesgo real de incendio forestal, pero nunca nadie nos respondió. Ahora, cuando dijimos entonces de no pagar tasas por la parte del lote que me lo destrozaron y que no lo puedo utilizar, me dijeron que tengo que pagar por todo el terreno. Ahí, sí, lo reconocen”, cuenta Falus. De hecho, semanas atrás hubo un incendio estructural en la zona, con peligro de extenderse a las casas linderas.
A pesar de las reiteradas consultas de LA NACION, la comunidad Lof Paicil Antriao no respondió sobre las acusaciones, en un momento en el que el municipio de Villa La Angostura busca desalojarlos del camping Correntoso.
Tampoco respondió la intendencia a cargo de Javier Murer a las consultas hechas por este medio. Una disputa similar tiene con el basquetbolista Emanuel Ginobili en otro terreno que hay en el pueblo. En tanto, desde Parques Nacionales confirmaron que el muelle que se construyó sobre ese terreno no está habilitado, dijeron que “se van a promover los desalojos” y que a finales de enero levantarían las boyas del lugar, donde tienen poder de acción. Sin embargo, a pesar de que pasaron casi seis meses, no hubo novedades sobre este tema.
“Hoy perdimos el interés en hacer el proyecto. No se puede tener un hotel, con huéspedes, si tenés parte del terreno tomado. Si tenemos que vender, vendemos, pero también es difícil hacerlo con todo lo que conlleva. Nunca nadie nos respondió una carta, no pensamos que el Estado iba a estar en contra. No podemos dejar de sospechar que estos actos pueden constituirse en hechos de encubrimiento y corrupción. Así, no hay incentivos para hacer inversiones, nadie quiere poner un peso cuando ve situaciones como las que también sucedieron en el lago Mascardi“, cerró Falus.
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