Bolsonaro y sus aliados redefinen la estrategia para intentar esquivar la histórica condena a 27 años de prisión
El exmandatario centrará sus esfuerzos en trabajar por una ley de amnistía que le devuelva la libertad; los escollos que le esperan
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LA NACION
BRASILIA.- El entorno de Jair Bolsonaro no se detuvo este viernes a llorar la histórica sentencia de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado que le impuso anoche el Supremo Tribunal Federal (STF), con una contundente votación de 4 a 1 del panel especial de magistrados que se ocupó del juicio al exmandatario de ultraderecha.
Tanto sus hijos como sus abogados y poderosos dirigentes y gobernadores de derecha se lanzaron sin solución de continuidad a buscar maneras de evitarle la cárcel o sacarlo de prisión en la primera de cambio, especulando sobre todo con una amnistía legislativa como el camino medianamente más accesible entre el arsenal de recursos del que estiman disponer para el rescate.
Los abogados del expresidente anticiparon que intentarán apelar tanto la condena como la sentencia ante los 11 jueces del pleno del Supremo Tribunal Federal, aunque algunos expertos piensan que es poco probable que la apelación sea aceptada.
La solución esperada pasa por otro lado. Bolsonaro se reunió a sus hijos Flávio y Carlos en su residencia de Brasilia, con el objetivo de definir los próximos movimientos políticos y una estrategia común para el frente de derecha. Según varios medios, el debate se centró en la batalla ya en marcha para obtener la aprobación de un proyecto de ley de amnistía en el Parlamento.
Al final de la reunión, Carlos Bolsonaro recurrió a las redes sociales para atacar al teniente coronel Mauro Cid, exasistente personal de su padre, quien se convirtió en el principal acusador tras cooperar con la Justicia.
“Felicitaciones por lo que has hecho en la historia de Brasil, Mauro Cid”, escribió el concejal con sarcasmo, destacando las crecientes tensiones dentro del bando de Bolsonaro tras la condena del expresidente.
En el Congreso, los bolsonaristas buscan seleccionar un relator favorable y construir una mayoría para aprobar el proyecto de ley de amnistía. Por ahora, sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, no ha dado señales de considerar la propuesta, ni siquiera bajo la presión de los interlocutores de Bolsonaro.
El diputado bolsonarista Luciano Zucco dijo que el objetivo es someter el proyecto a votación “la semana que viene”. Para aprobarlo, tendrán que obtener el apoyo de los partidos de centroderecha imprescindibles en el Parlamento y entre los que ya se han expresado reticencias.
De ser aprobada una amnistía, sería seguramente vetada por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, y acabaría delante del STF.
Dirigentes del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro y otros aliados cercanos abrieron un frente paralelo y comenzaron a sondear a los seis magistrados del STF que no integraron el panel en busca de señales de receptividad a la posible ley de amnistía, que podría beneficiar no solo a Bolsonaro sino a los condenados por los incidentes del 8 de enero de 2023 en Brasilia.
Ese día, cientos de partidarios del expresidente se manifestaron violentamente en las sedes de los tres poderes, emulando la toma del Capitolio de los partidarios de Donald Trump cuando perdió la reelección de 2020.
“Está el tema de constitucionalidad. Los 11 magistrados del Supremo Tribunal Federal tendrán que pronunciarse. Necesitaremos seis votos allí”, dijo el diputado Sóstenes Cavalcante, líder de la bancada del PL en la Cámara baja, ya el jueves por la noche, durante una vigilia frente al condominio de Bolsonaro en Brasilia.
Esta variada coalición que trabaja por la libertad de Bolsonaro cree que simplemente ganar votos en el Congreso no es suficiente: sin un acuerdo previo con el STF la amnistía corre un alto riesgo de ser declarada inconstitucional y revocada inmediatamente.
El expresidente fue condenado por la Primera Sala de la Corte Suprema, compuesta por cinco magistrados, cuatro de los cuales votaron a favor de la condena. Hay otros seis magistrados de la Corte que no participaron en el juicio, y son a quienes la oposición tiene en la mira.
No se prevé diálogo con Alexandre de Moraes, relator del caso que condujo a la condena, ni con magistrados como Flávio Dino y Carmen Lúcia, quienes emitieron votos considerados más severos. “No hay lugar” para una amnistía por el Congreso en los casos de “crímenes contra la democracia”, señaló De Moraes durante el juicio.
Otro magistrado, Cristiano Zanin, si bien votó por la prisión de Bolsonaro, podría ser contactado de todos modos debido a su perfil cristiano y más conservador, dos coincidencias con los bolsonaristas.
Dos semanas antes del fallo contra Bolsonaro, el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, también contactó a los magistrados para discutir la posibilidad de una amnistía. En ese momento, no recibió señales positivas.
Freitas y otros gobernadores de derecha rechazaron con vehemencia la sentencia contra Bolsonaro, añadiendo presión a la caldera política e institucional en que se ha transformado Brasil a lo largo de esta semana clave.
“Si no se puede tolerar la impunidad, no se puede desconocer el principio de presunción de inocencia condenando sin pruebas", afirmó Freitas en X. Sin embargo, el gobernador no mencionó al STF ni al juez De Moraes, en un cambio con respecto a su declaración durante la manifestación pro-Bolsonaro en el centro de la ciudad de San Pablo el domingo pasado. En ese momento se refirió al tribunal como una “tiranía” y una “dictadura”.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, afirmó por su parte que la decisión de la Primera Sala “intensifica las tensiones políticas nacionales y profundiza la división entre los brasileños”. “Queridos Flavio Bolsonaro, Eduardo, Michele, Renan, Carlos y Laura, si lloran a un padre, Brasil llora a nuestro presidente”, añadió.
Jorginho Mello, gobernador de Santa Catarina, destacó a su vez en las redes sociales los argumentos del juez Luiz Fux, quien pidió la absolución de Bolsonaro y otros cinco acusados, pero fue superado por la mayoría en la votación.
“Bolsonaro fue condenado por un supuesto intento de derrocar a su propio gobierno, lanzando un autogolpe. Esta es solo una de las innumerables inconsistencias señaladas por el juez Fux, incluyendo la falta de jurisdicción y la restricción de la defensa, entre otras", dijo Mello.
Agencias ANSA, AFP y diario O Globo/GDA
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