Brasil y Uruguay ponen la lupa en sus dictaduras

Como en la Argentina y Chile, buscan que no queden impunes los crímenes de ese período
Laura Bonilla
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29 de octubre de 2011  

RIO DE JANEIRO.- Una generación después, las dictaduras militares del Cono Sur son un tema caliente de la agenda política y judicial de la región, donde los gobiernos de izquierda buscan cerrar este capítulo negro con investigaciones y juicios a los responsables de crímenes.

En todos los países del Cono Sur hubo o hay juicios en curso contra represores. La excepción es Brasil, donde esta semana hubo señales de que esto podría cambiar.

El miércoles pasado se aprobó una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de la dictadura (1964-1985), una iniciativa del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, apoyada por su heredera política, Dilma Rousseff, una ex guerrillera que fue torturada durante el régimen militar.

Brasil mantiene la amnistía vigente desde 1979, confirmada por la Corte Suprema hace un año, que impide enjuiciar y encarcelar a los represores. El tema provocó inquietud entre las fuerzas armadas y el gobierno aseguró que los militares no serán enjuiciados, otra señal de que el tema sigue siendo políticamente sensible en el país más grande de la región.

Ayer mismo, el presidente uruguayo, José Mujica, promulgó una ley aprobada en el Parlamento la semana pasada que dejó sin efecto la virtual amnistía para los militares por los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985). Y en la Argentina, el ex capitán de la marina de guerra Alfredo Astiz y otros 11 militares fueron sentenciados a prisión perpetua por crímenes, torturas y secuestros durante la dictadura.

Varios activistas reclaman que Brasil también juzgue a los responsables de la dictadura.

"Es positivo que en Brasil se haga un esfuerzo con la creación de la Comisión de la Verdad, pero su caso es lamentable comparado con Uruguay y Argentina. En Brasil vivimos todavía a la sombra de la dictadura", dijo el escritor, ex preso político y fraile domínico Frei Betto.

"Mi esperanza es que no sea sólo una comisión de verdad sino también de justicia; todos deben responder por sus crímenes. De cualquier manera, es un paso", opinó. Frei Betto destacó que la decisión de hurgar en la dictadura y enfrentar los fantasmas del pasado "está ligada a los gobiernos progresistas" de América del Sur, la única región del mundo "donde hay renovación política y los dirigentes no vienen de las élites tradicionales".

"En la Argentina y Uruguay existe una conciencia mayor de lo que fue la dictadura para parte de la sociedad. En Brasil hay una cultura de silencio y de impunidad hasta hoy, y resquicios de la dictadura permanecen por ejemplo en la institución policial", estimó Maria Luiza Mendonça, directora de la ONG Red Social de Justicia y Derechos Humanos, que defendió la creación de la comisión en el Senado brasileño.

"Este es un primer paso; vamos a seguir luchando para que haya posibilidad de castigo. No queremos que la sociedad brasileña tenga miedo de este debate", señaló Mendonça.

Algunos defensores brasileños de derechos humanos se declararon opuestos a la creación de una comisión que no penalizará a los represores. "Lamentamos profundamente que esta comisión haya sido aprobada. Es una mise en scéne . Acá no hay voluntad política como en el resto de la región; Brasil es el país más atrasado en ese sentido", dijo Cecilia Coimbra, de la ONG Tortura Nunca Más.

Otros casos

Chile, que ha enjuiciado y encarcelado a decenas de represores, decidió en enero presentar más de 700 querellas de víctimas de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que nunca habían sido objeto antes de una acción judicial.

El gobierno paraguayo enjuició y encarceló a algunos represores, aunque ninguno importante, e indemnizó a cientos de víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

El Estado brasileño reconoce oficialmente 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura, contra 30.000 en la Argentina, más de 3200 en Chile, unos 400 en Paraguay y 38 en Uruguay (otros 193 uruguayos desaparecieron en países de la región), según organizaciones humanitarias.

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