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Ecuador impone un toque de queda en nueve provincias para frenar la violencia
La medida rige hasta el 18 de mayo y restringe la circulación nocturna; el gobierno de Daniel Noboa defiende la “mano dura”, mientras organismos de derechos humanos cuestionan su eficacia y advierten riesgos
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LA NACION
QUITO.— Al menos nueve de las 24 provincias de Ecuador entrarán en toque de queda nocturno a partir del domingo como parte de una estrategia del gobierno para combatir al crimen organizado y disminuir los índices de violencia, en medio de críticas de organismos de defensa de los derechos humanos.
La medida, que estará vigente del 3 al 18 de mayo, restringe el derecho al libre tránsito desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, horario en el que se cometen la mayoría de los hechos violentos, de acuerdo con indicadores oficiales.
La disposición se aplica en las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas; las regiones serranas de Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha —a la que pertenece la capital Quito—; y la provincia amazónica de Sucumbíos.
De acuerdo con cifras oficiales, el país registra 2509 homicidios en lo que va del año, y cerca del 88% de ellos (2208), se concentran en la costa ecuatoriana.
También estarán limitados los derechos de inviolabilidad de domicilio y correspondencia, de acuerdo con el decreto ejecutivo que extiende además el estado de excepción implementado a inicios de abril. Con esto la fuerza pública queda habilitada para realizar “allanamientos inmediatos”.
El toque de queda obligó a modificar horarios de escuelas, colegios, universidades, sistemas de transporte y servicios sanitarios.
Esta es la segunda ocasión que el gobierno dicta esta medida, aunque la primera vez abarcó apenas a cuatro provincias. Los resultados fueron positivos, según evaluó el gobierno en su momento.
La política de seguridad del gobierno del conservador Daniel Noboa, quien ha proyectado una imagen de “mano dura”, ha sido cuestionada por organismos de defensa de los derechos humanos, los cuales ponen en tela de duda su eficacia y advierten de posibles riesgos.
Fernando Bastias, activista y abogado del Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos (CDH), aseguró el domingo que la medida genera un “desplazamiento” de grupos delictivos a otros puntos del país, pero no tiene un impacto en el narcotráfico o en la reducción de índices de criminalidad.
Es “desproporcional, volátil y mediática”, reprochó, al tiempo que cuestionó la legalidad del despliegue de fuerzas militares, mientras “la situación de violencia en los barrios continúa agravándose”.
El Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada expresó recientemente su preocupación por las decenas de denuncias de desapariciones en medio de los reiterados estados de excepción que ha declarado el gobierno ecuatoriano desde 2024.
Ese año, Noboa decretó un estado de conflicto armado interno y calificó a 22 bandas criminales como “objetivo militar” . Desde entonces, ha dictado reiterados estados de excepción.
Ecuador se ha convertido, según las autoridades, en un centro logístico donde se acopia y distribuye droga por sus puertos marítimos en el Pacífico, hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
Esta expansión de grupos del crimen organizado ha ido a la par del incremento de delitos y violencia que llevaron en 2025 al país andino a romper el récord de asesinatos con más de 9000 homicidios.
Agencia AP
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