El crimen organizado se expande y diversifica en los países andinos con cifras de violencia alarmantes

Colombia dio un giro a su pasado más oscuro con el atentado a un candidato presidencial. Ecuador bate todos los récords delictivos de su historia. Perú padece una epidemia de extorsiones sin igual. Bolivia es un corredor abierto al contrabando. Los países andinos se volvieron una fuente de miedo, violencia y muerte, fogoneados por el denominador común del crimen organizado, que tiene a millones de personas de rodillas sin nadie que vele por ellas.

Desbordados por un fenómeno que asuela a otros países, pero que se viene ensañando con las naciones andinas con fulgurante destrucción, los gobiernos de esta región no han acertado con respuestas, salvo inútiles declaratorias de estado de excepción, con más publicidad que eficacia, mientras las mafias locales y trasnacionales se adueñan de bienes, negocios, tierras y vidas.

“Estamos viviendo una ola de crimen organizado. Hay varias razones atrás. La cadena de suministro del narcotráfico ya no está cerrada, está muy fragmentada. Entonces abre muchas oportunidades para diferentes actores. Una vez entrados en la cadena del mercado de drogas, tienen acceso a mercados que le facilitan armas, rentas ilícitas, y en esencia se expanden y entran en mercados como la minería, la extorsión y el control de la población”, dijo a LA NACION Elizabeth Dickinson, analista para Colombia de Crisis Group.

Los criminales se diversifican y encuentran negocios tentadores, fabulosos, vírgenes, facilitados por la fragilidad territorial e institucional que hace de estos países presas del voraz apetito de bandas locales asociadas a gigantes como los brasileños Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho y la venezolana Tren de Aragua, la estrella en ascenso del mundo criminal.

“El nivel de informalidad de las sociedades latinoamericanas es una puerta de entrada para la economía ilegal. Esto es más plausible en los países andinos por la dificultad histórica de sus Estados de tener el control del territorio. Lo que antes ocuparon terroristas y narcotraficantes, hoy lo manejan las bandas criminales”, dijo por su parte el politólogo peruano Carlos Meléndez, docente e investigador de la Universidad de Lisboa.

Vuelta al pasado

Colombia enfrenta sus momentos más oscuros, reavivando recuerdos dolorosos de los 90 en un país que busca escapar de la violencia guerrillera. El precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay seguía en estos días en estado grave después de haber sido baleado en la cabeza durante un mitin por un adolescente de 15 años. Mientras, zonas de Colombia como la región de Catatumbo siguen bajo una escalada en los enfrentamientos armados cuya violencia ya afecta a 92.000 personas, según la ONU.

“Desde hace varios años y antes de la administración de [Gustavo] Petro, vemos una tendencia de reconfiguración del conflicto en Colombia. Cuando las antiguas FARC salieron del conflicto de 2016 dejaron vacías muchas rutas de tráfico y zonas de economía ilícita, de las que se han apropiado otros grupos armados en estos años", señaló Dickinson. “La tendencia es una expansión a nivel local de los grupos armados y el recrudecimiento del conflicto por el control del territorio de la misma forma: ejercer violencia contra la sociedad civil y someterla a su gobernanza”.

Analistas consultados por este medio coinciden en que el atentado contra el candidato presidencial opositor es, en el fondo, un ataque a la estabilidad con la intención de polarizar aún más el contexto político. Colombia tiene un largo historial de asesinatos a candidatos presidenciales. En la carrera electoral de 1990, tres aspirantes fueron asesinados por grupos vinculados al narcotráfico y paramilitares. En las elecciones locales de 2023, la Misión de Observación Electoral documentó 176 acciones violentas contra personas candidatas, incluyendo 6 asesinatos.

El Consejo Gremial de Colombia presentó ante el Ministerio de Defensa en mayo un reporte en el que muestra el retroceso en la seguridad, con un aumento de los homicidios, los secuestros y el reclutamiento infantil. Los asesinatos crecieron un 2% en relación con 2024, hasta 3244 casos.

Un muerto por hora

Un asesinato por hora. Ese es el alarmante promedio que consagró a Ecuador como el país más violento de América Latina. Ecuador, que solía ser una remanso de paz, atraviesa el peor momento en su historia en materia de seguridad y se encamina a superar el récord de 2023, el año más sangriento. En los primeros cuatro meses del año, el país contabilizó 3094 homicidios, un aumento del 58% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Daniel Noboa, reelecto presidente en abril, declaró en enero de 2024 la existencia de un conflicto armado interno e identificó a gran parte de los grupos criminales como organizaciones terroristas después de que uno de los cabecillas más peligrosos de Ecuador, alias “Fito”, escapara de prisión. Esta estrategia le permitió aplicar el estado de excepción en todo el territorio y movilizar a las Fuerzas Armadas en las calles, lo que dio como resultado una leve reducción en los homicidios. Pero rápidamente la violencia volvió a dispararse y, a pesar de las constantes prórrogas y toques de queda en las provincias más violentas, la estrategia del gobierno parece no dar resultados.

Masacres en el centro de las ciudades, sicariatos a plena luz del día, cadáveres incinerados en alguna calle principal. Las escenas se repiten en distintos puntos de Ecuador como consecuencia de una disputa de poder imparable entre bandas criminales, que buscan hacerse con el control de las economías ilícitas. Las ciudades costeras, entre ellas Guayaquil y Durán, sufren las peores tasas de violencia, en parte por albergar o estar cerca de puertos estratégicos para la exportación de droga, principalmente a Europa. Pero también el microtráfico, la minería ilegal, y las extorsiones son una importante fuente de ingreso de estos grupos, que amenazan a la población con secuestros y “vacunas” (coimas) que rondan los 200 a 500 dólares mensuales.

“Hay una profunda fragmentación criminal en Ecuador después de que los grupos de mediano y gran tamaño se quebraran en facciones más pequeñas. Las masacres son parte de esta lógica de quiebre y búsqueda de control, y en el medio se producen muchos asesinatos de civiles atrapados en el fuego cruzado”, dijo a este medio Glaeldys González Calanche, analista de Crisis Group.

Hoy Ecuador es tanto un país de tráfico como productor de coca, según anunció el gobierno de Noboa, estimando en 2000 las hectáreas de cultivos. Los grupos más grandes del crimen organizado ecuatoriano, Los Lobos, Los Tiguerones y Los Choneros, extienden sus lazos con las redes internacionales, tanto con grupos armados colombianos como con cárteles mexicanos.

Noboa se acreditó una victoria esta semana con la recaptura de Fito. El jefe narco de Los Choneros se encontraba oculto en una lujosísima residencia en Manta y fue encontrado escondido en las profundidades de un búnker, lo que refleja las capacidades del crimen organizado.

Bajo amenaza

En Perú, las bandas criminales lucran especialmente con las extorsiones, fuente de constante sufrimiento para la gente de todo ambiente y condición. También es fuerte la minería ilegal en un país de vastos recursos en ese sector. Y se expande el narcotráfico.

Desde comercios minoristas hasta jardines de infantes y divas del espectáculo, nadie que reciba un mensaje amenazante de WhatsApp exigiendo dinero puede librarse de pagar una extorsión, a riesgo de no vivir para contarla.

En los primeros cinco meses del año, Perú registró un aumento del 20% de asesinatos con respecto al año pasado. El caso más emblemático fue la muerte del popular cantante Paul Flores, baleado a mediados de marzo cuando sicarios en moto dispararon contra el ómnibus en el que viajaba su banda, después de un show. Para combatir la violencia, el gobierno declaró el estado de emergencia en Lima, aunque la delincuencia no se dio por enterada.

“Lo más preocupante es que la extorsión se ha expandido rápidamente a regiones previamente poco afectadas, como Puno y Cusco, con incrementos del 70% y 63% en comparación con el año anterior. Lo que confirma que la estrategia por parte del gobierno para frenar el crecimiento de este delito y de los grupos criminales no ha sido efectiva”, dijo a LA NACION Eduardo Ruiz, analista para la región andina de la consultora Control Risks.

Pronto salió a la luz el alcance de las extorsiones en la industria del espectáculo. Pero las mafias, atentas a cada nicho por explotar, encontraron en las escuelas otra fábrica de billetes frescos. Más de 500 colegios han sido extorsionados este año en el país, de los cuales 325 cerraron por tiempo indefinido. Las autoridades de uno de los colegios cerrados dijeron que una banda criminal les exigió 165.000 dólares para seguir trabajando.

También se expandió el narcotráfico. En 2023, más de 95.000 hectáreas de tierra se dedicaron al cultivo de coca, un aumento del 18% con respecto a 2021. Pero la nueva estrella del crimen organizado es la minería ilegal, la niña dorada de los delincuentes, una cantera inagotable de ingresos para sacar de las montañas y comerciar con el mundo entero. Lo que más sale es el oro, aunque también extraen cobre por su alta demanda en China.

Políticos y narcos

Con una baja del 17% en los homicidios en 2024, Bolivia no se ha visto tan impactada por la crisis de seguridad que afecta a los otros países andinos, dijo Eduardo Ruiz, aunque subrayó el crecimiento de la violencia política, como se vio semanas atrás con la muerte de varios efectivos cuando intentaban desbloquear rutas tomadas por gente del expresidente Evo Morales.

Por otro lado, según Insight Crime, pese a la ligera baja de los homicidios registrados el año pasado, “sus regiones fronterizas están sufriendo los efectos del aumento de las actividades de contrabando, que son responsables de niveles significativos de violencia”.

El grupo venezolano Tren de Aragua y el brasileño Primer Comando Central tienen presencia en tierras bolivianas. Y no solo soldados rasos o cuadros de segundo orden. Marcos Roberto de Almeida, alias “Tuta”, uno de los cabecillas del PCC y fugitivo desde 2020, fue arrestado en mayo en Santa Cruz de la Sierra. Lo atraparon cuando estaba renovando su documento de extranjero en una oficina situada en un centro comercial. Lejos de ocultarse en la selva amazónica o en las frías regiones del altiplano, Tuta se movía como gato por su casa en la comodidad de la gran ciudad del este boliviano.

Para el politólogo Jorge Dulon, también concejal de La Paz y presidente de la asociación de concejales de Bolivia, existe una conexión entre el crimen organizado y la violencia política. Dulon aseguró que el crimen organizado creció durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019). Y dijo que la región del Chapare, el bastión donde se refugia el exmandatario, sigue siendo un campo fértil para los narcos, zona liberada para la delincuencia transnacional. Sostiene que incluso hay aeropuertos construidos durante el gobierno de Evo, con financiación pública, donde solo vuelan las mafias.

“Existen regiones estratégicas que tienen vínculos con los cárteles extranjeros, como, por ejemplo, Beni. Y también está un bastión súper importante que es el Chapare, el núcleo donde vive, trabaja, hace política Evo Morales. Es una región que está alejada del Estado nacional, es decir, una región independiente, donde no entra cualquiera, protegida por el narco”, señaló a LA NACION.

Existe el temor de que el crimen transnacional apunte sus armas contra los países de los alrededores, y de hecho lo está haciendo. El Tren de Aragua opera en el norte de Chile, y en la Argentina Eduardo Ruiz marcó la conexión entre Los Monos rosarinos y el PCC brasileño. En Paraguay, el presidente Santiago Peña dijo que “el crimen organizado transnacional se ha convertido en una de las principales amenazas a nuestra seguridad”. Una sincera afirmación que podrían suscribir muchos otros presidentes.

Por Lucía Sol Miguel y Ramiro Pellet Lastra

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