Allí, la mayoría republicana de la Cámara baja rechaza la propuesta, mientras que los correligionarios demócratas del mandatario, que controlan el Senado, no manifestaron mayores intenciones de tomar el toro por las astas.
El destino del paquete de medidas tal vez termine dependiendo de un puñado de senadores demócratas moderados. Aunque es improbable que suscriban el pedido de Obama de prohibir las armas de asalto, tal vez acepten otras propuestas, como exigir una verificación universal de antecedentes de todos los que compren armas.
Varios de esos senadores se mostraron cautos en sus respuestas cuando el presidente reveló su propuesta anteayer y desafió al Congreso a que actúe con "celeridad".
"Voy a considerar detenidamente la propuesta, pero hay que aplicar el sentido común y respetar la Constitución", dijo el senador Jon Tester, demócrata de Montana.
Tester aclaró que apoya la verificación de antecedentes, pero no cree que la prohibición de las armas hubiera evitado la masacre de Newtown , donde un hombre armado asesinó a 20 niños y seis adultos, y luego se suicidó.
Las propuestas llegaron a un mes de esa matanza, hecho que Obama calificó como el peor día de su presidencia. Su anuncio vino a coronar la veloz y amplia campaña del vicepresidente Joe Biden como respuesta a la tragedia.
Este plan de 500 millones de dólares es el esfuerzo más exhaustivo, en casi 20 años, por endurecer las leyes sobre las armas de fuego. También plantea una feroz disputa política en el Congreso, en momentos en que Obama inicia su segundo mandato y necesita del apoyo republicano para cumplir con tres acuciantes plazos fiscales y aprobar una profunda reforma inmigratoria.
En un intento de esquivar la oposición que enfrentará en el Congreso, anteayer Obama firmó 23 decretos, incluida la liberación de datos federales para la realización de la verificación de antecedentes y para reactivar la paralizada investigación gubernamental sobre la violencia con armas de fuego. Obama sabe que esos pasos dados en soledad tendrán menos impacto que las amplias medidas que envió al Capitolio para su aprobación.
"Para que haya un cambio real y duradero, el Congreso también tiene que actuar", dijo Obama. La cuestión ahora es si el Congreso lo hará, y de qué manera.
Los líderes de la bancada republicana en la Cámara baja dejaron muy en claro que esperarán primero que se pronuncie el Senado, ya que no ven la necesidad de avanzar en un tema espinoso si el Senado no lo hace. "Las comisiones de la Cámara baja estudiarán la propuesta. Y si el Senado aprueba la ley, también lo tendremos en cuenta", dijo Michael Steel, vocero del jefe de la bancada republicana, John Boehner.
Pero las bases republicanas censuraron la propuesta de Obama. "El derecho a portar armas es un derecho, a pesar del desprecio del presidente por la Segunda Enmienda", dijo el representante republicano de Kansas, Tim Huelskamp.
Se espera que los senadores empiecen a discutir cómo avanzar cuando regresen a Washington la semana que viene, según reveló el colaborador de un líder demócrata que pidió no ser identificado. Tal vez los legisladores terminen dividiendo el paquete de medidas en propuestas individuales.
Mientras que la prohibición de las armas de asalto tiene pocas chances de ser aprobada, puede que se logre consenso sobre la verificación universal de antecedentes, prioridad número uno de las agrupaciones civiles, que la consideran el paso más importante para disminuir los crímenes con armas. Obama pide que la verificación se haga en todas las ventas.
El senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, ya presentó un proyecto de ley que contempla una verificación universal y que el Senado podría recoger, y el senador demócrata de Nueva Jersey, Frank Lautenberg, tiene lista una ley que prohíbe los cartuchos de más de 10 proyectiles.
El jefe de la bancada demócrata en el Senado, Harry Reid, de Nevada, un defensor del derecho a las armas que ya contó con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle, respondió con cautela y dijo que se comprometía a que el Senado considerara la legislación sobre la violencia con armas a principios de año. Pero se cuidó de no apoyar ninguna de las propuestas de Obama.
A pesar del enigma que plantea el Congreso y de la oposición de la Asociación Nacional del Rifle, los grupos de la sociedad civil se sienten esperanzados por las encuestas que muestran que la opinión pública apoya un cambio en las leyes. E intentan canalizar ese sentimiento para usarlo como elemento de presión sobre los legisladores.
Un contundente 84% de los norteamericanos apoya un mayor control de los antecedentes, según reveló una encuesta de AP-GfK. Seis de cada 10 estadounidenses quieren leyes de control de armas más estrictas.
