El Tribunal Supremo español inhabilitó al fiscal general por filtrar datos del caso que afecta a la pareja de Díaz Ayuso

MADRID.- El Tribunal Supremo de España condenó este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, una multa de 7200 euros y una indemnización de 10.000 euros por un delito de revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, empresario investigado por fraude fiscal y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La decisión, adoptada por mayoría de cinco votos contra dos, marca la primera condena penal en democracia contra un fiscal general en ejercicio y abre una grieta institucional de gran calado. Las juezas Ana Ferrer y Susana Polo anunciaron votos particulares y Polo, ponente original, había propuesto la absolución.

El fallo se hizo público sin que la sentencia estuviera redactada, una medida excepcional y casi inédita en el alto tribunal. Esta anticipación impide conocer por ahora los argumentos con los que los magistrados fundamentan la condena, así como si atribuyen directamente a García Ortiz la filtración del correo electrónico que originó la causa. El Supremo adelantó únicamente el veredicto: condena por revelación de datos reservados y absolución de los demás delitos imputados por algunas acusaciones populares, como prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos.

El caso se remonta a marzo de 2024, cuando circuló entre periodistas un correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía en el que ofrecía un pacto y admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. La difusión de ese mensaje ocurrió después de que el diario El Mundo publicara una versión favorable a la narrativa del entorno de Ayuso, según la cual era la Fiscalía la que buscaba un acuerdo con el empresario. La filtración revirtió ese relato y, con ello, transformó un asunto tributario en un enfrentamiento político de alto voltaje.

Durante el juicio, celebrado en el Supremo entre el 3 y el 13 de noviembre, declararon 40 testigos, incluidos altos cargos de la Comunidad de Madrid, responsables de Moncloa, periodistas y el propio González Amador. Varios comunicadores afirmaron que habían tenido acceso al correo antes de que lo recibiera el fiscal general y que este nunca se lo envió. Aportaron incluso mensajes que acreditaban conversaciones previas sobre las negociaciones de conformidad del empresario. Aun así, se acogieron al secreto profesional para no revelar sus fuentes. Pese a esas declaraciones, el tribunal consideró que existían indicios suficientes para apreciar un delito de revelación de información reservada por parte de la autoridad.

García Ortiz negó siempre cualquier implicación y sostuvo en el juicio que ni él ni su equipo filtraron el documento. “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”, dijo ante el tribunal. Además, rechazó dimitir mientras avanzaba el proceso, pese a la presión política. La fiscal del caso, María Ángeles Sánchez Conde, también pidió la absolución de su superior jerárquico.

La pena impuesta se sitúa en la mitad del rango previsto para el tipo básico del artículo 417.1 del Código Penal —de uno a tres años de inhabilitación— y queda lejos de la solicitada por las acusaciones populares, que pedían entre cuatro y seis años de prisión y hasta doce de inhabilitación. El texto íntegro de la sentencia, que incluirá los votos particulares de las dos magistradas discrepantes, será clave para entender por qué el tribunal optó por una condena pese a la ausencia de pruebas directas.

Impacto político

La decisión tiene un fuerte impacto y ya sacudió el avispero político. Pedro Sánchez, antagonista de las políticas de Díaz Ayuso, defendió públicamente a García Ortiz en varias ocasiones y aseguró que era “inocente”, lo que permitió al PP acusar al presidente de haber “dictado sentencia” antes que los jueces.

El PP aseguró que este jueves “la verdad se impuso” y calificó de “histórico” el fallo. Tras conocerse el fallo, voceros populares como Cuca Gamarra, Carmen Fúnez y Cayetana Álvarez de Toledo celebraron la resolución y reclamaron disculpas al jefe del Ejecutivo.

Además, Fúnez recordó que Pedro Sánchez “exigió disculpas de todos para el hoy condenado García Ortiz. Pues ahora tendrá que ser él quien pida perdón a los españoles por tanta corrupción”. “La degradación es insoportable. España merece otro Gobierno”, agregó.

“Quien tiene que perseguir los delitos, los ha cometido. La degeneración sanchista es total, pero la ley es igual para todos”, declaró Gamarra en un mensaje en la red social ‘X’

La condena deja sin dirección a la Fiscalía General del Estado en un momento de alta tensión institucional. El relevo deberá producirse una vez se notifique la sentencia definitiva. Mientras tanto, el juicio por fraude fiscal contra González Amador, —que defraudó presuntamente 350.000 euros durante la pandemia— sigue su curso y se celebrará próximamente.

Agencias AFP, DPA y Reuters y diario El País

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